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Temas clásicos y de coyuntura, bajo análisis en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado

 
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Nuria González Martín, directora del Boletín Mexicano de Derecho Comparado, editado por el IIJ de la UNAM.
Nuria González Martín, directora del Boletín Mexicano de Derecho Comparado, editado por el IIJ de la UNAM.

23 de mayo de 2011

• Con 63 años de existencia, está indizado en Scopus; SciELO; Index to Foreing Legal Periodicals; International Political Science Abstracts; Redalyc, y en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt, entre otras

Temas clásicos como la comparación entre los sistemas jurídicos del mundo, los derechos humanos y el análisis constitucional figuran en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, con asuntos de coyuntura como el principio de igualdad, las uniones entre personas del mismo sexo y la equidad de género.

Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, en sus páginas refleja las corrientes contemporáneas del pensamiento en la materia, responde a las nuevas necesidades de conocimiento e información de los especialistas, y se adapta a los cambios tecnológicos en la producción editorial, afirmó la directora de la publicación, desde 2007, Nuria González Martín.

El objetivo de esta revista cuatrimestral es difundir la investigación enfocada primordialmente a la solución de problemas nacionales; aportar información científica sobre las distintas disciplinas del área; prestar apoyo a las actividades docentes y a la investigación en la UNAM y en otras instituciones del país o del extranjero, añadió.

Abierta al análisis internacional y con énfasis en temas jurídicos de Iberoamérica, cuenta con colaboradores de todas las latitudes; predominan autores, en Latinoamérica, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, y en Europa, de Alemania, España y Portugal.

Entre sus campos, el derecho comparado tiene un papel central. “Predominan los sistemas jurídicos de una región, por ejemplo, el Mercosur. No obstante, los temas del Civil law o del Common law son tradicionales”, señaló.

Índices y presencia en línea

Se publica en español por ser un claro referente de temas iberoamericanos, aunque eventualmente incluye colaboraciones en inglés y portugués. Por estar en bases e índices de excelencia, posee título, resumen y palabras clave en inglés, precisó la editora.

El Boletín Mexicano de Derecho Comparado está registrado en los índices Bibliography of Asian Studies (online edition); CSA Political Science & Government (Cambridge Scientific Abstracts); Index to Foreign Legal Periodicals; International Political Science Abstracts; Periodicals Index Online; Russian Academy of Sciences Bibliographies; Human Rights Internet Reporter, y Marine Affairs Bibliography.

También, forma parte del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); Scientific Electronic Library Online (SciELO); Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc); Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt; Ulrich´s, y recientemente, ingresó a la base de datos Scopus.

Desde 2001, se implementó su versión en línea, con la puesta en marcha de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ. “La inclusión de nuestra publicación en los índices y bases de datos internacionales ha generado un impacto de su visibilidad en todo el orbe”, reconoció González Martín.

Además, puede consultarse en el Portal de Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM, “una excelente plataforma que concretiza los trabajos que se han organizado por parte de la Universidad”, consideró.

Seis décadas de análisis

El Boletín Mexicano de Derecho Comparado, fue fundado en 1948 por Joaquín Rodríguez y Rodríguez, su primer director técnico y exiliado español.

Inicialmente, surgió como Boletín del Instituto de Derecho Comparado, revista periódica de esa entidad. En 1967, el Instituto de Derecho Comparado de México cambió su nombre al de Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la publicación cambió su denominación por Boletín Mexicano de Derecho Comparado, a partir de 1968. “Si bien se inauguró una ‘nueva serie’, ésta conservó continuidad, estructura y espíritu con la fundada en 1948”, aclaró la editora.

Desde entonces, el derecho comparado ha sido un tema central y constante. “Este análisis comparativo es útil como medio para ver con mayor claridad la esencia de nuestro propio sistema nacional; para la unificación, armonización y codificación transnacional del derecho ante situaciones de integración y/o globalización.

Además, ayuda a aclarar el elusivo concepto de ‘orden público’; sirve como instrumento para crear una ciencia jurídica y, concretamente, una ciencia social, y para mejorar el estudio de las diferentes familias jurídicas existentes, con la encomienda de extraer la esencia de cada una y así analizarla y compararla con nuestro ordenamiento interno o autónomo”, explicó la universitaria.
Créditos: UNAM-DGCS-304-2011/unam.mx

Necesaria, una nueva Constitución en México

 
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La Constitución de 1917 fue la primera de carácter político-social en el mundo, al introducir el concepto de garantías sociales.
La Constitución de 1917 fue la primera de carácter político-social en el mundo, al introducir el concepto de garantías sociales.

