Tag Archives: políticas públicas

Proceso, resultado y políticas públicas

 
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market1

24 de agosto de 2015

– Compartiendo tu Opinión –

Muchos ciudadanos coinciden en pensar que de nada sirve quejarse, si la corrupción y la inoperancia  de las acciones políticas cada vez están peor; ahí empieza la apatía social. Sin embargo,  el hartazgo ciudadano de la política hace que empiecen a orientarse las acciones de una manera diferente.
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Que lo social nos potencie

 
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prover

24 de agosto de 2015

– Sabersinfin –

“Quien comparte bajo los principios
de la educación permanente jamás
se queda con menos, siempre es más”.
De: Proclama de Educación Permanente. Abel Pérez Rojas

Nuestras vidas están llenas de pequeños eventos, que al quedar en el anonimato no repercuten en la esfera social. Si usted está realizando algo en bien de la sociedad le aconsejo que lo haga público de la manera que juzgue conveniente, créame que a más de uno le inspirará y le sacará de la comodidad. Continue reading Que lo social nos potencie

BECARIO DE LA UNAM PROPONE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL

 
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adultosmayoresLukasz Czarnecki, becario posdoctoral del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, analizó las condiciones de las personas mayores que viven en la Ciudad de México y a partir de sus resultados propuso políticas públicas en alimentación, salud y entretenimiento.

El investigador de origen polaco trabajó con el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM) del Gobierno del Distrito Federal (GDF), en particular con el programa Pensión Alimentaria. Para esta labor aplicó 186 encuestas-entrevistas a 149 mujeres y 37 varones.

Como conclusiones, indicó que las transferencias referidas deberían dirigirse a los pobres y más necesitados, mediante la aplicación de un estudio socioeconómico. Además, consideró que la pobreza y las desigualdades no se combaten con políticas generalizadas para todos los ancianos, sino mediante acciones concertadas.

Entre las declaraciones más destacadas de los derechohabientes del programa referido (que otorga mil nueve pesos al mes por inscrito) figuraron “me gané un lugar en la mesa”, “nos defendemos con la tarjeta”, “uno se siente importante” y “me siento más seguro”.

Sobre los objetivos de la iniciativa, más de la mitad mencionó “mejorar mi situación” y un cuarto “apoyar la situación económica familiar”.

En cuanto a lo que debe cubrir el programa, la mayoría respondió que medicamentos y, en segundo lugar, comestibles. Con las transferencias monetarias, gran parte de la población asistida mejoró sus relaciones familiares y amistosas.

Sobre qué hacen con el monto mensual recibido, 75 individuos lo utilizaron en su beneficio, 71 lo destinaron a la parentela y a sí mismos, 38 a la familia y dos no respondieron.

El 55 por ciento de derechohabientes consultados considera que con el programa se reducen las desigualdades en ese sector etario, aunque la mayoría declaró tener una influencia nula en las decisiones políticas o en las de sus familiares.

Una de las preguntas incluidas por Lukasz Czarnecki fue “¿qué mejoraría en el manejo del programa?”. Las respuestas fueron acabar con abuso de los hijos, beneficiar sólo a quienes lo necesitan, instrumentar programas de descuento en medicinas y alimentos y proporcionar una casa de reposo.

Entre los aspectos que más molestan en la vejez, refirió, están el abandono, la falta de cuidados, quedarse solos en casa, ser marginados y discriminados, no trabajar, carecer de prótesis y no escuchar ni ver.

Las demandas más destacadas se dieron en salud y educación social; los adultos mayores solicitaron cuidadores domiciliarios para mejorar su calidad de vida, acceso a la justicia y compartir sus experiencias.

Los individuos presentaron problemas como falta de dentaduras, aparatos auditivos y enfermedades oculares. En ese sentido, Lukasz Czarnecki señaló que la Facultad de Odontología de la UNAM está en posibilidades de atender a 100 adultos mayores.

Cerca de 480 mil personas figuran en el Padrón de Adultos Mayores en el Distrito Federal. Para formar parte del mismo se debe tener más de 68 años y tres años de residencia en la capital.

