18 de noviembre de 2013

• Hubiera provocado un aumento considerable de la pobreza, incluso en los grupos medios, y mayor inequidad en la distribución del ingreso, sostuvo

• También subrayó el incremento de la tasa marginal del ISR a las personas físicas, así como las iniciativas de reforma constitucional para la pensión generalizada para adultos mayores y el seguro de desempleo

Es positivo para México que en la propuesta de reforma tributaria enviada por el Ejecutivo federal al Legislativo no se incluyera la generalización del IVA en alimentos y medicinas, pues hubiera provocado un incremento considerable de la pobreza, incluso en los grupos medios, y mayor inequidad en la distribución del ingreso, consideró el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo.

También valoró de manera favorable el incremento de la tasa marginal del ISR a las personas físicas, el impuesto a las ganancias en Bolsa y a la distribución de dividendos de las empresas, el impuesto al carbono, a las empresas mineras, así como las iniciativas de reforma constitucional para la pensión generalizada para adultos mayores y el seguro de desempleo. El resultado de uniformar la tasa del IVA en 16 por ciento en el país también es positivo para las finanzas públicas nacionales.

Entre los cambios introducidos por el Congreso, consideraron que fue útil para la salud de la población gravar algunos alimentos de alto contenido calórico, en cambio, se debieron aprobar otras medidas, como el IVA a colegiaturas.

Integrado por 18 especialistas, el grupo propuso al Congreso de la Unión iniciar, de inmediato, un proceso de discusión nacional sobre los próximos pasos que deben darse para alcanzar la reforma hacendaria que necesita nuestro país, tanto en lo que se refiere a los ingresos públicos necesarios para financiar un sistema universal de salud y protección social, como a la reforma presupuestal y el federalismo hacendario.

Mediante un documento, los especialistas establecieron que las iniciativas de reforma para incrementar los ingresos públicos no han estado a la altura de nuestro rezago social, que en muchos casos aún es lamentable. Por ejemplo, en las tasas de mortalidad materna o en la precaria atención sanitaria a diversos grupos prioritarios, a tal grado que no cumpliremos varios de los Objetivos del Milenio definidos por la ONU para el 2015.

Para generar condiciones más propicias encaminadas a reformar de manera sustantiva la hacienda pública, se requiere procesar un acuerdo político de mayor alcance que ponga por delante el interés nacional y no los privilegios particulares o de grupo que marcan nuestras costumbres tributarias. Los partidos políticos deben hacerse cargo de esta tarea en virtud de su carácter de organismos de interés público y no confundirla con sus objetivos electorales de corto plazo.

La reforma, establecieron, sería mejor si se elimina la devolución del IVA a las grandes empresas productoras de alimentos; el ISR se vuelve más progresivo con mayores tasas para segmentos de ingreso más elevado; la consolidación fiscal se elimina por completo y se restringe sólo a casos excepcionales.

Asimismo, el impuesto a las ganancias de capital no tiene un régimen cedular y se acumula a los demás ingresos; se eliminan los tratamientos especiales a personas morales; se revisa el amparo fiscal; se anulan las facultades fiscales discrecionales del Poder Ejecutivo y se fortalecen los ingresos de estados y municipios.
Como parte de la reforma, el Grupo propuso la realización de un ejercicio de presupuesto base cero para alinear el gasto a las prioridades nacionales y corregir inercias y distorsiones clientelares. El presupuesto debe tener una orientación explícitamente redistributiva y promotora del empleo.

En una perspectiva de largo plazo y con orientación regional, se debería lanzar un programa nacional de inversiones vinculado a los sectores de mayor rezago y también de mayor potencial detonador. El gasto corriente, por su parte, aunque debe ordenarse y ejecutarse correctamente, no puede ser satanizado pues de él dependen muchos servicios públicos indispensables.

Los especialistas aseguraron que la recaudación adicional derivada de las propuestas es insuficiente en relación a las necesidades que México enfrenta. Una reforma hacendaria debería tener como guía y horizonte principal los requerimientos de gasto público, sobre todo en inversiones de infraestructura y desarrollo social, bajo condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo y la protección social universal.

Por ello, dijeron, necesitamos ejercer mejor el presupuesto, pero también gastar más. Conforme a las estimaciones presentadas, en 2018 el gasto gubernamental mexicano, como proporción del PIB, seguirá en niveles inferiores en comparación no sólo con los países de la OCDE, sino también de la mayoría de los de América Latina.

Desde este punto de partida y con base en las estimaciones sobre el presupuesto a ejercer de forma transparente y vigilada, se debería determinar tanto el esfuerzo tributario a realizar como las necesidades de financiamiento.

En el documento participaron Eugenio Anguiano, Ariel Buira, Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando Cordera, Mauricio de Maria y Campos, Carlos Heredia, Saúl Escobar, Gerardo Esquivel, Mario Luis Fuentes, Juan Carlos Moreno, David Ibarra, Leonardo Lomelí, Ciro Murayama, Jorge Eduardo Navarrete, Enrique Provencio, Jaime Ros, Norma Samaniego y Carlos Tello.

Créditos: UNAM/DGCS/689 /2013