14 de Enero del 2013
Los métodos de medición de la inseguridad alimentaria y nutricional usados en el país no alcanzan aún el grado de confiabilidad suficiente para diseñar políticas públicas adecuadas.
Esa es la conclusión de un estudio adelantado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y de la Universidad Industrial de Santander (UIS), que, desde hace dos años, insisten en la necesidad de revisar las metodologías que utiliza el Estado.
Cada una de las técnicas actuales arroja un resultado distinto, pero, en todos los casos, preocupante. Los expertos encontraron que de cada 100 hogares, en el mejor escenario, pueden existir, como mínimo, 36 que la padecen y, en el peor, como máximo, 87. Estos resultados contrastan con los de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) 2010, que estimó el problema en un promedio de 42.
La Ensin es la referencia oficial más importante, porque es un sondeo hecho por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Profamilia, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social.
En esta encuesta se recurre a unas escalas para medir la percepción que se tiene de esta inseguridad (también conocida como la “escala del hambre”). Estas parten de una referencia internacional validada en Colombia por estudios de la Universidad de Antioquia en alianza con entidades extranjeras.
“Es necesario no confiar solo en las escalas, que dan una información gruesa, sino complementarlas con métodos como el recordatorio 24 horas (que evalúa periódicamente la nutrición de una persona o familia) y estudios de antropometría (en los cuales se examinan las medidas del cuerpo humano y se las relaciona con la alimentación). Estas fueron, precisamente, las mediciones que hicimos”, cuenta la profesora Sara del Castillo, coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsán) de la UN.
En ese sentido, manifiesta: “Se debe entender que los datos alcanzados en la Ensin son resultado de una metodología de tamizaje. De modo que, si bien pueden ser un insumo para la política pública del Estado, son muy gruesos o generales. Por eso, es necesario, y así lo demostró la investigación, hacer estudios más precisos, que se acompañen de recordatorios de dieta y mediciones más cercanas a lo que consume la gente y combinadas con información de valoración de la situación nutricional”.
Y es que, según afirma, es con este conjunto de información como se pueden tomar decisiones oficiales más acertadas. Así, si la Ensin evidencia un problema grave de inseguridad alimentaria y nutricional, las mediciones de los analistas del Obsán muestran que la situación es aún más grave, sobre todo en regiones rurales. “Esto demuestra que estamos subestimando los problemas nutricionales en algunas zonas”.
Midiendo el hambre
Los investigadores evaluaron la ingesta diaria de alimentos de 1.505 personas residentes en 432 hogares de Bogotá, Bucaramanga, Tenjo y Sibaté. Aplicaron el recordatorio de 24 horas, un interrogatorio mediante el cual se obtiene información más precisa sobre qué consumió la persona el día anterior en cada una de las comidas.
“El consumo promedio de energía fue de 1.279 kilocalorías en menores de un año, una cifra alta. También es muy alta en la población en general, lo que confirma los datos de la Ensin sobre la tendencia al sobrepeso de los colombianos; particularmente los de bajos ingresos económicos, pues se creía un fenómeno predominante en las clases altas”, señala Del Castillo.
Además, encontraron que, a pesar de que la pobreza es más marcada en las zonas rurales –de ahí la inadecuada alimentación–, el sobrepeso es prevalente tanto en el campo como en la ciudad.
Óscar Fernando Herrán, líder de la investigación y del Observatorio Epidemiológico de Enfermedades Cardiovasculares de la UIS, asegura que el estudio revela lo que pasa en hogares de diversos estratos y con personas de diferentes edades que habitan en ciudades grandes e intermedias y en zonas rurales similares a las de Cundinamarca.
“Ratificamos que el país siempre muestra una situación nutricional que empeora con los años. Demostramos, además, que no se están tomando acciones concretas en política pública y que estamos en un país con alta inequidad en términos de la distribución de la riqueza. Eso se refleja, por ejemplo, en el retraso en la talla de los niños”, concluyen los investigadores.
Para la profesora Del Castillo, el país tiene que avanzar en el uso de metodologías complementarias para tomar decisiones de política pública y los estudios deben hacerse con más frecuencia para incrementar la eficacia de las medidas.
Leandro Luciani Conde, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y experto en políticas públicas, sostiene que en la medición se deberían incluir los aspectos culturales y sociales, no solo los biológicos.
“El propósito de la política debe ser ampliar los márgenes de los derechos. Esto supone aumentar la cobertura y disminuir las barreras de acceso y las franjas de inequidad existentes. Después hay una serie de instrumentos técnicos para ver cómo se puede implementar”, dice.
Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html
Aunque la academia ha entregado herramientas más ajustadas a la realidad colombiana, en las metodologías oficiales siguen existiendo grandes vacíos que subestiman el problema.
