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Derecho a la salud, otro foco de pensamiento

 
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17 de junio de 2015

salud

Bogotá D. C., jun. 17 de 2015 – Agencia de Noticias UN- Este miércoles se hará el lanzamiento oficial del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud: Sistemas y Democracia, que forma parte de los focos de pensamiento liderados por la Vicerrectoría de Investigación. Continue reading Derecho a la salud, otro foco de pensamiento

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, UN BIEN JURÍDICO Y SOCIAL

 
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La construcción del derecho a la protección de la salud, que representa un bien jurídico, aún es incipiente en el país. Aunque el avance en materia de derechos humanos ha impulsado su consolidación, existen pendientes en el rubro, aseguró Edgar Corzo Sosa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
En la Reunión de la Red de Revistas en Derecho Constitucional, refirió que existen resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este ámbito, que han generado criterios obligatorios, entre otros, equidad de género en el acceso a los servicios sanitarios, abasto suficiente y oportuno de medicamentos y obligación del Estado de desarrollar políticas públicas.
Al presentar un informe de la situación del derecho a la salud en México, expuso que además de la jurisprudencia generada por el máximo tribunal del país, hay criterios no obligatorios relacionados con medidas sanitarias, garantía de tratamientos a desempleados que realizaron aportaciones mínimas a los sistemas de protección social, así como derecho a la atención en casos de prisión preventiva y salud mental.
Planteó que la construcción jurídica del derecho a la protección a la salud con calidad, oportunidad y equidad requiere, además de resoluciones de la Corte, aportaciones de los involucrados.
Adicciones y derechos humanos
En su oportunidad, Fernando Cano Valle, comisionado Nacional contra las Adicciones, aseguró que en México el número de personas con dependencia a sustancias no atendidas por el sistema nacional de salud pasó de 450 mil en 2008, a 550 mil en 2011.
Quienes consumen sustancias nocivas como alcohol, mariguana, cocaína y otros estupefacientes, no reciben la atención especializada que requieren en clínicas y hospitales. Además, México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no ha logrado el acceso universal a la salud, sostuvo el también ex director de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Ante el aumento de la población referida, es necesario reformular las políticas públicas en este rubro y orientarlas a la capacitación de médicos generales, incorporación de psiquiatras en esquemas de atención y formación de recursos humanos especializados.
El sistema nacional de salud debe garantizar que las personas adictas no sean tratadas como criminales, sino como enfermos psiquiátricos que requieren tratamiento especializado. Es indispensable ampliar la cobertura para atenderlos en hospitales y clínicas, concluyó.
Créditos: UNAM-DGCS-025-2014
derechoalasaludLa construcción del derecho a la protección de la salud, que representa un bien jurídico, aún es incipiente en el país. Aunque el avance en materia de derechos humanos ha impulsado su consolidación, existen pendientes en el rubro, aseguró Edgar Corzo Sosa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

En la Reunión de la Red de Revistas en Derecho Constitucional, refirió que existen resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este ámbito, que han generado criterios obligatorios, entre otros, equidad de género en el acceso a los servicios sanitarios, abasto suficiente y oportuno de medicamentos y obligación del Estado de desarrollar políticas públicas.
Al presentar un informe de la situación del derecho a la salud en México, expuso que además de la jurisprudencia generada por el máximo tribunal del país, hay criterios no obligatorios relacionados con medidas sanitarias, garantía de tratamientos a desempleados que realizaron aportaciones mínimas a los sistemas de protección social, así como derecho a la atención en casos de prisión preventiva y salud mental.
Planteó que la construcción jurídica del derecho a la protección a la salud con calidad, oportunidad y equidad requiere, además de resoluciones de la Corte, aportaciones de los involucrados.
Adicciones y derechos humanos
En su oportunidad, Fernando Cano Valle, comisionado Nacional contra las Adicciones, aseguró que en México el número de personas con dependencia a sustancias no atendidas por el sistema nacional de salud pasó de 450 mil en 2008, a 550 mil en 2011.
Quienes consumen sustancias nocivas como alcohol, mariguana, cocaína y otros estupefacientes, no reciben la atención especializada que requieren en clínicas y hospitales. Además, México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no ha logrado el acceso universal a la salud, sostuvo el también ex director de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Ante el aumento de la población referida, es necesario reformular las políticas públicas en este rubro y orientarlas a la capacitación de médicos generales, incorporación de psiquiatras en esquemas de atención y formación de recursos humanos especializados.
El sistema nacional de salud debe garantizar que las personas adictas no sean tratadas como criminales, sino como enfermos psiquiátricos que requieren tratamiento especializado. Es indispensable ampliar la cobertura para atenderlos en hospitales y clínicas, concluyó.
Créditos: UNAM-DGCS-025-2014