5 de febrero de 2011

• José Barragán Barragán, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aconsejó integrar las preocupaciones actuales para crear un texto acorde a la realidad nacional
• El documento constitucional de 1917 suma 502 modificaciones desde su promulgación, refirió la investigadora Adriana Berruecos, de la misma entidad

México necesita una nueva Carta Magna, acorde a las exigencias del derecho constitucional moderno y a las preocupaciones de los mexicanos, aseguró José Barragán, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Esta ley fundamental, estableció, debe renovar su contenido y la esencia del pacto social de convivencia entre los mexicanos; incluir un capítulo completo dedicado a los derechos humanos y con medios para garantizarlos si alguna autoridad no los respeta; regular el ejercicio del poder, con el fin de que todos los niveles de gobierno trabajen en beneficio de la colectividad, e incorporar los principios fundamentales del texto actual, con nuevos enunciados.

“Hay que enderezar los cauces de este país por un nuevo derrotero. Tenemos especialistas capaces de cumplir con esta encomienda”, apuntó.

El texto que tenemos, al compararlo con los de Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile o Argentina, “veremos que está agotado, abandonado. No tiene ninguna relación con los problemas actuales en nuestro país”.

Por ejemplo, argumentó, la nuestra establece que el salario debe ser remunerador; sin embargo, no hay nada más deteriorado en los últimos 40 años y no hay ninguna reforma, en lo particular.

Está mermada la seguridad social e, incluso, la asistencia médico- sanitaria todavía no llega a los campesinos. “Esas esperanzas no sólo no se han satisfecho del todo, sino que prácticamente se han cancelado para los trabajadores”, afirmó.

Aportación al constitucionalismo universal

La Constitución de 1917, explicó, fue la primera de carácter político-social en el mundo, al introducir el concepto de garantías sociales, resumidas en la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, un nuevo régimen de propiedad de la tierra, el derecho al trabajo, y la separación del Estado y la Iglesia, ejes rectores referidos en los artículos 3, 27, 123 y 130, respectivamente.

Además de contener principios de reformas sociales y derechos en favor de obreros y campesinos, fue formulada para gobernar a todos los mexicanos sin distinción de raza, credo, condición social o política; en ella se dictó la libertad de pensamiento y creencia.

Los cambios más relevantes sobre la Constitución de 1857, fueron la eliminación de la reelección del presidente de la República y la supresión del cargo de vicepresidente. Cuenta con 136 artículos, divididos en nueve títulos.

Nuestra ley fundamental, por su parte subrayó Adriana Berruecos, también del IIJ, conserva artículos del texto de 1857. En específico, el sexto, referente a la libertad de expresión, y el séptimo, que regula la libertad de imprenta. Salvo las reformas recientes al primero, en materia de acceso a la información, conservan su esencia.

Modificaciones a la Carta Magna

Desde el punto de vista teórico, afirmó la también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Constitución tiene un procedimiento muy severo para su modificación. Sin embargo, advirtió, desde su promulgación ha tenido 502 reformas. Entre los años 1994 y 2000, se registró el mayor número de éstas, con 77.

No hay que ser tan drásticos, acotó, y decir que nuestro texto constitucional debe permanecer inmóvil. Las necesidades sociales cambian y es necesario efectuar ajustes para armonizar todo el sistema jurídico. “En ocasiones no serían necesarias tantas modificaciones a la Constitución, sino a la normatividad secundaria. Además hay que vigilar estrictamente sus principios torales”, concluyó.
Créditos: UNAM-DGCS-0073-2011/unam.mx

Estudian universitarios identidad y discriminación en comunidades afroamexicanas

 
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En México habitan varias comunidades de negros, como la de los mascogos, al norte de país, y la de los cimarrones, al sur-sureste.
En México habitan varias comunidades de negros, como la de los mascogos, al norte de país, y la de los cimarrones, al sur-sureste.