Créditos: UNAM-DGCS-078-2014

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, UN BIEN JURÍDICO Y SOCIAL

 
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La construcción del derecho a la protección de la salud, que representa un bien jurídico, aún es incipiente en el país. Aunque el avance en materia de derechos humanos ha impulsado su consolidación, existen pendientes en el rubro, aseguró Edgar Corzo Sosa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
En la Reunión de la Red de Revistas en Derecho Constitucional, refirió que existen resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este ámbito, que han generado criterios obligatorios, entre otros, equidad de género en el acceso a los servicios sanitarios, abasto suficiente y oportuno de medicamentos y obligación del Estado de desarrollar políticas públicas.
Al presentar un informe de la situación del derecho a la salud en México, expuso que además de la jurisprudencia generada por el máximo tribunal del país, hay criterios no obligatorios relacionados con medidas sanitarias, garantía de tratamientos a desempleados que realizaron aportaciones mínimas a los sistemas de protección social, así como derecho a la atención en casos de prisión preventiva y salud mental.
Planteó que la construcción jurídica del derecho a la protección a la salud con calidad, oportunidad y equidad requiere, además de resoluciones de la Corte, aportaciones de los involucrados.
Adicciones y derechos humanos
En su oportunidad, Fernando Cano Valle, comisionado Nacional contra las Adicciones, aseguró que en México el número de personas con dependencia a sustancias no atendidas por el sistema nacional de salud pasó de 450 mil en 2008, a 550 mil en 2011.
Quienes consumen sustancias nocivas como alcohol, mariguana, cocaína y otros estupefacientes, no reciben la atención especializada que requieren en clínicas y hospitales. Además, México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no ha logrado el acceso universal a la salud, sostuvo el también ex director de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Ante el aumento de la población referida, es necesario reformular las políticas públicas en este rubro y orientarlas a la capacitación de médicos generales, incorporación de psiquiatras en esquemas de atención y formación de recursos humanos especializados.
El sistema nacional de salud debe garantizar que las personas adictas no sean tratadas como criminales, sino como enfermos psiquiátricos que requieren tratamiento especializado. Es indispensable ampliar la cobertura para atenderlos en hospitales y clínicas, concluyó.
Créditos: UNAM-DGCS-025-2014
derechoalasaludLa construcción del derecho a la protección de la salud, que representa un bien jurídico, aún es incipiente en el país. Aunque el avance en materia de derechos humanos ha impulsado su consolidación, existen pendientes en el rubro, aseguró Edgar Corzo Sosa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

En la Reunión de la Red de Revistas en Derecho Constitucional, refirió que existen resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este ámbito, que han generado criterios obligatorios, entre otros, equidad de género en el acceso a los servicios sanitarios, abasto suficiente y oportuno de medicamentos y obligación del Estado de desarrollar políticas públicas.
Al presentar un informe de la situación del derecho a la salud en México, expuso que además de la jurisprudencia generada por el máximo tribunal del país, hay criterios no obligatorios relacionados con medidas sanitarias, garantía de tratamientos a desempleados que realizaron aportaciones mínimas a los sistemas de protección social, así como derecho a la atención en casos de prisión preventiva y salud mental.
Planteó que la construcción jurídica del derecho a la protección a la salud con calidad, oportunidad y equidad requiere, además de resoluciones de la Corte, aportaciones de los involucrados.
Adicciones y derechos humanos
En su oportunidad, Fernando Cano Valle, comisionado Nacional contra las Adicciones, aseguró que en México el número de personas con dependencia a sustancias no atendidas por el sistema nacional de salud pasó de 450 mil en 2008, a 550 mil en 2011.
Quienes consumen sustancias nocivas como alcohol, mariguana, cocaína y otros estupefacientes, no reciben la atención especializada que requieren en clínicas y hospitales. Además, México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no ha logrado el acceso universal a la salud, sostuvo el también ex director de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Ante el aumento de la población referida, es necesario reformular las políticas públicas en este rubro y orientarlas a la capacitación de médicos generales, incorporación de psiquiatras en esquemas de atención y formación de recursos humanos especializados.
El sistema nacional de salud debe garantizar que las personas adictas no sean tratadas como criminales, sino como enfermos psiquiátricos que requieren tratamiento especializado. Es indispensable ampliar la cobertura para atenderlos en hospitales y clínicas, concluyó.
Créditos: UNAM-DGCS-025-2014

