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Paramilitarismo sigue vigente.

 
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15 de Noviembre del 2012
Un estudio sobre el proceso de este fenómeno armado ilegal en Tarazá y el bajo Cauca antioqueño, da cuenta de una dinámica que pese a haber vivido un proceso de “desmovilización” aún sigue vigente.
Así lo reconoce Alec Sierra, magíster en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UN, quien investigó esta zona para seguirle el rastro al fenómeno y así describir la situación de conflicto de esta región, analizando la evolución territorial, los grupos armados y las dinámicas de la confrontación entre los paramilitares, el Estado y la guerrilla.
Según el investigador, esta problemática se debe, en parte, a que se trata de una zona sumamente estratégica, toda vez que es un punto de paso entre Córdoba y Antioquia, y que conecta con el Magdalena Medio y las sabanas de Bolívar. En otras palabras, es clave para las expresiones de poder de los actores armados, la consolidación del Estado y la explotación minera.
“El conflicto continúa con una intensidad bastante alta. El tema de la minería está otra vez exacerbado, y va más allá de la minería ilegal, pues el Estado ha permitido las grandes explotaciones de las multinacionales, los cuales siguen generando descomposición social y vulneraciones muy graves al medioambiente”, asegura.
De este modo, según él, los intereses económicos y políticos sobre el territorio van a permitir que la confrontación continúe, que los ciclos de violencia permanezcan y que la situación sea bastante compleja en la zona, aunque ya no se le llame paramilitarismo.
Problemas latentes (la minería)
Alec Sierra comenta que una parte del trabajo hace referencia a la evolución del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaba en esta zona, que pasó del control de la economía del narcotráfico a una economía de regulación de la minería.
Pero aclara que estas acciones de las organizaciones armadas ilegales tienen muchos matices y se dan en muchas partes del país: desde regular la pequeña minería y permitir la minería de mediano impacto, hasta articularse y crear alianzas con el desarrollo de la explotación de grandes multinacionales como la Drummond en el Cesar, Anglo Gold Ashanti en el bajo Cauca y el Chocó, y la Gran Colombia Gold, en Segovia y el nordeste antioqueño.
“Son empresas que terminan beneficiándose, de alguna manera, del accionar de los grupos armados, principalmente paramilitares, pues estos cobran vacunas, son poseedores de tierras despojadas donde se desarrolla la explotación o conforman empresas que se vinculan a la gran economía multinacional. Es un tema que aparecía ahí descrito y tras el proceso de desmovilización, comenzaba a ser muy evidente”, afirma.
En efecto, dice Sierra, el incremento de la economía del oro y el hecho de que coincida con una serie de políticas estatales que incentivan la explotación minera, genera más intereses de los grupos armados por apropiarse y participar en esas economías tan vigorosas en la acumulación, pero tan opresoras y violentas contra las comunidades y el territorio.
Entender el conflicto
Sin embargo, reconoce que para entender el conflicto armado  colombiano de los últimos 40 años, el paramilitarismo es un punto clave, dado que, por una parte, ha transformado espacios locales y territorios; y, por otra, tras el proceso de desmovilización que, aparentemente, es punto de quiebre en la dinámica de estos grupos en la zona, las confrontaciones y el conflicto se mantienen.
Tan vivo esta el fenómeno que, según Sierra, las acciones continúan: vulneración a los derechos de las comunidades, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado y amenazas contra líderes, entre otras. “Una serie de vulneraciones que tienen mucha relación con el paramilitarismo que supuestamente se había desmovilizado”, comenta.
El fin último de la investigación abogaba por la realización de trabajos regionales para comprender la dinámica espacial del poder de los grupos armados, los intereses que hay sobre el territorio, las afectaciones concretas sobre algunos procesos sociales y la manera en que, de a poco, ellos van construyendo espacios sociales a través de la regulación y la coerción armada sobre espacios sociales, políticos y económicos.
El investigador destaca, finalmente, que el trabajo llama la atención sobre un proceso que está vigente y unas amenazas que permanecen, así como sobre los riesgos que siguen teniendo las comunidades y los procesos organizativos locales en muchas zonas del país, en donde convergen intereses de la economía, ya sea la minería, narcotráfico, agroindustria, la propiedad y tenencia de la tierra, con los intereses de organizaciones armadas y élites políticas locales.
“Muchas de estas economías terminan siendo reguladas por actores armados que no tienen intereses puramente económicos criminales, sino también de tipo político y estratégico territorial. El trabajo buscó mostrar cómo el proceso del paramilitarismo está vigente y hacer un llamado a las diferentes disciplinas del área de las ciencias sociales y humanas, con el fin de intentar develar todo lo que hay detrás de los procesos violentos del conflicto en el país”, puntualiza.
Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html
 “Para entender el conflicto armado colombiano de los últimos 40 años, el paramilitarismo es un punto clave”.

