24 de marzo de 2012
• En un estudio de investigadores de la Universidad Nacional se establece que quienes cuentan con primaria incompleta y acceden a una fuente de trabajo, en el 90 por ciento de los casos está en la informalidad
• Se presentaron los resultados del estudio Balance de la Red de Protección Social en México desde la problemática de los trabajadores pobres de la economía informal

En México, el 59 por ciento de la población empleada, es decir, 28 millones de personas a la fecha, se encuentran en la informalidad. En el caso de quienes tienen 60 años o más, el peso relativo de esta categoría alcanza el 75.7 por ciento, y en quienes cuentan con primaria incompleta, el 90 por ciento.

En rueda de medios, en el auditorio José Luis Ceceña, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), se presentaron los resultados de dos estudios en México, elaborados por investigadores de entidades de educación públicas y privadas, y agrupaciones sociales, incluida la UNAM, financiados por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). Están en curso otros similares en Colombia y Perú.

Uno de ellos es: Balance de la Red de protección social de México desde la problemática de los trabajadores pobres de la economía informal, cuyos responsables fueron Norma Samaniego y Ciro Murayama, de la Facultad de Economía (FE) de esta casa de estudios.

El segundo, Experiencias y estrategias de protección social desde organizaciones de trabajadores/trabajadoras informales urbanos en México, que se realizó en las ciudades de Monterrey, México, Oaxaca y Mérida, cuya coordinadora fue Beatriz Torres, de la Universidad de Yucatán.

En este último también participaron Juan José Hernández, Carlos Clemente Martínez y Sandra Ruiz, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Jesús Rubio Campos, del Tecnológico de Monterrey, y Gloria Zafra, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Para ambos análisis, se conformó un equipo base constituido por Berenice Ramírez López y Cruz Álvarez, del IIEc; Saúl Moreno, investigador del CIESAS-Golfo, y José Luis Maldonado, de la Federación de Trabajadores no Asalariados.

En la convocatoria para la realización de los trabajos también participaron el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) de Perú, y la Organización Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), red global de investigación y políticas que busca mejorar el estatus de los trabajadores pobres, especialmente las mujeres en la economía informal.

En la presentación, Verónica Villarespe Reyes, directora del IIEc, subrayó que las indagaciones ofrecen propuestas y cuestionan cifras oficiales porque no reflejan la realidad. Necesitamos reorientar el modelo económico con una clara visión social para aspirar al desarrollo.

Diferencia con el INEGI

En su oportunidad, Norma Samaniego indicó que las cifras en torno a la informalidad difieren de las oficiales, que trimestralmente ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La concepción metodológica utilizada se deriva de la acepción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), refirió.

En las consideraciones del INEGI no se incluye a grupos del ámbito rural en condiciones precarias, tampoco a los trabajadores domésticos remunerados sin acceso a la seguridad social, ni a los no remunerados, independientemente del ámbito en que se ubiquen, explicó.

También, se sumó a grupos de trabajadores subordinados, es decir, asalariados o con percepciones no salariales, sin acceso a los servicios de salud y seguridad social, pero que laboran en empresas o instituciones formales.

Así, detalló Samaniego, las cifras que arrojó el estudio a 2010, de 26 millones de trabajadores informales -28 millones al día de hoy-, contrastan con los 12.8 millones que refiere el INEGI, esto es, más del doble.

Adicionalmente, el análisis reflejó que para 2010, del grueso del trabajo informal, 57.4 por ciento se concentró en el sector terciario.

La participación de hombres y mujeres en la informalidad registró 58.7 por ciento, para los primeros, y 59.5, para las segundas. Así, la cifra total de la informalidad dentro del total de la fuerza de trabajo fue del 59 por ciento.

En la última década, la industria ha perdido 700 mil empleos

Por su parte, Ciro Murayama indicó que es falso el planteamiento que pretende explicar la informalidad por el Seguro Popular. Refirió que en la última década se perdieron 700 mil empleos en la industria. La informalidad, especificó, es un efecto del mal desempeño económico del país y no una causa. Desde hace 30 años, México dejó de crecer a tasas superiores al tres por ciento.

Al respecto, planteó que debe asumirse una política de Estado, sustentada en la reactivación del crecimiento, distinta a la aplicada en los últimos años, y construir un sistema de protección social universal.

Los informales, abundó, no sólo los encontramos en las esquinas, sino también en las empresas y en el gobierno, con personas que trabajan sin prestaciones y sin seguridad social.

El sistema de protección social universal implica desligar del trabajo formal el acceso a los servicios de salud, a una pensión mínima para la tercera edad y a la protección frente a riesgos como la enfermedad, la viudez y la orfandad. Baste señalar que dos millones de trabajadoras domésticas no tienen ninguna prestación.

Se propone, resumió, la creación de un Consejo Económico y Social, como existe en otros países, y la reforma de instituciones como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que ha dejado de representar una instancia que asegure remuneraciones suficientes.

Mapeo de grupos

En el caso del segundo estudio, Beatriz Torres explicó que en las cuatro ciudades referidas se hizo un mapeo de los grupos de comerciantes, taxistas, aseadores de calzado, trabajadores domésticos, globeros, cartoneros y caleseros, entre otros.

Entre los hallazgos, se encontró que las principales preocupaciones de los empleados informales se centran en la confrontación de la muerte, la gestión del Seguro Popular, los servicios médicos y la vivienda.

Además, se ubicó la existencia de una gran masa de trabajadores desorganizados y la desigual capacidad de autogestión que tienen las uniones respectivas.
Créditos: unam.mx/boletin/184/2012

Imagen: vivirmexico.com