El acuerdo abarca proyectos de prevención del delito y atención a la comunidad dirigidos a la población universitaria.
11 de Octubre del 2012
La UNAM y la Procuraduría General de la República (PGR) firmaron un convenio de colaboración para desarrollar programas académicos, de servicio social y prácticas profesionales, así como de prevención del delito y atención a la comunidad dirigidos a la población universitaria.
El documento fue signado por el rector de esta casa de estudios, José Narro Robles, y Marisela Morales Ibáñez, procuradora general de la República, quienes externaron su disposición para el cumplimiento de las actividades contempladas en el documento.
Narro Robles dijo que “no es la primera vez que colaboramos entre instituciones y que reconfirmamos esa voluntad, porque aunque tenemos encomiendas diferentes, el objetivo es el mismo: servir al país”.
A su vez, Marisela Morales consideró que UNAM y PGR son dos entidades que al unir esfuerzos se fortalecen. “En nuestro caso, la Procuraduría se verá beneficiada con el ingreso de universitarios como prestadores de servicio social o a través de prácticas profesionales. Por otro lado, el personal de la PGR contará con capacitación por parte de docentes de esta casa de estudios, lo que nos dará buenos resultados en el corto plazo”, destacó.
Al hacer la presentación, Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, expuso que para una instrumentación y ejecución adecuadas, ambas partes acuerdan echar a andar programas, asesorías y capacitación que faciliten la ampliación y profundización de conocimientos en las materias respectivas.
Con el convenio, la Universidad Nacional y la PGR podrán promover la participación de centros de investigación científica o tecnológica u organismos nacionales e internacionales, así como de investigadores y docentes dedicados a la formación, actualización, especialización y desarrollo humano, en temas vinculados con el objetivo del convenio.
A la firma asistieron María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM; Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho; Miguel Ángel Borja Tovar, presidente del Consejo Rotario de Seguridad Pública; Ruth Leticia Villanueva Castilleja, subprocuradora de Derechos Humanos, y José Cuitláhuac Salinas Martínez, subprocurador en Investigación de Delincuencia Organizada, entre otros.
En el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, el rector José Narro encabezó la presentación del documento resultado de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, cuyo contenido fue leído por Jorge Carpizo, ex rector y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
• Es imposible actuar con disimulo, cubrirnos con un manto de sordera y ceguera, pasar de reservados a silenciosos, y de esa condición a afónicos o, incluso, mudos, subrayó el rector de la UNAM
• El ex rector Jorge Carpizo dijo que si queremos seguridad y justicia en democracia, se debe enfrentar la pobreza en la que vive la mitad de los mexicanos
• Se presentaron los “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”
Al asegurar que no podemos ni debemos permanecer ajenos a la situación de inseguridad e injusticia que amenaza a nuestra población, el rector de la UNAM, José Narro Robles, pidió el apoyo de todos los actores, para que unidos y bien articulados “derrotemos juntos al crimen, al delito y a la injusticia”.
Frente a esos problemas, consideró imposible actuar con disimulo, hacer como que estos temas son distantes y extraños a nuestro quehacer, cubrirnos con un manto de sordera y de ceguera, pasar de reservados a silenciosos, y de esa condición a afónicos o, incluso, mudos.
Ese no es el papel que le corresponde a los universitarios del país, ni algo conveniente para la sociedad, ni la forma como nos vamos a comportar. La historia lo registraría como desleal y equivocado, dijo en la presentación de los “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”.
Por ello, Narro Robles subrayó que pierden su tiempo quienes esperan que así actúen el rector y los universitarios. “Ellos están en su derecho de plantear sus dichos, nosotros de responder, desde la academia, con propuestas y acciones de beneficio colectivo”. Asimismo, señaló que “los límites de nuestra responsabilidad no los fijan ellos. Nuestra legislación nos lo autoriza y la conciencia nos obliga”.
Ante representantes de la sociedad civil; funcionarios federales, estatales y municipales, y procuradores de justicia, el rector destacó que al construir la propuesta que hoy se entrega, sólo se ha pensado en México y sus dificultades.
“No hay interés por generar enfrentamiento alguno, sólo de reconocer nuestra realidad y de proponer acciones para resolver los problemas que nos afectan. No hay intención de sacar ventaja a favor de nadie y tampoco de promover protagonismos personales o institucionales”, acotó.
En el auditorio Gustavo Baz Prada de la Antigua Escuela de Medicina, indicó que el país necesita consolidar sus instituciones, decidir colectivamente y actuar en consecuencia para resolver los problemas del pasado, del presente, y anticipar los del futuro.
