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Indígenas yuri se resisten al “mundo blanco”.

 
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Su supervivencia era una incertidumbre, pero allí están, esquivando la civilización occidental. Imagen de la región tomada en el año 2010.
Su supervivencia era una incertidumbre, pero allí están, esquivando la civilización occidental. Imagen de la región tomada en el año 2010.

28 de Enero del 2013

En la selva amazónica colombiana viven los yuri, uno de los últimos pueblos aborígenes aislados del planeta. El reto para el país es preservar intacta la forma de vida de estas personas.

El último registro de contacto entre el grupo indígena de los yuri o caraballos con la sociedad occidental data de 1969, cuando el cauchero Julián Gil entró en su territorio y desapareció. Su hermano y unos militares lo buscaron, pero nunca lo encontraron.

Lo que sí hallaron fue a un grupo de nativos que nadie conocía y que los miraña (otro grupo aborigen de la zona) llamaban arojes o gente de guama. Se decía que estaban estancados en la edad de piedra y que comían humanos. Los blancos, en represalia por la desaparición de Gil, secuestraron a una de las familias aborigen y la llevaron al pueblo La Pedrera, en el Amazonas colombiano.

Nunca encontraron el cadáver del hombre ni comprobaron que se lo hubieran comido. Por eso, regresaron a los indígenas a su territorio. El hecho tuvo resonancia mediática. Incluso, la historia quedó registrada en el libro Perdido en el Amazonas, de Germán Castro Caicedo.

Desde entonces, la existencia de este pueblo oculto en la selva había permanecido en la incertidumbre. Solo perduraban historias de madereros y guerrilleros que decían haberlos visto.

Derecho al aislamiento

Solo cuarenta años después, luego de una exhaustiva investigación –corroborada con una expedición de sobrevuelo–, se determinó su supervivencia. Se calcula que solo hay catorce grupos. Fue un trabajo desarrollado por el politólogo Roberto Franco, Eliana Martínez, jefa del Parque Nacional Natural Río Puré y el fotógrafo Cristóbal von Rothkirch.

Es algo significativo, pues se trata de humanos que han decidido alejarse de la influencia de la civilización occidental. En el mundo, solo hay unas cien comunidades de este tipo, la mayoría en la Amazonia y en el gran Chaco paraguayo y boliviano. Se trata de una gran cantidad de culturas y lenguas.

A partir del estudio, Franco escribió el libro Cariba malo: episodios de resistencia de un pueblo indígena aislado del Amazonas, que editó este año la Universidad Nacional de Colombia y fue financiado por la ONG Amazon Conservation Team (ACT). Uno de sus objetivos centrales es contribuir a garantizar la forma de vida de estos pueblos indígenas.

Él y Juan Álvaro Echeverri, profesor de la UN en la Amazonia, coinciden en que el Gobierno debe garantizar ese aislamiento y evitar que se contagien de enfermedades a las que son altamente vulnerables (como gripa, malaria, hepatitis, paludismo y afecciones gastrointestinales).

“Son comunidades con elementos culturales muy valiosos que deben preservarse el mayor tiempo posible”, dice Franco. Los expertos coinciden en la necesidad de crear un plan de contingencia en caso de que los yuri entren en contacto con el resto de la sociedad. Y en convenio con la UN, ya se trabaja en este.

Detrás de sus huellas

La hipótesis que plantea Franco en su libro es que son descendientes de grandes cacicazgos –sociedades más complejas que las tribales– del río Amazonas, que migraron aguas arriba por el Caquetá y Putumayo a lo largo de varios siglos. Decidieron aislarse en la región del río Puré a finales del siglo XIX, dadas las malas experiencias que tuvieron con los blancos, la esclavitud y las enfermedades.

Franco explica que la hipótesis era que los indígenas caraballo y los yuri eran los mismos. Para comprobarla, Echeverri emprendió una tarea lingüística. Comparó 38 palabras yuri que un cura recopiló, durante la estadía de la familia indígena secuestrada en La Pedrera, con 10 lenguas compiladas en el siglo XIX. Así, determinó la conexión entre los dos grupos.

“Revisando las crónicas de Cristóbal de Acuña (1597-1675) y del padre Samuel Fritz (1673-1725), advertí una serie de correspondencias de tipo lingüístico, histórico y geográfico que indican que los yuri y sus vecinos, unos grupos que se tatuaban la cara y se la pintaban de negro, vivieron sobre el río Amazonas en la época de la Conquista”, explica Franco.