“Para entender el conflicto armado colombiano de los últimos 40 años, el paramilitarismo es un punto clave”.

15 de Noviembre del 2012

Un estudio sobre el proceso de este fenómeno armado ilegal en Tarazá y el bajo Cauca antioqueño, da cuenta de una dinámica que pese a haber vivido un proceso de “desmovilización” aún sigue vigente.

Así lo reconoce Alec Sierra, magíster en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UN, quien investigó esta zona para seguirle el rastro al fenómeno y así describir la situación de conflicto de esta región, analizando la evolución territorial, los grupos armados y las dinámicas de la confrontación entre los paramilitares, el Estado y la guerrilla.

Según el investigador, esta problemática se debe, en parte, a que se trata de una zona sumamente estratégica, toda vez que es un punto de paso entre Córdoba y Antioquia, y que conecta con el Magdalena Medio y las sabanas de Bolívar. En otras palabras, es clave para las expresiones de poder de los actores armados, la consolidación del Estado y la explotación minera.

“El conflicto continúa con una intensidad bastante alta. El tema de la minería está otra vez exacerbado, y va más allá de la minería ilegal, pues el Estado ha permitido las grandes explotaciones de las multinacionales, los cuales siguen generando descomposición social y vulneraciones muy graves al medioambiente”, asegura.

De este modo, según él, los intereses económicos y políticos sobre el territorio van a permitir que la confrontación continúe, que los ciclos de violencia permanezcan y que la situación sea bastante compleja en la zona, aunque ya no se le llame paramilitarismo.


Problemas latentes (la minería)

Alec Sierra comenta que una parte del trabajo hace referencia a la evolución del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaba en esta zona, que pasó del control de la economía del narcotráfico a una economía de regulación de la minería.

Pero aclara que estas acciones de las organizaciones armadas ilegales tienen muchos matices y se dan en muchas partes del país: desde regular la pequeña minería y permitir la minería de mediano impacto, hasta articularse y crear alianzas con el desarrollo de la explotación de grandes multinacionales como la Drummond en el Cesar, Anglo Gold Ashanti en el bajo Cauca y el Chocó, y la Gran Colombia Gold, en Segovia y el nordeste antioqueño.

“Son empresas que terminan beneficiándose, de alguna manera, del accionar de los grupos armados, principalmente paramilitares, pues estos cobran vacunas, son poseedores de tierras despojadas donde se desarrolla la explotación o conforman empresas que se vinculan a la gran economía multinacional. Es un tema que aparecía ahí descrito y tras el proceso de desmovilización, comenzaba a ser muy evidente”, afirma.

En efecto, dice Sierra, el incremento de la economía del oro y el hecho de que coincida con una serie de políticas estatales que incentivan la explotación minera, genera más intereses de los grupos armados por apropiarse y participar en esas economías tan vigorosas en la acumulación, pero tan opresoras y violentas contra las comunidades y el territorio.


Entender el conflicto

Sin embargo, reconoce que para entender el conflicto armado  colombiano de los últimos 40 años, el paramilitarismo es un punto clave, dado que, por una parte, ha transformado espacios locales y territorios; y, por otra, tras el proceso de desmovilización que, aparentemente, es punto de quiebre en la dinámica de estos grupos en la zona, las confrontaciones y el conflicto se mantienen.

Tan vivo esta el fenómeno que, según Sierra, las acciones continúan: vulneración a los derechos de las comunidades, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado y amenazas contra líderes, entre otras. “Una serie de vulneraciones que tienen mucha relación con el paramilitarismo que supuestamente se había desmovilizado”, comenta.