24 de agosto de 2010

* Integrantes del Área de Investigación Aplicada y Opinión, del IIJ de la UNAM, realizaron la Encuesta Nacional de Discriminación 2010

En el país existe un grupo étnico poco conocido, y no considerado como tal por el gobierno mexicano para ser receptor de los beneficios de los programas de ayuda social: el de los descendientes de africanos o negros.

“Nadie sabe cuántos negros habitan en el país. Fuimos a algunos lugares con ese tipo de población, pero no podemos afirmar que recogimos toda la información disponible porque no tenemos los recursos necesarios para barrer el territorio nacional”, dijo Julia Isabel Flores Dávila, encargada del Área de Investigación Aplicada y Opinión (AIAO), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

En la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en Veracruz y en Tabasco vive población afromexicana, “pero queremos que se sepa que también hay en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila”, acotó.

Se denominan a sí mismos “afromexicanos”, aunque también se han comenzado a nombrar “negros”, a raíz de una serie de reuniones y congresos que han organizado recientemente. “En general, permiten que sólo sus amigos o gente cercana los llame negros. Si uno les dice así, se ofenden”, explicó la investigadora.

Para sus estudios, los integrantes del AIAO se valen de encuestas, entrevistas, observación participante y análisis de léxico, entre otras herramientas. “Una de las preguntas que hicimos fue cómo prefieren que los llamemos, lo discutieron y contestaron: morenos. Pero, si cuestionáramos a la población mexicana de qué color es su piel, la mayoría respondería que morena; entonces, cómo distinguirlos a ustedes. Nuevamente lo discutieron y propusieron: mejor dígannos afromexicanos”, relató Flores Dávila.

En el país, habitan varias comunidades, como la de los mascogos, que en su huida de la guerra civil de Estados Unidos, llegó al norte de la nación, y la de los cimarrones, que en su evasión del trabajo en las minas y plantaciones de caña de azúcar durante la Colonia, se asentó en el sur-sureste. “La Constitución de Oaxaca protege, al igual que a los indígenas, a los afromexicanos”.

Se han realizado estudios antropológicos e históricos sobre estos grupos: cuando llegaron al territorio en la época de la Colonia, durante la esclavitud, y su forma de vida. Las investigaciones de Gonzalo Aguirre Beltrán, médico y antropólogo mexicano son clásicas, pero los universitarios quisieron indagar cómo vive en la actualidad esta población, en qué condiciones, a qué se dedica, cuánto gana, y cuáles son sus costumbres y cultura.

Al respecto, Flores Dávila señaló: “En Cuajinicuilapa, Guerrero, hay un pequeño museo de la negritud que está en riesgo de desaparecer; se requiere ayuda para rescatarlo, porque prácticamente es lo único que hay, además de algunas tradiciones, como la Danza de los Diablos”.

En Guerrero y Oaxaca existen más de 40 municipios que piden ser considerados afromexicanos o afrodescendientes. Al respecto, se solicitó al Congreso de la Unión crear programas y desarrollar políticas públicas para atender los problemas de sus pobladores, que subsisten en condiciones extremas de marginación y pobreza, indicó.

Encuesta Nacional de Discriminación 2010

El Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) solicitó a la UNAM realizar la Encuesta Nacional de Discriminación 2010.

“La mayoría viven del campo, pero algunos ya empiezan a migrar. Unos pensaron que al llegar a Estados Unidos, donde hay población negra, los iban a considerar hermanos, pero la realidad es que allá los llaman hispanic y también los segregan”, indicó Flores Dávila.

“Recogimos información de 14 grupos vulnerables, así como de la diversidad étnica y cultural del país. Queremos que en nuestra investigación, que consta de 41 mil 400 casos, aparezcan poblaciones de afromexicanos, pero también otros grupos culturales que por años han estado asentados en nuestra sociedad, sin que siquiera sepamos cómo son”.

Algunas organizaciones no gubernamentales, como México Negro (dirigida por Glynn Jemmott, sacerdote católico proveniente de Trinidad y Tobago, y que ha trabajado en el pueblo de El Ciruelo, en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, por más de 20 años), están dedicadas a trabajar con ellos.