ENVEJECIMIENTO RURAL, UN RETO PARA MÉXICO

 
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Ante el envejecimiento de la población dedicada a las actividades agrícolas, fenómeno demográfico que se agudiza por el abandono y desmantelamiento del campo y la emigración de los jóvenes, México enfrenta el reto de diseñar políticas públicas que incentiven la producción para el rescate de tierras improductivas y la creación de paraestatales dedicadas al sector, consideró Óscar Gerardo Hernández Lara, alumno del programa de doctorado en Geografía de la UNAM.
La edad promedio de los ejidatarios y pequeños propietarios es de 65 años; sus hijos y nietos no están interesados en continuar con estas tareas, debido a la escasa remuneración y emigran a Estados Unidos o Canadá. Al volver, establecen pequeños negocios, ajenos a la actividad agrícola, explicó.
En el trabajo Geografía del envejecimiento en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, refiere que durante sus estudios de maestría observó que los campesinos cuentan con edades avanzadas, mientras que la población que podría dedicarse a estas tareas aspira a trabajar en las ciudades del país o en el extranjero, en actividades industriales o del sector terciario. Esto implica un riesgo para la seguridad y soberanía alimentarias, advirtió.
El proceso coincide con el desmantelamiento y abandono del ámbito rural desde hace tres décadas, la falta de políticas públicas, de programas y de paraestatales de apoyo, la caída de la producción, el incremento en las importaciones de alimentos y las limitaciones y restricciones en los apoyos para los productores, puntualizó.
Envejecimiento
El envejecimiento es un fenómeno demográfico mundial, con desfase entre países desarrollados, subdesarrollados y en desarrollo. En Europa, la transición es evidente en Francia y España, donde la población de personas de la tercera edad supera a la de jóvenes y niños.
En México, la pirámide poblacional se modificará gradualmente hacia el año 2050, por el aumento en la esperanza de vida y la decisión de las parejas de no tener hijos. La población de cero a 14 años se reducirá hasta ser menor que la de 25 años. En 2002, refirió, la edad promedio del campesinado era de 52 años.
Hernández Lara indicó que ante la falta de interés en la agricultura, debido a la reestructuración en el sector y la escasez de oportunidades laborales, de vivienda y servicios en zonas rurales, se registran movimientos migratorios hacia otros municipios urbanos, entidades federativas o a Estados Unidos y Canadá.
En primera instancia, los jóvenes que residen en el campo eligen trabajar en áreas urbanas cercanas a sus comunidades y no dedicarse a las tierras que heredan de padres o abuelos, mismas que venden o rentan, cambian el uso de suelo a habitacional o establecen un negocio en la propiedad, detalló.
El panorama es desalentador si habitan en ciudades o emigran al extranjero, porque los terrenos son abandonados, lo que reduce su precio en el mercado de tierras (legalizados a partir de la reforma al artículo 27 constitucional, en vigor desde 1992).
Esto favorece la entrada de empresas transnacionales dedicadas a la agroindustria, que comprarían tierras baratas para fomentar el uso de transgénicos, con el argumento de lograr producciones a gran escala para garantizar la seguridad alimentaria del país, sostuvo.
Estrategia
En este contexto, se requiere la participación de arquitectos, diseñadores industriales, agrónomos, planificadores, geógrafos, sociólogos, antropólogos y etnógrafos que desarrollen infraestructura rural adecuada para la población de la tercera edad.
Además, se necesitan esquemas para transformar las tareas del campo en una actividad económica atractiva y bien remunerada para los jóvenes. Para lograrlo, es necesario impulsar la educación rural, a fin de enseñar a los niños a trabajar la tierra y fomentar el arraigo e identidad con sus comunidades.
El desinterés en el ámbito educativo está relacionado con un modelo económico que trastoca las esferas de la sociedad. En las escuelas rurales ya no interesan las labores agrícolas, al sólo instruir a los menores en el uso de máquinas para que sean trabajadores competitivos en las empresas o como obreros en talleres, entre otras actividades que se consideran más productivas, sostuvo.
A nivel federal es necesario establecer empresas paraestatales que apoyen la producción y comercialización. Actualmente, los programas son asistenciales y selectivos al destinar los recursos con criterios muy estrictos, concluyó.
Créditos: UNAM-DGCS-768-2013

envejecimientoruralAnte el envejecimiento de la población dedicada a las actividades agrícolas, fenómeno demográfico que se agudiza por el abandono y desmantelamiento del campo y la emigración de los jóvenes, México enfrenta el reto de diseñar políticas públicas que incentiven la producción para el rescate de tierras improductivas y la creación de paraestatales dedicadas al sector, consideró Óscar Gerardo Hernández Lara, alumno del programa de doctorado en Geografía de la UNAM.

