Category Archives: Derechos Humanos

MEXICANOS CONSIDERAN COMO PARTE DE LA VIDA DIARIA ALGUNAS EXPRESIONES DE VIOLENCIA

 
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expresionesdeviolencia21 de julio de 2014

Los mexicanos han sido socializados en parámetros que los empujan a considerar algunas expresiones de violencia como parte de la cotidianidad; esto significa que esta problemática, en algunas de sus formas, ya se ha normalizado.

“Ejemplo de ello es que muchas mujeres sufrimos insultos o toqueteos en la calle o en el transporte público y no denunciamos porque pensamos que es una situación que ocurre a la generalidad”, afirmó Sonia Frías Martínez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM.

Según datos de una de sus investigaciones recientes, en la que utiliza la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 23.7 por ciento de las mexicanas ha padecido en alguna ocasión frases de carácter sexual que fueron molestas u ofensivas; 13.6 por ciento tocamientos; 7.8 por ciento ha tenido miedo de ser atacada o abusada sexualmente, y 1.4 fue obligada a ver escenas o actos sexuales.

La violencia de género (algunas de sus expresiones es el acoso y el hostigamiento) en contra de ellas es interpersonal, pues se produce entre individuos. “Dentro de esta clasificación tenemos la de pareja, la que sucede en las escuelas y en el ámbito público”. La forma más visible es la física, aunque hay otras como la sexual, la psicológica, la económica, la patrimonial o la derivada de negligencia.

Aunado a ello está el hecho de que con frecuencia, en las instituciones donde se pueden denunciar esos actos, les restan importancia por no considerarlos graves; en consecuencia, se pierde la confianza en las instancias públicas, consideró la socióloga.

La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública muestra que 63.7 por ciento de las y los mexicanos tienen poca o nula confianza en las instituciones de procuración de justicia.

“Para denunciar o hacer evidente un acto de esa naturaleza, en primera instancia se debe reconocer que nos molesta y determinar si se hará algo al respecto; si se decide denunciar, saber a dónde acudir, pues aún hay mucho desconocimiento al respecto”, señaló.

Violencia y Estado

El Estado tiende a ver el problema de manera lineal. “No se piensa que violentar a la mujer no sólo ocurre por su pertenencia a un determinado género, pues en esta situación también influyen los distintos sistemas de desigualdad, como el estrato socioeconómico, la orientación sexual y el origen étnico”.

En ocasiones las políticas públicas que lo abordan constituyen reacciones ante las presiones de los ciudadanos o grupos organizados, pero con frecuencia son sólo parches para solucionar lo que se presenta en torno a esta situación, destacó.
Lo que hace falta, prosiguió, son medidas integrales que tomen en cuenta las múltiples causas asociadas y la posición que ocupan las personas en sus respectivas estructuras sociales.

Si bien es cierto que se han emprendido campañas para combatir formas de violencia, la mayoría de ellas sólo sirve para llamar la atención o dar información. Las estrategias deben ser múltiples y abordar aspectos relacionados con el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la equidad como ejes transversales, pero sobre todo implementarse desde los primeros años de vida.

En este sentido, las agencias de socialización como la escuela, la familia y los medios de comunicación deben intervenir en el ámbito de su competencia, porque de algún modo determinan cómo desarrollamos ciertas actitudes o pensamientos, concluyó.

Créditos: UNAM-DGCS-414-2014

EL ACOSO ESCOLAR DEBE CONSIDERARSE FALTA GRAVE

 
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acosoescolar09 de julio de 2014

Por sus consecuencias e implicaciones, el acoso escolar o bullying es una falta grave. Desde hace más de 30 años, en países avanzados como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra o Francia rigen leyes que protegen a los menores del hostigamiento, en comparación con México, donde los esfuerzos son incipientes, indicó Pablo Sergio Rebollo Munguía, de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM.

Estas conductas no pueden considerarse un juego de niños, bromas o riñas “normales” entre compañeros, pues dan pauta a conceptos estipulados en la legislación penal, que dañan tanto a las víctimas como a la sociedad; entre ellas, el homicidio, la comisión de lesiones y la ayuda o inducción al suicidio, con las agravantes de alevosía y ventaja. Es un problema de salud y seguridad pública nacional, al presentarse en muchas escuelas del país, advirtió.

En ciertos casos, ejemplificó, las víctimas fallecen por los golpes que les propinan o se quitan la vida al no recibir atención inmediata. Prefieren sufrir o morir, antes que pedir ayuda. Por su omisión, las personas que de alguna u otra forma son parte de esta violencia también delinquen, apuntó el académico de la licenciatura y el posgrado en Derecho.

Tanto víctimas como agresores requieren atención profesional, así como los individuos que, en conjunto, integran el “polígono del bullying”: testigos, instigadores de las agresiones y cómplices.