Asimismo, los universitarios encontraron que, por su fenotipo (genes), los afromexicanos son, al igual que otros grupos de mexicanos, propensos a desarrollar diabetes. Por ejemplo, entre la población negra de Veracruz, cuyas calorías provienen de la caña de azúcar, hay habitantes jóvenes que pierden la vista.
Créditos: UNAM. DGCS-500/unam.mx

Internet, espacio que facilita la usurpación de identidad

 
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Julio Téllez Valdés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, invitó a los internautas a ser más responsables con la información que suben a la red.
Julio Téllez Valdés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, invitó a los internautas a ser más responsables con la información que suben a la red.

3 de agosto de 2010

• Los datos que una persona sube a la red pueden ser utilizados apócrifamente para cometer delitos, expuso Julio Téllez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
• La ALDF recién aprobó reformas al Código Penal del DF que sancionan estas prácticas, mientras que la Cámara de Diputados tiene una propuesta para proteger al ciudadano de este ilícito

El internet, y en especial las redes sociales, son utilizadas como herramientas tecnológicas que permiten obtener datos que, usados apócrifamente, permiten a los delincuentes cometer ilícitos a nombre de terceras personas.

Una de las prácticas más recurrentes es el llamado robo o usurpación de identidad, que consiste en tomar los datos de cualquier persona (ya sea porque ésta los proporcionó en algún sitio o los subió a alguna red social), para posteriormente usar esta información y perpetrar fraudes o delitos mayores, expuso el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Julio Téllez Valdés.

Por eso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) recién aprobó una iniciativa que regula este ámbito. Con esto, los diputados locales tipifican este “delito” en el Código Penal capitalino, al señalar que todo aquel que suplante, altere, falsifique o reproduzca documentos oficiales (como licencias de conducir o actas de nacimiento) es merecedor de una sanción.

La nueva norma establece periodos de prisión que van de los dos a los seis años, y una multa de 400 a 600 días de salario mínimo a quien incurra en este tipo de faltas. “Esto plantea un sesgo interesante en lo que al uso inadecuado de tecnologías se refiere”.

En la Cámara de Diputados también existe una iniciativa de ley para castigar estas conductas, aunque no está tan avanzada como la de la ALDF. Con ambas, apuntó, lo que se pretende es proteger a la ciudadanía de este tipo de abusos.

El especialista explicó que el escenario para que se den estos ilícitos no sólo involucra a la informática, sino a las telecomunicaciones, las cuales son manejadas a nivel federal. “Por tanto, los artículos modificados podrían ser considerados inconstitucionales; sin embargo, se están buscando acuerdos para que, en materia de seguridad pública, se pueda actuar de manera indistinta en las diversas entidades federativas”.

Sin embargo, como el Código Penal del DF ya considera delitos a este tipo de prácticas, éstas se volvieron responsabilidad de la Unidad Especializada para el Combate a la Delincuencia Cibernética, grupo antidelictivo que ha tenido aciertos en el combate de estos ilícitos, aunque carece de personal especializado en este ámbito, pues de nada sirve regular algo si no existe una autoridad que aplique las reformas legales.

“No basta tener una buena reforma legal sin autoridades que sepan aplicarla”, añadió.

Debemos ser cautelosos con lo que damos a conocer en las redes sociales, pues en ocasiones personas extrañas tienen nuestra información, y la obtuvieron a través de ese medio, destacó.

Téllez Valdés aclaró que ser cuidadoso no es sinónimo de tener miedo, ni estar alerta significa cancelar cuentas o evitar operaciones por internet; más bien, estas advertencias son una invitación a ser más responsables con el uso del internet y a evaluar siempre las posibles consecuencias de nuestros actos.

Cada quien tiene derecho a poner lo que desee en sus páginas personales en la web 2.0, pero antes debe considerar cualquier situación de riesgo, especialmente las mujeres, y tener una especial cuidado para proteger a los niños y adolescentes, concluyó.

Créditos: UNAM. DGCS -457/unam.mx

Viable y necesario, romper con el modelo laboral tradicional de paternidad

 
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Las prestaciones laborales por paternidad, en el caso de los varones, podría permitir que en una situación que implique los cuidados del menor no siempre sea la mujer quien suspenda sus actividades laborales, consideró Alfredo Sánchez Castañeda.
Las prestaciones laborales por paternidad, en el caso de los varones, podría permitir que en una situación que implique los cuidados del menor no siempre sea la mujer quien suspenda sus actividades laborales, consideró Alfredo Sánchez Castañeda.