MÚLTIPLES, LOS PROBLEMAS PARA MATERIALIZAR EL DERECHO A LA SALUD EN MÉXICO

 
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En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se realizó el Foro La Protección de la Salud como Obligación del Estado.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se realizó el Foro La Protección de la Salud como Obligación del Estado.

7 de mayo de 2011

• En el país, según el censo, hay 37 millones de habitantes que no tienen acceso a estos servicios, expusieron académicos universitarios, en el Foro La protección de la Salud como obligación del Estado, organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas

La materialización del derecho a la salud en México enfrenta problemas como el bajo y heterogéneo gasto público en el sector, que se traduce en el acceso limitado y desigual a los servicios respectivos.

También, figura la fragmentación del sistema y del modelo institucional de atención, cuyas implicaciones se traducen en una calidad desigual en los servicios, así como bajos niveles de eficiencia. A ello, se suma la generación de actos discriminatorios y de selección por motivos de naturaleza económica, plantearon académicos universitarios.

En el Foro La Protección de la Salud como Obligación del Estado, organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Leonardo Lomelí, director de la Facultad de Economía, explicó que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, a partir de los resultados del Censo de Población 2010, el 33.2 por ciento de la población mexicana (37 millones de personas) carece de acceso a esos servicios.

“Esa situación debería ser inaceptable en una nación que es considerada de ingreso medio-alto por el Banco Mundial, o de desarrollo humano medio-alto por las Naciones Unidas”, dijo.

La desigualdad, abundó, una de las características más notorias de la realidad económica y social, se expresa de manera cruda en el acceso a los servicios, que en el DF afecta al 32.9 de los habitantes; en Veracruz, al 40 por ciento; en Chiapas, al 44, y en Puebla, al 54.4.

Pedro Salazar Ugarte, también investigador del IIJ, sostuvo que la salud es un derecho humano fundamental. La reforma constitucional en proceso de aprobación, entre otros aspectos, implicará elevar a rango constitucional tratados e interpretaciones internacionales que vinculan al Estado mexicano, y que están relacionados con la protección y garantía de esa facultad.

En tanto, Diego Valadés, investigador y ex director del IIJ, comentó que en el país se requieren soluciones en este rubro. “Independientemente del esfuerzo que se haga en cuanto a inversión o ampliación de la cobertura, lo que está al alcance de una instancia como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) es transformar su naturaleza arbitral por la de un órgano promocional”.

La Comisión debe convertirse en un ombudsman de la salud, y modificar su composición. En este momento, sus integrantes son designados por el gobierno. Por ello, sugirió incluir a usuarios, representantes de los prestadores privados, y entidades académicas.

En el encuentro, moderado por Joaquín Narro Lobo, Ingrid Brena Sesma, del IIJ, recordó que el Estado, en 1983, reformó el artículo cuarto de la Constitución para incluir el derecho en la materia.

En tanto, las reformas legislativas del 2003 y 2004, permitieron la creación de un nuevo sistema integrado por tres seguros públicos de salud: el IMSS, el ISSSTE, e instancias como el Ejército, la Marina y Petróleos Mexicanos.

Antes, Germán Fajardo Dolci, comisionado nacional de Arbitraje Médico, recordó que la salud es una de las condiciones más importantes para el desarrollo pleno de los individuos y de las sociedades.

En presencia del director del IIJ, Héctor Fix-Fierro, sostuvo que ese no es un tema que sólo competa a los galenos, sino que como bien social, incumbe a juristas, filósofos, sociólogos o politólogos.

Créditos: UNAM-DGCS-268-2011/unam.mx