02 de diciembre de 2014

El Estado debe garantizar y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad para eliminar las barreras que enfrentan por sus dificultades físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, planteó Alicia Angélica López Campos, académica de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM.

La política pública relacionada debe considerar medidas y acciones orientadas a la inclusión social, laboral, educativa y económica de este segmento y erradicar el enfoque de la caridad y la deficiencia, expuso en ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992, y que se conmemora cada 3 de diciembre.

López Campos recordó que México es uno de los 149 países parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —iniciativa de la que es promotor— y de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación. A nivel nacional, está vigente la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

En los hechos, el Estado relega en una institución privada la atención que en tratados internacionales se comprometió a brindar. Considera las necesidades de esta población desde la caridad y no con una perspectiva de derechos humanos, aseveró.

En este contexto, en la Universidad el Comité de Atención a las Personas con Discapacidad (CADUNAM) une esfuerzos con las facultades de Arquitectura (FA), Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y Derecho (FD); con la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) y con las direcciones generales de Obras y Conservación (DGOC) y de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), entre otras, para garantizar el acceso, participación, aprendizaje y permanencia de este sector en la institución.

Es una red colaborativa que desarrolla acciones orientadas a la inclusión social. La discapacidad no es una enfermedad, sino una condición de vida, puntualizó López Campos, coordinadora de la iniciativa académica referida.

Inclusión social y participación

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006 (instrumento ratificado por México en diciembre de 2007), garantiza trato equitativo a individuos con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones.
En diciembre de 2013, en ocasión de la jornada referida, Ban Ki-moon, secretario general del organismo internacional, llamó a eliminar las barreras que dificultan la inclusión y la participación de más de mil millones de personas en el mundo.

En el país, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 6.6 por ciento de los mexicanos presenta dificultades para caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. En total, ocho de cada 10 personas con discapacidad son mayores de 29 años.

La académica, adscrita al Colegio de Pedagogía de la FFyL, describió que, desde 2004, los integrantes del CADUNAM —que participan de forma voluntaria— desarrollan tareas orientadas a consolidar una política para atender las necesidades de estos sujetos en la Universidad, como ofrecer herramientas, infraestructura y señalización, realizar jornadas para crear conciencia sobre las barreras que enfrentan y formar recursos humanos con diplomados y programas de servicio social de enfoque interdisciplinario.

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquiera. Es urgente erradicar ideas y percepciones erróneas, tabúes, barreras físicas y actitudes discriminatorias. Son ciudadanos que merecen un trato equitativo y justo; es nuestro deber trabajar a su lado para transformarnos en una sociedad inclusiva y accesible para todos, concluyó.

Créditos: dgcs/UNAM/697/14