24 de junio de 2010

• Si se quiere que los hombres asuman ese papel con mayor responsabilidad, son necesarias reformas que incluyan licencias por cuidados infantiles y la prestación, por igual, del servicio de guarderías, consideró Alfredo Sánchez Castañeda, del IIJ de la UNAM

Existen dos maneras de romper con el modelo de paternidad tradicional que existe en México. Una es la jurídica, que implica otorgar facultades a los hombres cuando ostentan su papel de padres, y otra, sortear la barrera cultural para que la sociedad considere necesarias ciertas reformas laborales, que permitan alcanzar la igualdad de derechos en la materia entre ambos sexos.

“Si se quiere que las mujeres se desarrollen profesionalmente y los varones asuman con mayor responsabilidad su paternidad, son necesarias enmiendas que incluyan licencias por cuidados infantiles y la prestación, por igual, del servicio de guarderías”, consideró Alfredo Sánchez Castañeda, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, en el Día del Padre.

Asimismo, abundó, se debe sensibilizar a los empleadores para que consideren fundamental que sus trabajadores gocen de estos derechos; ello permitiría que la mujer no tenga condicionado su empleo por cuestiones de maternidad y, a su vez, colocaría a ambos en equidad de circunstancias en materia laboral.

El también coordinador del Área de Derecho Social del IIJ, mencionó que hasta ahora el servicio de guardería está limitado para padres divorciados o viudos, y los que tienen la patria potestad de sus hijos.

En el caso del descanso pre y posnatal, el varón no posee esta prestación, y aunque su circunstancia fisiológica no es igual a la de las mujeres, deberían tener las mismas oportunidades que la madre de cuidar al recién nacido, señaló.

Gozar de estos derechos, acotó, implica también una aceptación de la sociedad, porque se piensa que si un hombre tiene días de descanso por paternidad, en realidad no los empleará para estar al cuidado de los hijos, sino más bien, serán vacaciones adicionales.

Además, aseveró, el hecho de que un varón pueda tener prestaciones laborales por paternidad, podría permitir que en una situación que implique los cuidados del menor, no siempre sea ella quien suspenda sus actividades laborales.

Necesaria, una legislación

Si existiera una legislación al respecto, como sucede en la mayoría de los países integrantes de la Unión Europea, donde la madre o el padre pueden pedir una licencia hasta por dos años por cuidados de los menores, lograríamos una mejor protección para los infantes y alcanzaríamos igualdad de oportunidades, consideró.

En México, esos permisos podrían ser menores, quizá de seis meses. En el sector público, ejemplificó, los trabajadores tienen la posibilidad de pedir la suspensión temporal de sus labores por medio año, por diversas circunstancias. Entonces, en esa prestación se podría insertar la licencia por paternidad, y determinar si se concede con o sin goce de sueldo.

En cuanto al servicio de guarderías, el especialista en seguridad social abundó que tendría que darse en un estricto plano de igualdad; es decir, todo hombre o mujer que tenga descendencia, independientemente de su estado civil, debería tener acceso a ellas.

Además, añadió, los permisos denominados “cuidados maternos”, deberían llamarse cuidados infantiles, para que como prestación correspondan a ambos. Estas medidas fomentarían equidad y una corresponsabilidad más desarrollada.

En la actualidad, en México no existen políticas ni leyes que garanticen esta facultad a los varones, principalmente porque no se conciben como obligación, y porque los encargados de hacerlas no quieren ir en contra de los intereses económicos del sector empresarial, enfatizó.

Aunque se han presentado iniciativas al respecto, los empleadores no las han apoyado, pues en caso de maternidad deben hacer una contribución económica, cuando es a la seguridad social a quien corresponde cubrirla, refirió.

Hasta ahora, ni la Ley Federal del Trabajo, ni los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo contemplan ese tipo de prestaciones, y sin estas reformas, se seguirán perpetuando las desigualdades y la falta de responsabilidad por parte de los varones en su papel como padres de familia, concluyó.

Créditos: UNAM. DGCS -372/unam.mx