La edad promedio de los ejidatarios y pequeños propietarios es de 65 años; sus hijos y nietos no están interesados en continuar con estas tareas, debido a la escasa remuneración y emigran a Estados Unidos o Canadá. Al volver, establecen pequeños negocios, ajenos a la actividad agrícola, explicó.

En el trabajo Geografía del envejecimiento en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, refiere que durante sus estudios de maestría observó que los campesinos cuentan con edades avanzadas, mientras que la población que podría dedicarse a estas tareas aspira a trabajar en las ciudades del país o en el extranjero, en actividades industriales o del sector terciario. Esto implica un riesgo para la seguridad y soberanía alimentarias, advirtió.

El proceso coincide con el desmantelamiento y abandono del ámbito rural desde hace tres décadas, la falta de políticas públicas, de programas y de paraestatales de apoyo, la caída de la producción, el incremento en las importaciones de alimentos y las limitaciones y restricciones en los apoyos para los productores, puntualizó.

Envejecimiento

El envejecimiento es un fenómeno demográfico mundial, con desfase entre países desarrollados, subdesarrollados y en desarrollo. En Europa, la transición es evidente en Francia y España, donde la población de personas de la tercera edad supera a la de jóvenes y niños.

En México, la pirámide poblacional se modificará gradualmente hacia el año 2050, por el aumento en la esperanza de vida y la decisión de las parejas de no tener hijos. La población de cero a 14 años se reducirá hasta ser menor que la de 25 años. En 2002, refirió, la edad promedio del campesinado era de 52 años.

Hernández Lara indicó que ante la falta de interés en la agricultura, debido a la reestructuración en el sector y la escasez de oportunidades laborales, de vivienda y servicios en zonas rurales, se registran movimientos migratorios hacia otros municipios urbanos, entidades federativas o a Estados Unidos y Canadá.

En primera instancia, los jóvenes que residen en el campo eligen trabajar en áreas urbanas cercanas a sus comunidades y no dedicarse a las tierras que heredan de padres o abuelos, mismas que venden o rentan, cambian el uso de suelo a habitacional o establecen un negocio en la propiedad, detalló.

El panorama es desalentador si habitan en ciudades o emigran al extranjero, porque los terrenos son abandonados, lo que reduce su precio en el mercado de tierras (legalizados a partir de la reforma al artículo 27 constitucional, en vigor desde 1992).

Esto favorece la entrada de empresas transnacionales dedicadas a la agroindustria, que comprarían tierras baratas para fomentar el uso de transgénicos, con el argumento de lograr producciones a gran escala para garantizar la seguridad alimentaria del país, sostuvo.

Estrategia

En este contexto, se requiere la participación de arquitectos, diseñadores industriales, agrónomos, planificadores, geógrafos, sociólogos, antropólogos y etnógrafos que desarrollen infraestructura rural adecuada para la población de la tercera edad.

Además, se necesitan esquemas para transformar las tareas del campo en una actividad económica atractiva y bien remunerada para los jóvenes. Para lograrlo, es necesario impulsar la educación rural, a fin de enseñar a los niños a trabajar la tierra y fomentar el arraigo e identidad con sus comunidades.

El desinterés en el ámbito educativo está relacionado con un modelo económico que trastoca las esferas de la sociedad. En las escuelas rurales ya no interesan las labores agrícolas, al sólo instruir a los menores en el uso de máquinas para que sean trabajadores competitivos en las empresas o como obreros en talleres, entre otras actividades que se consideran más productivas, sostuvo.

A nivel federal es necesario establecer empresas paraestatales que apoyen la producción y comercialización. Actualmente, los programas son asistenciales y selectivos al destinar los recursos con criterios muy estrictos, concluyó.

Créditos: UNAM-DGCS-768-2013