18 de enero de 2011

* Involucra ilegalmente a las fuerzas armadas en labores policiacas, denuncia Tenorio Tagle

* En diferentes regiones del país hay un estado de sitio de facto

* El abogado analiza la situación en su artículo “Las políticas en torno a las drogas”, publicado en la revista Alegatos

El país pasó de mil ejecuciones al año durante la administración de Vicente Fox a 4 mil en los dos primeros años del actual sexenio y 12 mil en el tercero; en 2010 la cifra asciende a 14 mil ejecutados, por lo que el recuento de muertes a causa de esta guerra contra el narcotráfico podría rebasar los 34 mil fallecidos, señaló el doctor Fernando Tenorio Tagle, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Las quejas de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército (detenciones arbitrarias, cateos inconstitucionales, violaciones, robos y homicidios) se han incrementado en la gestión presidencial actual en 600 por ciento y las fuerzas militares han sido exoneradas o los casos encausados a tribunales militares.

Estos registros evidencian una guerra paciente y escrupulosamente derrotada; un fracaso de las políticas en torno a las drogas y los síntomas de un estado de sitio de facto, sostiene el abogado en su artículo “Las políticas en torno a las drogas”, que aparecerá en el próximo número de la revista Alegatos, que edita la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.

La actual administración federal, ávida de consenso, ha activado una guerra inútil, una cruzada moral contra el crimen organizado vinculado al tráfico de drogas sin obtener ningún resultado, asegura en su texto. En esta campaña ha involucrando ilegalmente a las fuerzas armadas en labores policiacas, situación que ha establecido en diferentes regiones del país un estado de sitio de facto en el que el Ejército y la policía federal actúan en abierta ilegalidad.

El académico del Departamento de Derecho explica que la guerra tiende a convertirse en el instrumento simbólico más importante de cohesión social, dado que posibilita e influencia la unión para luchar en contra del “otro”, del enemigo nominado, es por ello que los dirigentes faltos de consenso apelan a ella.

Observa que en el caso de México la guerra contra el narcotráfico ha sido el acto más difundido de la presente administración presidencial sin ningún resultado real positivo, pero sí muchos negativos, como el incremento exponencial de la violencia y el numero de ejecutados a partir de la intervención de las fuerzas armadas.

Llama la atención sobre el hecho de que en países de la Unión Europea donde se verifican cerca de un millón de transacciones ilegales diariamente o en Estados Unidos que es el mayor consumidor de drogas ilegales no se experimentan campañas militares en funciones penales como en México.

En esos países las drogas continúan traficándose ilegalmente y consumiéndose, pero con reducidos márgenes de violencia porque no han militarizado esta cruzada, lo que puede indicar que sean otros los intereses encubiertos por estas políticas.

Para el especialista, una política para reducir o erradicar el tráfico de drogas debe considerar fundamentalmente acciones de prevención y la recuperación de experiencias aleccionadoras, como la holandesa, que legalizó el consumo de mariguana y hachís, autorizando su consumo en cafés y bares, que si bien no ha eliminado el tráfico, ni disminuido radicalmente el número de usuarios, sí resultó un ejemplo ilustrativo para disminuir la violencia y el mercado negro.

La apuesta de legalizar las drogas, de regular esta mercancía en la formalidad tal como sucede con el alcohol y el tabaco debe considerarse en este conflicto, sostiene. Advierte que bajo el aparente ánimo de proteger la salud de la comunidad y terminar con el narcotráfico se han realizado intervenciones a otras naciones.

En Colombia las intervenciones estadunidenses justificadas por la persecución de cárteles de las drogas sirvieron para relajar una disidencia que no se concentra en la actual lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y también en contra del antiguo movimiento del M-19.

Es así que Colombia vivió por mucho tiempo un estado de excepción cuya consecuencia fue la suspensión de garantías individuales, esto es, la permisión de la violencia estatal a través del sistema punitivo sin limitación alguna.

Finalmente hoy el desiderátum se revela en la suscripción de un convenio para establecer en ese país bases militares estadunidenses que no tienen relación alguna con el problema, socialmente construido, del narcotráfico o el uso de drogas.

El experto en criminología opina que “las drogas han sustituido al enemigo que caracterizó los conflictos durante la guerra fría confluyendo con el amplio tema de la inseguridad frente al delito; hoy, cuando el capitalismo avanzado exige su implantación global y se pretende consolidar la hegemonía de Occidente la guerra contra los estupefacientes continuará por ser un buen pretexto para los intereses del capital local y global”.
Créditos: UAM/Dirección de Comunicación Social/uam.mx / Boletín 012/11