Añade que eran cacicazgos capaces de controlar el inmenso río, militarmente muy fuertes, con una organización social compleja, jerarquizada y con oficios especializados; y no un grupo igualitario, en el que todos hacen de todo, como las tribus comunes de la tierra firme amazónica.

Para escribir el libro, Franco hizo unas cincuenta entrevistas a indígenas, colonos, narcotraficantes, autoridades, biólogos, antropólogos, militares y exguerrilleros que aseguran haberlos visto.

Revisó archivos en Bogotá y bibliografía española, portuguesa, brasileña, peruana y colombiana. Además, viajó por Caquetá, Putumayo y Leticia. Finalmente, en noviembre del año 2010, sobrevoló la Amazonia y vio seis malocas.

“Ellos usan una técnica de resistencia muy pacífica de no enfrentarse ni atacar. Prefieren poner trampas en los caminos (con estacas agujadas y chuzos), para cerrarlos, como señal clara de que no se debe pasar”, explica.

Forma de vida

El profesor Echeverri destaca que, según registros de siglos anteriores, los yuri eran muy cultos, tenían ritos de iniciación, mucho conocimiento sobre su entorno, máscaras, bailes y cantos. “Probablemente han conservado todo eso”.

Franco señala que viven, sobre todo, de los productos de la selva, tienen agricultura y son sedentarios, pero se mueven cuando se ven amenazados. “Desde el aire vimos mucho plátano y chontaduro. Viven de peces y de la cacería; no tienen muchos anzuelos, cazan con lanzas grandes y pesadas”.

Ahora, su protección está en manos del Ministerio del Interior y de Parques Nacionales, que han dado algunos pasos con la ONG ACT para definir una política pública y conseguir recursos para proteger ese tipo de comunidades. Por lo pronto, viven relativamente tranquilos en el Parque Nacional Natural Río Puré, un paraíso natural en donde los cariba (‘hombres blancos’) no tienen cabida.

Créditos: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html

Hoja de ruta para la seguridad alimentaria y la nutrición.

 
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26 de Octubre del 2012
A través de un sólido documento construido entre organizaciones sociales, academia y expertos se busca garantizar este derecho, así como fortalecer el movimiento agroalimentario en el país.
Así lo anunció la profesora Sara del Castillo, líder del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UN, tras el cierre del I Congreso Internacional en el que se debatió y reflexionó sobre el tema, con el fin de formular propuestas.
La docente y coordinadora de la actividad describió el resultado como el punto de partida. Aquí comienza la tarea, un compromiso con el país y con las instituciones. Por eso, la idea es que los participantes, desde sus regiones, contribuyan y apoyen para que se logre exigibilidad, espacios de gobernanza y de comunicación. “Tratar de respaldar lo trabajado en este Congreso es la tarea que tenemos todos”, afirmó.
Juan Carlos Morales, representante de la FIAN Colombia (Fighting Hunger with Human Rights), una de las organizadoras del Congreso, expresó que Colombia se encuentra en una situación alimentaria vergonzosa y se enfrenta a una situación económica, política y social que la pone en un riesgo mayor. Si a esto se le suma el contexto global, la perspectiva de la garantía de esos derechos se pone en riesgo de manera preocupante.
Por eso, señala que es necesario que esta otra forma de pensar el problema sea de conocimiento no solo de las organizaciones sociales, sino de las personas que desde el Estado están legítimamente interesadas y comprometidas con el tema.
En el trabajo intenso de tres días se abordaron cuatro temas cruciales. En primer lugar, los circuitos agroalimentarios, vistos desde el ámbito económico, asociados como una propuesta de salida a la crisis alimentaria. También se revisó la vinculación que hay entre la defensa del derecho a la tierra y el territorio, así como su construcción y  apropiación.
Otro tema importante fue el de las semillas y especies animales nativas, teniendo en cuenta la enorme preocupación que hay en la población rural al respecto, así como la gestión autónoma que podríamos tener sobre los recursos genéticos. Y, finalmente, se habló de cultura y alimentación.
Sobre el documento
Juan Carlos Morales, quien hizo las veces de relator, expuso públicamente un resumen del documento final que será entregado la semana entrante a los asistentes, representantes de las organizaciones y comunidades (campesinos, etnias, indígenas) quienes se reconocen como “titulares de una serie de derechos como la seguridad alimentaria, la soberanía y la autonomía”, según el documento; pero que, de igual manera, “conocen que el Estado tiene una serie de obligaciones a través de sus instituciones y funcionarios”.
La síntesis de la relatoría indica también que el Estado debe reconocer que las comunidades tienen unas exigencias claras y legítimas en relación con la gobernanza, control y defensa de los territorios y que en la medida que esta sea respetada y protegida, las comunidades podrán hacer efectivo el derecho a la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.
Con respecto al territorio, el experto deja en claro que no solo se limita al suelo y sus recursos, sino que alude a los territorios marinos, fluviales y lacustres en los que viven multitud de comunidades, quienes obtienen de estos su sustento.
Asimismo, exige el derecho de intervenir en la elaboración, gestión, monitoreo y rendición de cuentas de cualquier iniciativa del Gobierno a escala nacional, regional o local, atinente al tema alimentario.
Se reconoce que la construcción de una política pública relacionada con el tema alimentario es un proceso activo y dinámico que implica la participación amplia de los titulares de esos derechos, el cual debe ser respetado por las autoridades.
Este apenas es un breve esbozo de una sólida propuesta de largo aliento que propende por el derecho a la alimentación, en el que se incluye, entre otras, que la comunidad sea consultada para los procesos de TLC, para una regulación efectiva de los medios masivos de comunicación, así como para el rechazo a las actividades económicas extractivas y el empoderamiento de las mujeres en su territorio.
También se busca el reconocimiento de la academia, la participación activa de la comunidad en los procesos de vigilancia de la situación alimentaria y nutricional del país y la participación en los diálogos de paz, ya que los temas rural y alimentario hacen parte de esta agenda.
El documento fue entregado a representantes del Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Bienestar Familiar y del Consejo para la Información sobre la Seguridad Alimentaria y Nutrición (Cisan).
Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html
Hoja de ruta para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y nutrición, alimentación y soberanía alimentaria.

