28 de octubre de 2013

• También, debe maximizar el impacto que tiene el aprovechamiento del petróleo, gas y otras fuentes de energía sobre el desarrollo y bienestar nacional
• Es indispensable que, además, esas fuentes tengan un uso eficiente en todas las fases, desde la producción al consumo

En México, es necesaria una reforma a la política energética en el contexto de una estrategia nacional que garantice una oferta suficiente y diversificada de fuentes sustentables y seguras de abastecimiento energético que, además, tengan un uso eficiente en todas las fases, desde la producción hasta el consumo.

Debe, sobre todo, maximizar el impacto que el aprovechamiento del petróleo, gas y otras fuentes tiene sobre el desarrollo y bienestar del país, estableció el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM.

Los miembros que lo integran consideraron indiscutible e indispensable fortalecer a PEMEX y que la paraestatal sea atendida mediante las mejores opciones para un desarrollo cercano y a largo plazo. El criterio rector de un cambio en la materia no puede ser la continuidad de un enfoque que privilegia la extracción y exportación de petróleo crudo, en especial, de yacimientos en aguas profundas o de nuevo tipo, ni las consideraciones inmediatas de atracción de capitales.

No ha quedado demostrada la necesidad de la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo, que resulta preocupante porque se propone privar a la industria petrolera nacional de su carácter estratégico, con todas sus consecuencias, incluidas las derivadas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como eliminar la exclusividad del Estado en la industria sin precisar, en forma explícita e inequívoca, el resto del entorno jurídico.

Asimismo, consideraron que los alcances y modalidades de la iniciativa carecen de una argumentación que corresponda a la magnitud de los cambios propuestos. El debate ha comenzado en una situación de información insuficiente sobre las implicaciones de las reformas constitucionales, en especial, en lo que se refiere a la transformación del régimen de propiedad y distribución de la renta petrolera, de las figuras de contratación y de otros aspectos clave que se encuentran a debate.

Como se ha hecho en otros temas, en este caso conviene que las modificaciones constitucionales se decidan con conocimiento suficiente de las modalidades concretas que adoptará la política petrolera y, en general, la energética, en todas las etapas de su ciclo, así como sus interrelaciones con el sistema eléctrico y con todas las fuentes de energía. Es decir, con una clara definición de las rutas y alcances de la legislación secundaria que se derivaría de las enmiendas a la Carta Magna.

Se requiere conocer a detalle el contenido, limitaciones y características de los contratos o concesiones, a los que se abriría la puerta, dijeron. Este requisito es vital, porque en la discrecionalidad y opacidad reside el origen de la corrupción.

Sería necesario precisar, entre otros aspectos, cuál sería la secuencia y mecanismos para cubrir el retiro paulatino de PEMEX del esquema fiscal actual, cómo se garantizaría la canalización efectiva de los beneficios del petróleo al desarrollo del país y qué salvaguardas se adoptarían para evitar la dilapidación de los beneficios.

La expectativa de más crecimiento y empleo con los cambios propuestos, en este caso al sector energético, pasa por alto la dinamización económica mediante opciones de fortalecimiento productivo. Al conocer otras experiencias, es posible que se sobreestime el potencial de atracción de inversiones y de generación de empleo.

En todo caso, para los fines fiscales es riesgoso aventurar una reforma en condiciones de tan elevada incertidumbre y de cálculos insuficientes sobre sus posibles beneficios, en especial si no se contrasta con otras. Además, el respaldo a las iniciativas de enmienda constitucional requiere soportes rigurosos y transparentes.

Las propuestas de reforma en el sector y la iniciativa de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos deben ser debatidas con otros ritmos y modalidades, por ello, el Grupo solicita al Congreso que no precipite sus decisiones. Es imprescindible subsanar omisiones en asuntos medulares y disponer de propuestas completas que no estén sujetas a interpretación interesada, a fin de conocer el contenido, alcance, divergencias y posibles coincidencias entre las distintas iniciativas y tener un debate serio y articulado.

Si bien los foros realizados en el Congreso son bienvenidos, la deliberación pública debe ser mejor y más amplia, con un calendario acotado, pero más flexible. Es necesario, por ejemplo, abordar con más cuidado las implicaciones ambientales de una reforma, sobre todo en la explotación de gas y petróleo de yacimientos asociados a lutitas, así como en el uso y el costo del agua en estos procesos, en busca de la sustentabilidad de la cadena.

El Grupo está integrado por Rolando Cordera, Eugenio Anguiano, Ariel Buira, Cuauhtémoc Cárdenas, Mauricio de Maria y Campos, Carlos Heredia, Saúl Escobar, Gerardo Esquivel, Mario Luis Fuentes, Juan Carlos Moreno, David Ibarra, Leonardo Lomelí, Ciro Murayama, Jorge Eduardo Navarrete, Enrique Provencio, Jaime Ros, Norma Samaniego, Carlos Tello y Jesús Silva Herzog Márquez.

Créditos: UNAM-DGCS-643