- José Luis Valdés Ugalde, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN).
7 de agosto de 2010
• Esa pausa se debe utilizar para la reflexión pública entre ambos países, señaló el investigador del CISAN de la UNAM, José Luis Valdés Ugalde
• Tenemos que aprovechar la oportunidad para establecer un diálogo más razonable sobre el marco legal, sobre una nueva reforma migratoria en EU y un nuevo pacto bilateral en la materia, indicó
• El problema, subrayó, es resolver una dinámica económica de mercado laboral
Las restricciones impuestas a la Ley Arizona SB1070, darán un “respiro” a la relación entre México y Estados Unidos, que se debe utilizar para la reflexión pública entre ambos; es fundamental hacer un esfuerzo bilateral adicional para lograr avanzar en la reforma migratoria, aseguró el integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, José Luis Valdés Ugalde.
En los términos en que se aprobó la Ley Arizona, reiteró, se abre un lapso legal para que los actores involucrados, migrantes y mexicano-estadounidenses, con cautela esperen lo que viene, en el marco del debate público, legal y político.
Tenemos que aprovechar la oportunidad para establecer un diálogo más razonable sobre el marco legal, en torno a una nueva reforma migratoria en EU.
Un argumento de gran ventaja para México es el hecho de que se trata de “trabajadores indocumentados, en efecto”, pero que se encuentran de facto realizando una actividad económica que ha enriquecido históricamente regiones enteras en esa nación; han pagado impuestos directos e indirectos, y cubierto una necesidad del mercado laboral estadounidense, enfatizó.
Así, acotó, con las limitaciones a la ley, se incapacitó al gobierno de Arizona y a sus fuerzas respectivas, para aplicarla por su cuenta y se reconoció a la Federación su prerrogativa histórica para implementarla. Además, con las modificaciones se le resta el carácter racista y discriminatorio, lo que significa una importante derrota política para los sectores radicales.
Este hecho, agregó, traerá como consecuencia, en un mediano plazo, un alto costo político para los sectores recalcitrantes que impulsaron la legislación, y para la gobernadora Jan Brewer, que aunque seguramente se reelegirá, tendrá algunos obstáculos para lograrlo. Hay que recordar las inconveniencias que la llamada Propuesta 187 causó a los republicanos en 1994, quienes no volvieron a tener el control político de ese estado hasta 2003.
Por otra parte, mencionó que las disposiciones que no se aplicarán, son: de la sección uno, lo relacionado con la aprehensión de indocumentados que anden por las calles esperando a ser empleados; de la sección dos, que los policías ya no tendrán la autoridad de pedir documentos a los sospechosos de migrantes y, por lo tanto, no podrán detenerlos en la calle sin una justificación plena, detalló.
Respecto a la sección tres, en la que se considera delito no portar documentos que comprueben estancia legal en Estados Unidos, queda completamente anulada; la sección cuatro, referente al tráfico de personas, de migrantes como delito, también se invalida.
Por el momento, no importa tanto lo que se aplique o no de la ley, lo trascendente es que quedó “descuartizada”. Por lo tanto, el fallo de la jueza federal Susan Bolton representa para la gobernadora Jan Brewer varias “piedras en el zapato”, pues en términos reales, por ahora la ley está congelada.
Aquí, precisó el investigador, el problema es resolver una dinámica económica de mercado laboral que provoca que los migrantes vayan a Estados Unidos; por un lado, se les expulsa del mercado de trabajo mexicano, y por el otro, se les contrata en esa nación a sabiendas que su estancia es ilegal. Lo fundamental, en todo caso, es exigir que se respeten los derechos humanos.
Finalmente, señaló que se trata de trabajadores que cubren una demanda de trabajo importante que Estados Unidos necesita resolver en el tema de los servicios, del agro, y en muchos otros sectores de la economía.
Créditos: UNAM. DGCS -466/unam.mx