Hoja de ruta para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y nutrición, alimentación y soberanía alimentaria.

26 de Octubre del 2012

A través de un sólido documento construido entre organizaciones sociales, academia y expertos se busca garantizar este derecho, así como fortalecer el movimiento agroalimentario en el país.

Así lo anunció la profesora Sara del Castillo, líder del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UN, tras el cierre del I Congreso Internacional en el que se debatió y reflexionó sobre el tema, con el fin de formular propuestas.

La docente y coordinadora de la actividad describió el resultado como el punto de partida. Aquí comienza la tarea, un compromiso con el país y con las instituciones. Por eso, la idea es que los participantes, desde sus regiones, contribuyan y apoyen para que se logre exigibilidad, espacios de gobernanza y de comunicación. “Tratar de respaldar lo trabajado en este Congreso es la tarea que tenemos todos”, afirmó.

Juan Carlos Morales, representante de la FIAN Colombia (Fighting Hunger with Human Rights), una de las organizadoras del Congreso, expresó que Colombia se encuentra en una situación alimentaria vergonzosa y se enfrenta a una situación económica, política y social que la pone en un riesgo mayor. Si a esto se le suma el contexto global, la perspectiva de la garantía de esos derechos se pone en riesgo de manera preocupante.

Por eso, señala que es necesario que esta otra forma de pensar el problema sea de conocimiento no solo de las organizaciones sociales, sino de las personas que desde el Estado están legítimamente interesadas y comprometidas con el tema.

En el trabajo intenso de tres días se abordaron cuatro temas cruciales. En primer lugar, los circuitos agroalimentarios, vistos desde el ámbito económico, asociados como una propuesta de salida a la crisis alimentaria. También se revisó la vinculación que hay entre la defensa del derecho a la tierra y el territorio, así como su construcción y  apropiación.

Otro tema importante fue el de las semillas y especies animales nativas, teniendo en cuenta la enorme preocupación que hay en la población rural al respecto, así como la gestión autónoma que podríamos tener sobre los recursos genéticos. Y, finalmente, se habló de cultura y alimentación.


Sobre el documento

Juan Carlos Morales, quien hizo las veces de relator, expuso públicamente un resumen del documento final que será entregado la semana entrante a los asistentes, representantes de las organizaciones y comunidades (campesinos, etnias, indígenas) quienes se reconocen como “titulares de una serie de derechos como la seguridad alimentaria, la soberanía y la autonomía”, según el documento; pero que, de igual manera, “conocen que el Estado tiene una serie de obligaciones a través de sus instituciones y funcionarios”.

La síntesis de la relatoría indica también que el Estado debe reconocer que las comunidades tienen unas exigencias claras y legítimas en relación con la gobernanza, control y defensa de los territorios y que en la medida que esta sea respetada y protegida, las comunidades podrán hacer efectivo el derecho a la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.

