De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel global el grupo de niños de entre cinco y 17 años que laboran descendió en casi una tercera parte, al pasar de 246 millones en 2000, a 168 millones en 2012.
Sin embargo, según cifras del INEGI (Módulo de Trabajo Infantil 2011), en el caso mexicano esa disminución no ha sido significativa, pues existen más de tres millones de niños y adolescentes que participan en actividades económicas en situaciones riesgosas y de vulnerabilidad, indicó Mauricio Padrón Innamorato, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Si bien es una cifra importante, es relativa, pues la encuesta hace referencia a niñas, niños y adolescentes que, en su mayoría, viven en el núcleo familiar, por lo que en este número no se incluye a aquéllos en situación de calle que laboran, por ejemplo, en los cruceros. “En realidad el número sería mayor”.
La mitad de los infantes que trabajan lo hacen “con la madre, el padre, con ambos o con un pariente en empresas familiares; así es difícil llevar a cabo una vigilancia para sancionar y controlar estas conductas. Lo que se debe hacer es sensibilizar a la sociedad en torno a este problema para generar un cambio cultural que conduzca a evitarlo”.
Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este 12 de junio, Mauricio Padrón apuntó que México ha hecho esfuerzos importantes para incorporar medidas jurídicas que combatan y erradiquen el trabajo infantil, pero no han sido suficientes.
No sólo se trata de una cuestión legal, porque esta prohibición existe en la Constitución Mexicana de 1917; el problema es más complejo, pues tiene raíces culturales, sociales y económicas profundas. Muchas familias envían a los más pequeños a laborar porque no cuentan con ingresos o dinero suficiente para sufragar gastos.
Además de lo anterior, en el país persiste la idea de que si los infantes participan en una actividad que podría considerarse como trabajo, es porque se les forma para el futuro, básicamente para el ingreso al mercado laboral. En este sentido, se considera que la edad temprana es una etapa de preparación para la vida adulta, pero también, por tradición histórica, se piensa que los niños no son sujetos de derechos, pues las decisiones sobre ellos corresponden a la vida privada, a los padres en particular.
Si una labor empieza a interferir con las garantías fundamentales de los pequeños, como la asistencia a la escuela, el tiempo de estudio, el descanso, recreación, salud, alimentación y el juego, se le denomina trabajo, y es cuando debe prestarse atención, apuntó.
El universitario resaltó la falta de mecanismos de vigilancia por parte de la autoridad correspondiente para sancionar aquellos lugares en donde laboren los menores de 17 años.
Se requiere un papel más activo por parte del Estado, que es el sujeto obligado para responder por esta población, en términos de hacer efectivos sus derechos, abundó el especialista en temas como mercados laborales, niños, adolescentes y jóvenes, exclusión social, discriminación y derechos, entre otros.
Para contribuir a eliminar estas conductas en el país, no sólo se necesita publicidad, también diseñar y poner en práctica políticas públicas integrales que brinden los elementos y mecanismos necesarios para que los padres no se vean obligados a integrar a los menores a la fuerza laboral.
“Estamos en el proceso de una reforma constitucional para incrementar a 15 años la edad mínima de admisión al empleo, lo que permitirá que el Estado mexicano pueda ratificar el Convenio 138 de la OIT, cuestión sumamente importante para cumplir con las obligaciones internacionales. Pero esto no es suficiente, debe actuarse de forma integral para aplicar medidas que conduzcan a erradicar el problema”, concluyó.
Créditos: UNAM-DGCS-338-2014