Hostilidad y agresión

Rebollo Munguía, doctor en medicina y cirugía y maestro en derecho, definió al bullying: abarca toda conducta, por acción u omisión, siempre dolosa; por lo general colectiva, caracterizada por la imposición de poder real o no. Está dirigida a una persona que, por sus características, es diferente al grupo escolar al que pertenece, y es manifestada por violencia verbal, física, psicológica o moral.

El hostigamiento es progresivo. Comienza con una “simple broma”, después se dan empujones y golpes, hasta provocar lesiones. La intimidación y victimización entre pares puede causar la muerte u orillar a la víctima a suicidarse, enfatizó el experto, quien imparte las materias de Criminología, Derecho internacional y Menores infractores, entre otras.

Las autoridades no comprenden que estos actos violentos, intencionales y dañinos tienen grandes repercusiones, tanto en víctimas como agresores. El fenómeno debe estudiarse de manera multidisciplinaria, con la participación de profesores, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, sociólogos y filósofos, entre otros profesionales.

Es urgente incorporar mecanismos legales para su detección y prevención, que constituyen las mejores herramientas para erradicar estas conductas. Si somos testigos y no somos capaces de reaccionar y evitarlas, nos convertimos en cómplices, concluyó.

Créditos: UNAM-DGCS-396-2014

LEGALIZAR A 11 MILLONES DE INDOCUMENTADOS, ÚNICA MEDIDA PRÁCTICA Y HUMANA PARA EL FUTURO DE EU

 
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legalizarmigrantes04 de julio de 2014

La migración entre México y Estados Unidos está en una nueva era con la circulación de migrantes legales con visas permanentes y temporales. Al mismo tiempo, 11 millones de indocumentados están “atrapados” y enfrentan un número mayor de aprehensiones y deportaciones cada año.

Al legalizarlos, podrían trabajar sin restricciones y volver a sus países. Es la mejor medida para resolver esta tragedia de derechos humanos y la única política práctica, humana y razonable para el futuro de EU, sostuvo en la UNAM Douglas S. Massey, de la Universidad de Princeton.

“Por primera vez, desde los años de la esclavitud, la Unión Americana tiene residentes sin un derecho civil, social, económico o político que pueden ser expulsados en cualquier momento; éste es un nuevo estado de ilegalidad masiva”.

El fundador y coordinador del Mexican Migration Project, uno de los más importantes en el campo, destacó que 11 millones de indocumentados están atrapados, la mayoría con más de una década de residencia constante, con raíces, empleos, hogares e hijos nacidos en EU.

Tres millones llegaron a suelo estadounidense de niños y crecieron en la Unión Americana. Hablan inglés, son graduados de las preparatorias de esa nación y no tienen rutas para avanzar con el cargo de ilegalidad en sus hombros, advirtió en la charla Pasado y futuro de la migración indocumentada en México, como parte de los trabajos del Seminario de Estudios Migratorios de la UNAM.

En este marco, Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades de esta casa de estudios, refirió que se trata de un asunto nodal en la agenda nacional y un tema analizado en la Universidad y otros centros de investigación e instituciones de educación superior del país.

Es una cuestión obligada por la problemática compleja que enfrentan los migrantes en EU, con el propósito de influir en políticas públicas nacionales y del exterior que garanticen sus derechos, expuso en el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades.

Migración ilegal

Ahí, el académico estadounidense rememoró que, en 1965, el Congreso de la Unión Americana limitó la migración permanente a 20 mil visas al año por nación. Asimismo, concluyó el Programa Bracero, que permitía la estancia temporal de 450 mil trabajadores mexicanos cada 12 meses.

Hasta entonces, medio millón de connacionales ingresaron al vecino país del norte para residir o sumarse a la fuerza laboral. La demanda de entrada no disminuyó por las medidas referidas y el acceso antes legal fue reemplazado por flujos de indocumentados, expuso.

Massey, autor de Retorno a Aztlán: el proceso social de la migración internacional del occidente de México, subrayó que al crecer las cifras de quienes no tienen papeles, empresarios, políticos y grandes diarios denostaron a los connacionales como una “amenaza” o “invasión”.

Es una reacción en cadena que comenzó con las restricciones impuestas en 1965, continuó con la aprobación de leyes más duras y finalizó con el incremento del presupuesto orientado a las operaciones de la Patrulla Fronteriza y el aumento de las aprehensiones. Entre 1990 y 2000, se erogaron más de cuatro mil millones de dólares en estas tareas, refirió.

Esto significó un cambio geográfico relevante. Antes de 1993, de cada 100 personas 85 elegían las ciudades de San Diego y El Paso para entrar a la Unión Americana. Ahora, Arizona es el punto final de un trayecto que atraviesa el Desierto de Sonora. Cada vez es más caro y peligroso cruzar los límites, lo que disminuyó la tasa de regreso al país, subrayó.