Con respecto al territorio, el experto deja en claro que no solo se limita al suelo y sus recursos, sino que alude a los territorios marinos, fluviales y lacustres en los que viven multitud de comunidades, quienes obtienen de estos su sustento.

Asimismo, exige el derecho de intervenir en la elaboración, gestión, monitoreo y rendición de cuentas de cualquier iniciativa del Gobierno a escala nacional, regional o local, atinente al tema alimentario.

Se reconoce que la construcción de una política pública relacionada con el tema alimentario es un proceso activo y dinámico que implica la participación amplia de los titulares de esos derechos, el cual debe ser respetado por las autoridades.

Este apenas es un breve esbozo de una sólida propuesta de largo aliento que propende por el derecho a la alimentación, en el que se incluye, entre otras, que la comunidad sea consultada para los procesos de TLC, para una regulación efectiva de los medios masivos de comunicación, así como para el rechazo a las actividades económicas extractivas y el empoderamiento de las mujeres en su territorio.

También se busca el reconocimiento de la academia, la participación activa de la comunidad en los procesos de vigilancia de la situación alimentaria y nutricional del país y la participación en los diálogos de paz, ya que los temas rural y alimentario hacen parte de esta agenda.

El documento fue entregado a representantes del Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Bienestar Familiar y del Consejo para la Información sobre la Seguridad Alimentaria y Nutrición (Cisan).

Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html

Ley Estatutaria de Salud, por un derecho fundamental.

 
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24 de Octubre del 2012
En el contexto de las iniciativas presentadas en el Congreso de la República, los expertos debatieron en UN Análisis* de UN Radio el tema la salud como derecho fundamental.
Mario Hernández, profesor del Doctorado Interfacultades de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá, explicó: “hay distintas maneras de comprender ese derecho; por ello, hoy tenemos en el Senado tres proyectos de ley estatutaria que pretenden garantizarlo y uno en la Cámara de Representantes que dice proceder en el mismo sentido. La población debe entender que aunque se hable de derecho, hay diferentes maneras de definir sus contenidos”.
La salud es un derecho para todos, no un servicio público desligado de sus dimensiones como derecho fundamental. Sin embargo, Hernández señaló: “hay dos iniciativas que pretenden restringir el derecho al contenido de un paquete de beneficios costo-efectivo, lo cual va a superar la crisis financiera porque el problema es el no POS (Plan Obligatorio de Salud). Y otros dos proyectos, que plantean lo contrario, es decir, que debe haber una ampliación del contenido esencial del derecho a la salud; de acuerdo con el bloque constitucional también debe incluir los aspectos de las condiciones de vida saludable, la participación social y ciudadana, la autonomía y la libertad individual, además de la atención médica”.
En ese sentido, la atención médica va ser considerada un bien transable: dos proyectos avanzan en esa profundización del modelo mercado regulado y que supone estabilizar financieramente al Estado; y otras dos iniciativas dicen lo contrario: cambiar de estructura del sistema, desmercantilizar esa relación, recuperar el papel del Estado, así como el carácter de recursos públicos y universalizar.
Al respecto, Óscar Useche, sociólogo, economista y profesor de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, precisó: “ya se va logrando un consenso con respecto a que la crisis de la salud no tiene fondo; es necesario tomar medidas fuertes porque la Ley 100 no es el marco que se quisiera tener, porque lo que se da es un proceso de financiación de la salud. Se trata de la ambigüedad que la Constitución dejó, que no fuese asociado como un derecho fundamental sino ligado a otros, lo que llevó a lo que tenemos hoy y al fracaso de un proyecto de reforma que abre paso a varias propuestas”.
Según el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, el proyecto de ley estatutario de la unidad nacional busca disminuir el contenido del plan, una forma de organización distinta de las EPS y trata de que los hospitales sean más eficientes y se comporten más como empresas. En diferente medida, el otro sector –la comisión de seguimiento a la Sentencia 760 de 2008– con participación de la sociedad civil, busca demostrar que la lógica misma de competencia y extracción del lucro en todas las actividades de salud es lo que está llevando al debacle del sistema y construye una propuesta que quita lucro; no habría EPS con una integración de los recursos de cotización y de impuestos, sino con una asignación territorial.
Por su parte, Jaime Arias, director de la Asociación Colombiana de Medicina Integral (Acemi), indicó: “antes que un tema salud lo que tenemos es una definición política y económica, algunos la defienden desde el neoclasicismo o neoliberalismo y otros son más estatistas; lo que debemos es tener una discusión civilizada. Estamos ante un entramado legal alrededor del sistema de salud, hay por lo menos 12 proyectos, entre ellos el estatutario que busca establecer un derecho fundamental que no tiene discusión y debe ser reglamentado”.
Seguidamente, Álvaro Casallas, profesor de la Facultad de Medicina de la UN, expresó: “el diagnóstico esta hecho, venimos hablando de la crisis de la salud agudizada en los últimos dos años hasta el punto de pensar que es un sistema inviable, pero es algo que se ha acumulado a través del tiempo”.
Finalmente, Jaime Gañán Echavarría, docente y coordinador de la Cátedra Abierta de Seguridad Social y Salud de la Universidad de Antioquia, aseguró: “necesitamos un nuevo modelo de salud; las evidencias de tipo científico, académico y estatal revelan cifras que demuestran un sistema colapsado y para mejorarlo debe haber una concertación entre los actores”.
Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html
Jaime Gañán Echavarría: “necesitamos un nuevo modelo de salud”.