El fin último de la investigación abogaba por la realización de trabajos regionales para comprender la dinámica espacial del poder de los grupos armados, los intereses que hay sobre el territorio, las afectaciones concretas sobre algunos procesos sociales y la manera en que, de a poco, ellos van construyendo espacios sociales a través de la regulación y la coerción armada sobre espacios sociales, políticos y económicos.

El investigador destaca, finalmente, que el trabajo llama la atención sobre un proceso que está vigente y unas amenazas que permanecen, así como sobre los riesgos que siguen teniendo las comunidades y los procesos organizativos locales en muchas zonas del país, en donde convergen intereses de la economía, ya sea la minería, narcotráfico, agroindustria, la propiedad y tenencia de la tierra, con los intereses de organizaciones armadas y élites políticas locales.

“Muchas de estas economías terminan siendo reguladas por actores armados que no tienen intereses puramente económicos criminales, sino también de tipo político y estratégico territorial. El trabajo buscó mostrar cómo el proceso del paramilitarismo está vigente y hacer un llamado a las diferentes disciplinas del área de las ciencias sociales y humanas, con el fin de intentar develar todo lo que hay detrás de los procesos violentos del conflicto en el país”, puntualiza.

Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html

En Chile, la UN hablará sobre la enseñanza de la arquitectura.

 
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La UN ha liderado este proceso, que ha aportado nuevas reflexiones al acervo académico.
La UN ha liderado este proceso, que ha aportado nuevas reflexiones al acervo académico.

7 de Noviembre del 2012

En Valparaíso, tendrá lugar el II Encuentro Latinoamericano de Introducción a la Enseñanza de la Arquitectura. En este, las universidades latinoamericanas divulgarán sus estrategias y experiencias.

A raíz del éxito de su primera versión (organizado por docentes de la UN en Manizales en el año 2010), la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso (Chile) celebrará la segunda del 7 al 9 de noviembre.

“La forma como se enseña la arquitectura posibilita explorar, discutir e implementar nuevos métodos para ejercer la función docente, porque establecemos comparativos y evaluamos —en contraste con las realidades de otras culturas— cómo estamos guiando a nuestros estudiantes y cómo podemos fortalecer dichos procesos”, afirma Liliana Correa, docente organizadora del evento por parte de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UN en Manizales.

Este segundo encuentro, denominado “Métodos, Protagonistas y Contextos”, cuenta con la participación de ocho países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela). Estos, a través de 34 ponencias, aportarán fundamentos para consolidar el ejercicio docente, las tendencias y los desafíos de la pedagogía en esta área.

Este espacio académico congrega prácticas que dan cuenta de métodos innovadores para adquirir competencias específicas del arquitecto en su periodo formativo. Igualmente, permite conocer los nuevos protagonistas en esta área del saber y sus relaciones con el ambiente de aprendizaje. Todos estos son elementos indispensables para avanzar en el desarrollo de una visión renovada y coherente de dicha enseñanza.

Michele Berho, organizadora del encuentro por parte de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, manifiesta que no es solo una instancia de reunión y reflexión de docentes e investigadores con un especial interés en la etapa formativa inicial de la carrera: el encuentro también incentiva el desarrollo investigativo para explorar y consolidar proyectos y nuevas metodologías en torno a procesos de aprendizaje en esta profesión.

Entre los ponentes centrales están Roberto Barría, fundador de la carrera de Arquitectura de la universidad chilena; David MacLean, director de la Escuela Scott Sutherland de Arquitectura y Medioambiente de la Universidad Robert Gordon de Aberdeen en el Reino Unido; y Joaquim Español, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Barcelona.

Para la UN esta es una oportunidad que contribuye a visibilizar la Institución y la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la sede en contextos internacionales.

Así, marca la pauta como líder de este proceso, que ha aportado nuevas reflexiones al acervo académico de esta profesión, entre las que resaltan la iniciativa de crear una red latinoamericana que fortalezca los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html

Con cáscara de coco puede descontaminarse el agua.

 
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Carbón activado.
Carbón activado.