14 de Enero del 2013
Los métodos de medición de la inseguridad alimentaria y nutricional usados en el país no alcanzan aún el grado de confiabilidad suficiente para diseñar políticas públicas adecuadas.
Esa es la conclusión de un estudio adelantado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y de la Universidad Industrial de Santander (UIS), que, desde hace dos años, insisten en la necesidad de revisar las metodologías que utiliza el Estado.
Cada una de las técnicas actuales arroja un resultado distinto, pero, en todos los casos, preocupante. Los expertos encontraron que de cada 100 hogares, en el mejor escenario, pueden existir, como mínimo, 36 que la padecen y, en el peor, como máximo, 87. Estos resultados contrastan con los de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) 2010, que estimó el problema en un promedio de 42.
La Ensin es la referencia oficial más importante, porque es un sondeo hecho por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Profamilia, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social.
En esta encuesta se recurre a unas escalas para medir la percepción que se tiene de esta inseguridad (también conocida como la “escala del hambre”). Estas parten de una referencia internacional validada en Colombia por estudios de la Universidad de Antioquia en alianza con entidades extranjeras.
“Es necesario no confiar solo en las escalas, que dan una información gruesa, sino complementarlas con métodos como el recordatorio 24 horas (que evalúa periódicamente la nutrición de una persona o familia) y estudios de antropometría (en los cuales se examinan las medidas del cuerpo humano y se las relaciona con la alimentación). Estas fueron, precisamente, las mediciones que hicimos”, cuenta la profesora Sara del Castillo, coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsán) de la UN.
En ese sentido, manifiesta: “Se debe entender que los datos alcanzados en la Ensin son resultado de una metodología de tamizaje. De modo que, si bien pueden ser un insumo para la política pública del Estado, son muy gruesos o generales. Por eso, es necesario, y así lo demostró la investigación, hacer estudios más precisos, que se acompañen de recordatorios de dieta y mediciones más cercanas a lo que consume la gente y combinadas con información de valoración de la situación nutricional”.
Y es que, según afirma, es con este conjunto de información como se pueden tomar decisiones oficiales más acertadas. Así, si la Ensin evidencia un problema grave de inseguridad alimentaria y nutricional, las mediciones de los analistas del Obsán muestran que la situación es aún más grave, sobre todo en regiones rurales. “Esto demuestra que estamos subestimando los problemas nutricionales en algunas zonas”.
Midiendo el hambre
Los investigadores evaluaron la ingesta diaria de alimentos de 1.505 personas residentes en 432 hogares de Bogotá, Bucaramanga, Tenjo y Sibaté. Aplicaron el recordatorio de 24 horas, un interrogatorio mediante el cual se obtiene información más precisa sobre qué consumió la persona el día anterior en cada una de las comidas.
“El consumo promedio de energía fue de 1.279 kilocalorías en menores de un año, una cifra alta. También es muy alta en la población en general, lo que confirma los datos de la Ensin sobre la tendencia al sobrepeso de los colombianos; particularmente los de bajos ingresos económicos, pues se creía un fenómeno predominante en las clases altas”, señala Del Castillo.
Además, encontraron que, a pesar de que la pobreza es más marcada en las zonas rurales –de ahí la inadecuada alimentación–, el sobrepeso es prevalente tanto en el campo como en la ciudad.
Óscar Fernando Herrán, líder de la investigación y del Observatorio Epidemiológico de Enfermedades Cardiovasculares de la UIS, asegura que el estudio revela lo que pasa en hogares de diversos estratos y con personas de diferentes edades que habitan en ciudades grandes e intermedias y en zonas rurales similares a las de Cundinamarca.
“Ratificamos que el país siempre muestra una situación nutricional que empeora con los años. Demostramos, además, que no se están tomando acciones concretas en política pública y que estamos en un país con alta inequidad en términos de la distribución de la riqueza. Eso se refleja, por ejemplo, en el retraso en la talla de los niños”, concluyen los investigadores.
Para la profesora Del Castillo, el país tiene que avanzar en el uso de metodologías complementarias para tomar decisiones de política pública y los estudios deben hacerse con más frecuencia para incrementar la eficacia de las medidas.
Leandro Luciani Conde, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y experto en políticas públicas, sostiene que en la medición se deberían incluir los aspectos culturales y sociales, no solo los biológicos.
“El propósito de la política debe ser ampliar los márgenes de los derechos. Esto supone aumentar la cobertura y disminuir las barreras de acceso y las franjas de inequidad existentes. Después hay una serie de instrumentos técnicos para ver cómo se puede implementar”, dice.
Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html