Jaime Gañán Echavarría: “necesitamos un nuevo modelo de salud”.

24 de Octubre del 2012

En el contexto de las iniciativas presentadas en el Congreso de la República, los expertos debatieron en UN Análisis* de UN Radio el tema la salud como derecho fundamental.

Mario Hernández, profesor del Doctorado Interfacultades de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá, explicó: “hay distintas maneras de comprender ese derecho; por ello, hoy tenemos en el Senado tres proyectos de ley estatutaria que pretenden garantizarlo y uno en la Cámara de Representantes que dice proceder en el mismo sentido. La población debe entender que aunque se hable de derecho, hay diferentes maneras de definir sus contenidos”.

La salud es un derecho para todos, no un servicio público desligado de sus dimensiones como derecho fundamental. Sin embargo, Hernández señaló: “hay dos iniciativas que pretenden restringir el derecho al contenido de un paquete de beneficios costo-efectivo, lo cual va a superar la crisis financiera porque el problema es el no POS (Plan Obligatorio de Salud). Y otros dos proyectos, que plantean lo contrario, es decir, que debe haber una ampliación del contenido esencial del derecho a la salud; de acuerdo con el bloque constitucional también debe incluir los aspectos de las condiciones de vida saludable, la participación social y ciudadana, la autonomía y la libertad individual, además de la atención médica”.

En ese sentido, la atención médica va ser considerada un bien transable: dos proyectos avanzan en esa profundización del modelo mercado regulado y que supone estabilizar financieramente al Estado; y otras dos iniciativas dicen lo contrario: cambiar de estructura del sistema, desmercantilizar esa relación, recuperar el papel del Estado, así como el carácter de recursos públicos y universalizar.

Al respecto, Óscar Useche, sociólogo, economista y profesor de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, precisó: “ya se va logrando un consenso con respecto a que la crisis de la salud no tiene fondo; es necesario tomar medidas fuertes porque la Ley 100 no es el marco que se quisiera tener, porque lo que se da es un proceso de financiación de la salud. Se trata de la ambigüedad que la Constitución dejó, que no fuese asociado como un derecho fundamental sino ligado a otros, lo que llevó a lo que tenemos hoy y al fracaso de un proyecto de reforma que abre paso a varias propuestas”.

Según el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, el proyecto de ley estatutario de la unidad nacional busca disminuir el contenido del plan, una forma de organización distinta de las EPS y trata de que los hospitales sean más eficientes y se comporten más como empresas. En diferente medida, el otro sector –la comisión de seguimiento a la Sentencia 760 de 2008– con participación de la sociedad civil, busca demostrar que la lógica misma de competencia y extracción del lucro en todas las actividades de salud es lo que está llevando al debacle del sistema y construye una propuesta que quita lucro; no habría EPS con una integración de los recursos de cotización y de impuestos, sino con una asignación territorial.

Por su parte, Jaime Arias, director de la Asociación Colombiana de Medicina Integral (Acemi), indicó: “antes que un tema salud lo que tenemos es una definición política y económica, algunos la defienden desde el neoclasicismo o neoliberalismo y otros son más estatistas; lo que debemos es tener una discusión civilizada. Estamos ante un entramado legal alrededor del sistema de salud, hay por lo menos 12 proyectos, entre ellos el estatutario que busca establecer un derecho fundamental que no tiene discusión y debe ser reglamentado”.

Seguidamente, Álvaro Casallas, profesor de la Facultad de Medicina de la UN, expresó: “el diagnóstico esta hecho, venimos hablando de la crisis de la salud agudizada en los últimos dos años hasta el punto de pensar que es un sistema inviable, pero es algo que se ha acumulado a través del tiempo”.