7 de Noviembre del 2012

Obtener carbones activados a partir de la cáscara de coco, para tratar aguas contaminadas con níquel, cadmio y cobalto, es el objetivo de una tesis del Doctorado en Ciencias Químicas de la UN.

Paola Rodríguez, estudiante a cargo del proyecto, ya produjo carbones activados que adsorben bien el níquel y el cadmio.

Este carbón es un material indispensable para descontaminar aguas. Se puede obtener de cualquier material que tenga un alto contenido de carbono, como llantas, residuos de frutas, madera, breas de  petróleo o de carbón mineral.

La profesora Liliana Giraldo Gutiérrez, directora de la tesis, explica que lo obtienen de la cáscara de coco y que se le hacen modificaciones químicas sobre su superficie, proceso que ayuda a incrementar la adsorción del metal contaminante.

“Mantenemos toda la estructura porosa, pero modificamos la química superficial. Lo que hacemos es poner grupos de oxígeno, tipo ácido, alcohol y cetona sobre la superficie. Eso hace que las interacciones con los solutos, en este caso los metales, sean más efectivas”, cuenta.

La contribución del trabajo, según la docente, consiste en conseguir carbón activado que adsorba específicamente níquel, cadmio y cobalto, metales pesados altamente contaminantes, de fuentes de agua.

Para producirlo, se somete la cáscara de coco a procesos de alta temperatura y flujo de nitrógeno en un horno. Y, tras la pérdida del material volátil, se cambia el flujo de gas por dióxido de carbono para así activar la superficie.

Mediante tratamientos posteriores a la preparación del sólido, se la somete a oxidación con agentes químicos como ácido nítrico y peróxido de hidrógeno. Esto con el objetivo de aumentar la cantidad de grupos químicos unidos a la superficie del sólido, los cuales favorecen el proceso de adsorción de iones metálicos.

Para hacer la caracterización energética del sólido, se recurre a la calorimetría de inmersión usando equipos fabricados por el grupo. Son equipos especializados con los cuales se mide la cantidad de calor que se libera cuando un líquido como el benceno, el agua y las mismas soluciones de los metales se ponen en contacto con el carbón activado que se ha preparado.

“Esto es crucial porque la cantidad de calor refleja la capacidad de interacción que tienen el sólido y el líquido. Así, indica si es capaz o no de retener el contaminante estudiado”, explica la profesora Giraldo.

Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html

Premio de Oro para documental social realizado en la UN.

 
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En un libro, que lleva el título del documental queda registrado el proceso investigativo realizado.
En un libro, que lleva el título del documental queda registrado el proceso investigativo realizado.

6 de Noviembre del 2012

La versión 29 del Festival de Cine de Bogotá premio documental realizado por un grupo de investigación del Centro de Estudios Sociales (CES) de la UN.

El documental Kitek Kiwe: Nuestra Memoria, obtuvo el Círculo Precolombino de Oro al Documental Social.

El trabajo audiovisual es el resultado de la investigación del grupo Conflicto Social y Violencia del Centro de estudios Sociales (CES) de la UN.

El estudio se realizó durante tres años y medio en el Cauca “en una finca que se llama La Laguna, cerca a Timbío; además hay imágenes de Santander de Quilichao y de Timba”, refirió Myriam Jimeno, profesora titular de la UN y, coordinadora del grupo de investigación.

En la finca se encuentran cerca de 300 personas, incluida población infantil, de la comunidad indígena Nasa Kitek Kiwe, desplazadas por la masacre del Naya en el 2001, en la que el ELN atacó a los civiles.

A través de una tutela estas personas obtienen la finca en donde se reasentaron; hasta ese lugar llegaron los investigadores de la UN, y a través del método etnográfico, consiguieron acercarse a la comunidad.

“No empezamos haciendo la película, primero construimos una relación en trabajo de campo, quedándonos en estadías prolongadas, construyendo una relación con la gente”.

“Fue una construcción de proximidad con las personas, en las que se trató de rescatar su punto de vista. En este caso cómo hicieron para sobreponerse a la experiencia de violencia”, narró Jimeno.

Para los integrantes del grupo de investigación, el documental es la posibilidad de que este pueblo comparta su verdad con los colombianos, es una manera de encontrar justicia.

