BOGOTÁ D. C., 16 de agosto de 2016 — Agencia de Noticias UN-
Así lo advirtió el profesor Marco Romero, del Departamento de Ciencia Política, durante el foro “Desarrollo rural en el posconflicto”, organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).En tal sentido, el docente señaló que instrumentos como la jurisdicción agraria deben ser fortalecidos, de cara a clarificar derechos de propiedad sobre la tierra, que no es un asunto menor, si se tiene en cuenta que los litigios por predios entre campesinos, indígenas y negritudes ascienden a 800.
El profesor Romero recordó los resultados de un estudio realizado por el Departamento de Ciencia Política de la U.N., los cuales muestran que el 90 % de las víctimas de despojo de tierra considera significativo volver a sus predios, en tanto sean visibles proyectos de vida reales.
A través del foro, se buscó generar un escenario de debate para tratar uno de los aspectos medulares de cara al posconflicto colombiano y, de hecho, el primer punto en la mesa de La Habana entre el Gobierno y las FARC: desarrollo rural integral.
En desarrollo del evento, fue planteado que el desarrollo rural en el posconflicto debe concebirse como un desarrollo regional y que buena parte de las relaciones de cada uno de esos factores estarán marcadas por la restitución de tierras, el acceso a las mismas y las condiciones ofrecidas para el retorno.
Dinámicas de cultivos ilícitos
Otro de los temas abordados durante el foro fue la solución al problema de las drogas ilícitas, el cual también aparece en la agenda de La Habana en el marco del desarrollo rural integral.
Según Eduardo Díaz Uribe, uno de los panelistas y director para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas de la Presidencia de la República, las siembras ilegales crean sus propias dinámicas económicas, pero sobre estas giran otro tipo de economías robustas.
En torno a esas dinámicas, sostuvo, están involucradas de una u otra manera más de 70 mil familias en el país, en medio de un aumento paulatino de los cultivos ilícitos y, consecuentemente, de la producción de cocaína.
Según las últimas cifras del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, las siembras ilegales pasaron de 44.000 hectáreas en 2012 a 96.000 el año pasado.
La radiografía también muestra que los municipios con cultivos de coca ascienden a 214 (y serían 30 más si se suman los de marihuana y amapola), pero en solo 10 de ellos está concentrada casi la mitad de todos los cultivos (el 44 %). Y el 90 %; es decir, el grueso de los cultivos, están en Catatumbo, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo y el Nudo de Paramillo.
En ese contexto, la transición hacia unas economías que no dependan de las lógicas fomentadas por los modelos del narcotráfico, afirma Díaz, tienen que ver con el desarrollo de regiones, más que con la tenencia o tecnificación de la granja campesina, y que además esos territorios se puedan articular con los mercados.