Finalmente, Jaime Gañán Echavarría, docente y coordinador de la Cátedra Abierta de Seguridad Social y Salud de la Universidad de Antioquia, aseguró: “necesitamos un nuevo modelo de salud; las evidencias de tipo científico, académico y estatal revelan cifras que demuestran un sistema colapsado y para mejorarlo debe haber una concertación entre los actores”.

Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html

Propuesta para un nuevo sistema de salud.

 
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8 de Octubre del 2012
La solidaridad y una visión universalista de los derechos podrían ayudar a superar la crisis del sector.
¿Qué duda cabe sobre la profundidad de la crisis de la salud en Colombia? Los actores del sistema y los analistas coinciden sobre los problemas, pero no sobre las causas ni, por lo tanto, las soluciones. Se presentan tres opciones, reconocidas por el exdirector del Doctorado en Salud Pública Saúl Franco de la UN en un artículo publicado recientemente en la revista Razón Pública: continuar con ajustes puntuales, sin entrar en una nueva reforma; efectuar una, pero solo de manera superficial; o pasar a un nuevo sistema. La decisión no es solo técnica o financiera, dependerá también de la dinámica sociopolítica actual.
La primera opción consiste en unas “medidas de salvamento”, entre las cuales están: la oferta de “créditos” del Estado a las empresas promotoras de salud (EPS); la “nacionalización” transitoria, para recapitalizar a las que tengan problemas de liquidez y después devolverlas a sus dueños; la disminución del número de competidores; y la agilización del flujo de recursos.
La segunda opción propone otra reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud para ajustar algunos aspectos de su funcionamiento. La ley estatutaria pretende reglamentar el derecho a la salud, en el marco del actual esquema, como un “plan de beneficios”, en apariencia, muy amplio, pero con prestaciones “costo-efectivas de valor terapéutico demostrables y determinadas como estrictamente necesarias en el marco de guías y protocolos de atención”, aunque supuestamente respeta la autonomía médica (Proyecto de ley estatutaria n.º 48 de 2012, arts. 8.º y 9.º, parágrafo).
Finalmente, la alternativa de un nuevo sistema se ha venido construyendo desde finales de los años noventa, cuando se hizo evidente que el modelo de aseguramiento implantado por la Ley 100 de 1993 mostraba pésimos resultados e inequidades. El Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social (MNSSS), conformado desde 2001, y la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia han avanzado en una campaña de movilización social denominada “Octava papeleta: ¡voz y voto por tus derechos! Salud y seguridad social, derecho fundamental”, en la que 78.310 ciudadanos y ciudadanas han expresado su deseo de un nuevo esquema.
Derecho fundamental
La propuesta se basa en tres ejes fundamentales. 1) La declaración de la salud como un derecho fundamental, de carácter universal y no atado a la capacidad de pago de las personas, más allá de la atención de la enfermedad. 2) La organización del sistema a cargo del Estado en el recaudo y manejo de los recursos, sin intermediación financiera ni de EPS y con perspectiva poblacional y territorial. 3) El desarrollo de un nuevo modelo de atención que permita desarrollar una verdadera perspectiva preventiva, integral, intersectorial y universal.
Se organizaría a partir del financiamiento público, integrado por cotizaciones e impuestos; y su asignación equitativa a nivel territorial se haría mediante fondos territoriales administrados conforme a las necesidades de las personas.
En los departamentos se integrarían las redes de servicios y se desarrollaría la estrategia de atención primaria en salud (APS), que ha demostrado ser una gran herramienta para mejorar condiciones de vida y para prevenir y controlar a tiempo las enfermedades.
La cédula sería suficiente para ser atendido. No habría planes de beneficios, sino tres límites razonables del derecho a la atención: los servicios suntuarios o cosméticos, los bienes y servicios en experimentación y los que sean prestados en el exterior, pero se puedan prestar en el país.
Los hospitales públicos se fortalecerían con una planta de trabajadores y profesionales estable y de buena calidad, que serían el eje de la prestación de servicios. El sector privado se dedicaría a complementar los productos prestados por la red pública y habría políticas de control de precios de medicamentos y tecnologías, de formación de personal en todos sus niveles, así como de ciencia, tecnología en innovación, a través de redes universitarias de servicios de salud en los territorios.
Pero la decisión depende de grandes pactos políticos promovidos por sectores organizados de la sociedad. Si esos sectores le apuntan a la solidaridad y a una visión universalista de los derechos, los congresistas no tendrán otra opción que responder a sus exigencias, en medio de la crisis de legitimidad que los agobia.
Créditos: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html
La precaria atención se evidencia en el padecimiento de las personas para recibir una atención digna y oportuna.

