25 de junio 2011
La empresa sostiene que las políticas antitabaco la están perjudicando comercialmente.
Desde que el Gobierno del oncólogo Tabaré Vásquez logró la promulgación de la Ley Antitabaco que limita su consumo en Uruguay, los infartos cayeron en 17,1%; pero Philip Morris ha demandado al Gobierno de Uruguay. Es evidente que la reducción de consumo en un país pequeño no incide de manera sustancial en sus venas mundiales, pero se trata de un escarmiento que intenta sentar un precedente que disuada a países más grandes de seguir ese camino.
Un estudio del Centro para la Investigación de la Epidemia de Tabaquismo (Ciet), difundido por la ex ministra de Salud María Julia Muñoz y el actual jefe de la cartera, Daniel Olesker, realizada en centros de salud públicos y privados de ese país, indicó que se registraron 400 ataques al corazón menos por año que antes de la normativa, que rige desde el 2006.
No obstante esas evidencias, de indudable valor para la salud pública de los uruguayos, la multinacional, con sede en Lausanne, Suiza, llevó su reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instancia del Banco Mundial para el arbitraje de diferendos con los gobiernos, con el argumento de que Uruguay viola un tratado de promoción y protección de inversiones que firmó con Suiza en 1998.
En la argumentación de la demanda, la empresa sostiene que las políticas antitabaco la están perjudicando comercialmente y que la eliminación arbitraria de las marcas no ha servido a los objetivos de salud pública y, en cambio, ha llevado a los consumidores a buscar marcas locales o de contrabando. Las ventas anuales de la tabacalera exceden altamente el Producto Interno Bruto uruguayo y “la estrategia es hacer un juicio intimidatorio con el objetivo de que el contrincante, por miedo a los costos elevados que pueda causarle una organización con mucho dinero, retroceda”, sostuvo Eduardo Bianco,del Ciet.
La posición del Gobierno uruguayo ha recibido un amplio respaldo, incluyendo el apoyo económico del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y de la ONG estadounidense Campaign for Tobacco-Free Kids (Campaña para niños libres de tabaco), quienes ofrecieron financiar los costos para enfrentar la demanda.
Por otra parte, el Gobierno uruguayo acaba de sancionar a ocho de sus quince generales, bajo el cargo de desobediencia por desacatar la orden de no visitar a un general preso por matar, en 1973, a un militante comunista, cuya muerte se justificó como resultado de un enfrentamiento, pero el peritaje demostró que sufría de limitaciones físicas que le impedían disparar. Los generales sancionados desacataron la orden y al hacer unificadamente su acción lanzaron un reto al Ministro de Defensa. Llama la atención que el Ejecutivo de un país pequeño asuma posiciones tan firmes de independencia y soberanía.
Créditos: www.cid.unal.edu.co/cidnews