Se calcula que 60 de cada 100 migrantes mexicanos no tienen documentos, lo que refleja una problemática que requiere soluciones urgentes. Estamos frente a una transición gradual hacia una nueva política en la materia por las modificaciones en la estructura demográfica, en la que los latinos ganan terreno.

“Tengo esperanza de que Obama haga algo para ofrecer la legalización, por lo menos a los indocumentados que llegaron de niños, los dreamers”, concluyó.

Créditos: UNAM-DGCS-385-2014

URGE DEROGAR ARRAIGO AD INFINITUM: LUIS DE LA BARREDA

 
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urgearraigo16 de junio de 2014

Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales representa un avance para establecer un sistema acusatorio único en el país, contiene disposiciones contrarias a principios democráticos y a derechos humanos. Una de estas normas es particularmente grave e inadmisible, afirmó Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de esta casa de estudios.

En rueda de medios, expuso que si bien la figura no se menciona en el nuevo ordenamiento, permanece vigente en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y una disposición del código referido establece, sin decir su nombre, un arraigo más abusivo, consideró.

En la sexta fracción del artículo 155 dispone, como medida cautelar, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o entidad o, lo más delicado, el internamiento a una institución determinada.

Es arbitraria, porque puede aplicarse a toda persona, sin importar el delito y sin las pruebas que permitirían someter a los imputados a un juicio penal.

Asimismo, no tiene plazo y puede prolongarse de manera indefinida durante el procedimiento. Es una medida cautelar anticonstitucional e irracional y por estas razones debe eliminarse de nuestro universo jurídico. Este nuevo arraigo ad infinitum y sin restricciones no debe contemplarse, aseveró.

Sistema penal acusatorio

Luis de la Barreda destacó que el nuevo código contiene disposiciones plausibles, pero también contrarias a principios democráticos y de derechos humanos de un enjuiciamiento penal.

La medida referida no se limita a cierta clase de delitos —graves, federales, de delincuencia organizada—, por lo que podrá ser aplicada a todo imputado, independientemente del delito.

En cambio, el arraigo previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que permite el artículo 16 constitucional, sólo se aplica a los enlistados en las siete fracciones del artículo dos del ordenamiento y tiene una duración máxima de 80 días.

La disposición se presta a una arbitrariedad grave: detener a una persona sin pruebas por un tiempo excesivo, dejarla sin trabajo o pareja y privarla de su buen nombre, recalcó.

Créditos: UNAM-DGCS-350-2014

MÉXICO REGISTRA UN ÍNDICE IMPORTANTE DE RECHAZO Y VIOLENCIA CONTRA MUJERES MAYORES

 
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violenciamujeresAmplios sectores de la población rinden culto a la juventud y rechazan y agreden a las personas mayores, en especial a las mujeres, expuso Sonia Frías, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM.

Al participar en el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, indicó que este proceso de deterioro físico está cruzado por el género al exacerbar la desigualdad socialmente construida. “Ellas, como otros grupos minoritarios, pierden estatus con los años debido a situaciones como la jubilación o quedarse sin empleo o pareja”.

Los menoscabos se perciben como una señal de vulnerabilidad y exponen al sector a violencia; aunque ésta es minimizada, no se considera como tal o es tolerada por quienes la ejercen o padecen, apuntó en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de esta casa de estudios.

El ámbito más estudiado es la agresión de pareja, pero es necesario señalar que las mexicanas adultas mayores son atacadas de múltiples formas en lo familiar o comunal, con variantes que van desde lo físico y psicológico, hasta la negligencia y el abuso económico o sexual.

A esta condición se le conoce como polivictimización y se registra porque en cierto momento concurren varias experiencias de violencia. “Este concepto permite estudiar todas las formas en que son agredidas”, añadió.

Al respecto, Irene Casique, también del CRIM, refirió que según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2011, el 42 por ciento de las solteras y casadas han experimentado alguna vez violencia de pareja; 41, emocional; 14, física; 23, económica y siete por ciento, sexual (debido a que muchas padecieron dos o más de estas variantes, la suma de los deciles sobrepasa el 100 por ciento).

El sector más proclive a las arbitrariedades de índole físico es el de los 15 a los 19 años de edad. Además, a medida en que incrementan los estudios hay un decremento de la prevalencia de la agresión.

La académica destacó que estos datos deben analizarse con reservas, porque en comparación con la ENDIREH de 2003 y la de 2006, en la de 2011 hubo cambios importantes en la metodología para elaborar las preguntas.

Por ejemplo, en el último muestreo las mujeres pertenecían en gran medida a rangos alto y medio; registraban mayores niveles educativos; tenían uno, dos o ningún hijo y había menos estudiantes o trabajadoras y más jubiladas.

“Vistos así, los datos no reflejan la situación a nivel nacional, pero revelan que el país aún presenta una alta prevalencia de la violencia hacia la mujer”, concluyó.

Créditos:UNAM-DGCS-152-2014