La precaria atención se evidencia en el padecimiento de las personas para recibir una atención digna y oportuna.

8 de Octubre del 2012

La solidaridad y una visión universalista de los derechos podrían ayudar a superar la crisis del sector.

¿Qué duda cabe sobre la profundidad de la crisis de la salud en Colombia? Los actores del sistema y los analistas coinciden sobre los problemas, pero no sobre las causas ni, por lo tanto, las soluciones. Se presentan tres opciones, reconocidas por el exdirector del Doctorado en Salud Pública Saúl Franco de la UN en un artículo publicado recientemente en la revista Razón Pública: continuar con ajustes puntuales, sin entrar en una nueva reforma; efectuar una, pero solo de manera superficial; o pasar a un nuevo sistema. La decisión no es solo técnica o financiera, dependerá también de la dinámica sociopolítica actual.

La primera opción consiste en unas “medidas de salvamento”, entre las cuales están: la oferta de “créditos” del Estado a las empresas promotoras de salud (EPS); la “nacionalización” transitoria, para recapitalizar a las que tengan problemas de liquidez y después devolverlas a sus dueños; la disminución del número de competidores; y la agilización del flujo de recursos.

La segunda opción propone otra reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud para ajustar algunos aspectos de su funcionamiento. La ley estatutaria pretende reglamentar el derecho a la salud, en el marco del actual esquema, como un “plan de beneficios”, en apariencia, muy amplio, pero con prestaciones “costo-efectivas de valor terapéutico demostrables y determinadas como estrictamente necesarias en el marco de guías y protocolos de atención”, aunque supuestamente respeta la autonomía médica (Proyecto de ley estatutaria n.º 48 de 2012, arts. 8.º y 9.º, parágrafo).

Finalmente, la alternativa de un nuevo sistema se ha venido construyendo desde finales de los años noventa, cuando se hizo evidente que el modelo de aseguramiento implantado por la Ley 100 de 1993 mostraba pésimos resultados e inequidades. El Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social (MNSSS), conformado desde 2001, y la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia han avanzado en una campaña de movilización social denominada “Octava papeleta: ¡voz y voto por tus derechos! Salud y seguridad social, derecho fundamental”, en la que 78.310 ciudadanos y ciudadanas han expresado su deseo de un nuevo esquema.


Derecho fundamental

La propuesta se basa en tres ejes fundamentales. 1) La declaración de la salud como un derecho fundamental, de carácter universal y no atado a la capacidad de pago de las personas, más allá de la atención de la enfermedad. 2) La organización del sistema a cargo del Estado en el recaudo y manejo de los recursos, sin intermediación financiera ni de EPS y con perspectiva poblacional y territorial. 3) El desarrollo de un nuevo modelo de atención que permita desarrollar una verdadera perspectiva preventiva, integral, intersectorial y universal.

Se organizaría a partir del financiamiento público, integrado por cotizaciones e impuestos; y su asignación equitativa a nivel territorial se haría mediante fondos territoriales administrados conforme a las necesidades de las personas.

En los departamentos se integrarían las redes de servicios y se desarrollaría la estrategia de atención primaria en salud (APS), que ha demostrado ser una gran herramienta para mejorar condiciones de vida y para prevenir y controlar a tiempo las enfermedades.

La cédula sería suficiente para ser atendido. No habría planes de beneficios, sino tres límites razonables del derecho a la atención: los servicios suntuarios o cosméticos, los bienes y servicios en experimentación y los que sean prestados en el exterior, pero se puedan prestar en el país.

Los hospitales públicos se fortalecerían con una planta de trabajadores y profesionales estable y de buena calidad, que serían el eje de la prestación de servicios. El sector privado se dedicaría a complementar los productos prestados por la red pública y habría políticas de control de precios de medicamentos y tecnologías, de formación de personal en todos sus niveles, así como de ciencia, tecnología en innovación, a través de redes universitarias de servicios de salud en los territorios.

Pero la decisión depende de grandes pactos políticos promovidos por sectores organizados de la sociedad. Si esos sectores le apuntan a la solidaridad y a una visión universalista de los derechos, los congresistas no tendrán otra opción que responder a sus exigencias, en medio de la crisis de legitimidad que los agobia.