“Mostrar su realidad le permite a la comunidad indígena sentirse reconocida por la sociedad, tejer un vínculo que permite que la sanación haga parte de la justicia, sea integral, no solo un proceso de castigo jurídico. Que hay buena sanción general de la sociedad ante estas conductas violentas”.

El cineasta Pedro Pablo Tattay, egresado de la UN y con amplia experiencia en trabajos con comunidades indígenas fue el encargado de la filmación del material.

Junto con su equipo de trabajo, en el que participaron tres jóvenes Nasa que recibieron formación en técnicas audiovisuales, este joven director construyó la historia galardonada en el Festival de Cine.

“Fue muy importante trabajar con el grupo de investigación, porque encontré un respaldo a mi trabajo. Desde la denuncia he intentado comunicar los problemas sociales que fenómenos como el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo causan en nuestro país”, declaró Tattay.

“Dormimos en sus casas, los escuchamos, los vimos llorar, y eso fue lo que mostramos”, concluyó.

El documental recoge testimonios sobrecogedores que causan indignación entre el público.

José Ever Veloza García, alias “H.H.” afirma “El río Cauca en este país es un cementerio… mucha pero mucha gente que tiramos al río Cauca y que nunca va a aparecer”.

La hermana del gobernador del cabildo indígena del Alto Naya, Elías Trochez Guiguanas, asesinado por el ELN, recuerda las palabras de su familiar.

“Yo hablé con él el domingo (lágrimas) y él dijo mañana vuelvo a salir, me tienen amenazado, pues…yo hago por la comunidad, si me matan me matarán porque yo no ando haciendo nada”, relata con voz entrecortada.

Con una duración de 54 minutos, y con música original, el documental fue producido por la UN, el CES, el Cabildo Indígena Nasa Kitek Kiwe, la Usaid, y la productora audiovisual Poliformo.

Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html

La UAT es partícipe del proceso de engrandecimiento de Tlaxcala: Guillermo de la Fuente

 
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1 de julio 2011

Egresaron 52 nuevos licenciados en Trabajo Social y 20 en Sociología

La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha iniciado un proceso de engrandecimiento de la sociedad al ofrecer una formación sólida y de calidad a la juventud del estado y la región, afirmó el Mtro. Guillermo de la Fuente Muñoz, Coordinador de la División de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), quien asistió con la representación del Rector, Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, a la ceremonia de graduación de egresados de las licenciaturas en Trabajo Social y Sociología de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología.

El Mtro. Guillermo de la Fuente precisó que hace cuatro años, la Universidad sólo contaba con cinco programas educativos reconocidos por su calidad, ahora son 23 licenciaturas las que se encuentran en este estatus de 29 que son susceptibles de evaluación; agregó que este logro se reflejó en el reconocimiento que en diciembre de 2010 recibió la Universidad por parte de la Secretaría de Educación Pública federal y confirma el compromiso institucional de impartir una educación superior de calidad.

En ese entonces, recordó, la Institución registraba a 80% de su matrícula cursando en programas de calidad y para mayo de 2011 se incrementó a 90% al recibir la acreditación de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Facultad
de Ciencias de la Salud, gracias al trabajo de la comunidad universitaria

Asimismo, destacó que los programas que se imparten en la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología forma parte de los 23 programas acreditados y, precisamente, en días pasados la Facultad recibió la visita de los evaluadores como parte de las actividades programadas para mantener la acreditación.

Por último, consideró que este resultado es producto del compromiso que directivos, docentes y estudiantes han mantenido con la Institución para sostener y ampliar los logros alcanzados hasta el momento.

Durante su intervención, la Mtra. Irma Berruecos Rodríguez, Directora de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, felicitó a los 52 egresados de Trabajo Social y a los 20 estudiantes de Sociología por haber concluido de manera exitosa su formación, hecho que es motivo de satisfacción personal y familiar. Afirmó que la comunidad académica de la Facultad es testigo de la entrega y dedicación que requirió su paso por la Universidad.

Como padrino de generación de los egresados fungió el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, asistiendo con su representación el Mtro. Omar Vázquez Sánchez, quien entregó un obsequio a los estudiantes.

Créditos: www.uatx.mx/prensa