Créditos: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html

Si no se erradica la venta de armas, no hay garantía para el derecho a la paz.

 
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La mejor vía para mantenerla, es el respeto a los derechos humanos, consideró Jorge Carmona Tinoco.
La mejor vía para mantenerla, es el respeto a los derechos humanos, consideró Jorge Carmona Tinoco.

20 de Septiembre del 2012
La paz, además de representar un valor y aspiración legítimos para cualquier persona, constituye un derecho humano. No sólo atañe a la ausencia de guerras entre las naciones, sino a la garantía de vivir en un clima pacífico. En tanto no se erradique la venta de armas en el mundo, se mantendrán vigentes conflictos o agentes que muevan a la confrontación, advirtió Jorge Carmona Tinoco, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de la UNAM.

El derecho a la paz es inherente a la dignidad de cualquier persona y permite a los ciudadanos exigir a sus gobiernos el compromiso de rechazar el uso de la violencia y la guerra. La mejor vía para mantenerla, es el respeto de los derechos humanos, subrayó en el marco del Día Internacional de la Paz, que se conmemora este 21 de septiembre, fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Carmona Tinoco consideró que, desafortunadamente, somos una sociedad desmotivada, lo que genera insatisfacción y frustración, ambos detonantes de conflictos. La paz se considera algo ajeno, inalcanzable, y las personas no la incorporan en su vida como un derecho, ni la reconocen como tal, al vivir en situaciones de miedo e inseguridad, subrayó.

El derecho puede generar un marco propicio para vivir en paz, pero se requieren medidas que erradiquen la desigualdad social y permitan el cumplimiento de las garantías humanas a fin de lograr esa armonía en lo individual, colectivo, nacional y mundial.

Carmona Tinoco dijo que a la par de la exigencia legítima de un medio ambiente saludable y al desarrollo, aquélla representa una prerrogativa de tercera generación. Se suma a las de carácter social, económico, cultural, civil y político. Existen diversos instrumentos jurídicos internacionales que la reafirman como derecho de los pueblos y de las personas.

Por ejemplo, la fundación de la ONU fue precedida de un conflicto bélico. Por ello, el principio rector del organismo es mantener la paz y garantizar la seguridad internacional, además de respetar a la dignidad de los individuos. En el país, vivir en un clima de inseguridad, con miedo y zozobra, no está acorde con el derecho a hacerlo en un ambiente pacífico, estableció.

De lo global, a lo personal

“Si quieres paz, prepárate para la guerra”, recomienda un antiguo adagio romano, que proviene del texto Epitoma rei militaris, escrito por Flavio Vegecio a fines del siglo IV. En la actualidad, se considera a los conflictos bélicos como la última opción para resolver las diferencias entre los países. En los hechos, representa la primera alternativa, como sucede con las llamadas guerras preventivas, precisó.

La estrategia de relaciones internacionales de México se caracteriza por la promoción de la solución pacifica de las diferencias, y la autodeterminación de los pueblos, entre otros principios contenidos en la Constitución. En la actualidad, la paz ya no sólo atañe a las naciones, es un tema de comunidades e individual, puntualizó.

En este aspecto, el derecho puede realizar aportaciones con la actualización de sus mecanismos y procedimientos. Resolvemos conflictos con instrumentos jurídicos con siglos de antigüedad, como los juicios, que deben cambiar de acuerdo con las exigencias actuales.

En México, la solución alternativa de problemas gana terreno. Estrategias como la mediación, permiten resolver de fondo los conflictos, más que acomodar los casos a las normas jurídicas, como sucede en los litigios familiares, ejemplificó.

La efeméride

Cada 21 de septiembre se celebra en el mundo el Día Internacional de la Paz, fecha dedicada a fortalecer sus ideales, tanto en el seno de todos los pueblos y naciones, como entre ellos. Este año, a tres décadas de ser instituido por la ONU, su tema es “Paz y democracia: haz que tu voz se oiga”. Ambos derechos constituyen una alianza que promueve el bienestar de todos, de acuerdo con el organismo.

La conmemoración ofrece la oportunidad de organizar acontecimientos y emprender actividades que pongan de relieve su importancia, en forma útil y realista.

Al respecto, Carmona Tinoco comentó que la paz no sólo es importante entre las naciones, sino también en nuestro entorno, relaciones personales y familiares, y en cada uno de nosotros. Tener tranquilidad y estar en armonía con los demás es fundamental para vivir en esa condición, que es el camino a la felicidad.

Boletín UNAM-DGCS-577
Ciudad Universitaria.