Debemos pensar en grande y ver el porvenir; hacer los cambios de rumbo o de ritmo que se deben realizar pero, además, hacerlos ya; vigorizar nuestro régimen democrático, el representativo y el participativo, así como otorgar prioridad a la educación, a la ciencia y a la cultura, y a los programas dirigidos a los jóvenes, puntualizó.
Propuestas
Jorge Carpizo, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, presentó un resumen de la propuesta de 36 puntos, realizada por 88 especialistas reunidos en junio pasado en este recinto de la UNAM.
Entre ellas, destacan celebrar un pacto político y social amplio que reoriente a las instituciones de seguridad y justicia para enfrentar la crisis de violencia; generar consensos políticos y sociales para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados.
La preservación de la integración de las personas y la defensa de sus derechos humanos, y concentrar lo anterior en un diagnóstico transparente y participativo que defina el problema que se enfrenta, la ruta a seguir y mecanismos de evaluación periódica.
También, se propuso diseñar un programa de política social que desarrolle modelos para ayudar a los consumidores de sustancias adictivas a aceptar su problema y solicitar tratamiento; establecer programas que reconozcan la heterogeneidad de los jóvenes y contemplen foros para su expresión y su vinculación con la comunidad, así como generar programas para propiciar la permanencia o reinserción de los jóvenes en el sistema educativo, con insumos para su desarrollo laboral.
Asimismo, se sugirió rediseñar políticas de empleo que destaquen la importancia del nexo escuela-trabajo, y fomenten la estabilidad en el empleo y la capacitación de los trabajadores; ofrecer estímulos fiscales a empresas que contraten jóvenes y procuren la capacitación de sus trabajadores; generar un subsistema nacional de distribución y comercialización juvenil que propicie una cultura emprendedora entre ese segmento, y establecer una defensoría que los oriente, asesore y proteja en los entornos familiar, escolar, civil, penal, laboral y administrativo.
En otro ámbito, se propuso ejecutar un documento nacional que haga operativa la rendición de cuentas, mediante la integración de ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad Pública y a la Auditoría Civil de las Policías; establecer un registro nacional de víctimas y llevar a su máxima intensidad la persecución del delito de lavado de dinero.
En temas relacionados con la Universidad Nacional, el grupo de expertos se comprometió a crear un mecanismo formal en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para diseñar un sistema de vinculación para la investigación y el desarrollo de seguridad y justicia.
La UNAM pondrá en marcha un programa piloto especializado en estos dos últimos temas, creará el Programa Universitario de Derechos Humanos, e impulsará la discusión sobre la política de drogas en México a través de un foro amplio.
Además, en el Museo de las Constituciones, que se inaugurará próximamente, se desarrollará un programa sobre las constituciones mexicanas.
Carpizo planteó que si se quiere seguridad y justicia en democracia, se debe enfrentar la pobreza en la que vive la mitad de los mexicanos. Despojarnos de egoísmos, eliminar privilegios y falsos prestigios políticos, religiosos y sociales, propuso.
En su oportunidad, el abogado General de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, reconoció que México transita por una espiral de violencia e inseguridad pública, lo que lleva a la reflexión de que, además de la delincuencia ordinaria y la organizada, existe otra, que nace de las carencias económicas y de la desesperación e incertidumbre de un futuro de vida digno.
Asistieron, entre otros, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán; la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero; el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Carlos Ramírez Marín; el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares; el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera; Javier Sicilia e Isabel Miranda de Wallace.
El rector José Narro en la conferencia Perspectiva de la educación superior en México, que ofreció en Ciudad Juárez, Chihuahua.
12 de abril de 2011
• Hay que “rascarle” a los recursos públicos para poder ampliar las condiciones de este segmento, dijo el rector de la UNAM
Si no se amplía la cobertura educativa para los jóvenes, sólo habrá una expectativa de adicciones, depresiones y delito, advirtió el rector de la UNAM, José Narro Robles.
En este sentido, expuso la impostergable necesidad de canalizar mayores recursos para mejorar esta condición. Hay que “rascarle” a los recursos públicos para poder ampliar las condiciones en este ámbito. Hoy, argumentó, el 70 por ciento de la investigación que se hace en el país proviene de universidades públicas.
Además, agregó, otro 25 por ciento se realiza en instancias públicas de investigación y en institutos nacionales de salud, y sólo el restante cinco por ciento se desarrolla en las de educación superior privadas.
En un encuentro con el sector educativo de la entidad, en el que ofreció la conferencia Los problemas de la educación superior en México, lamentó que en el país los recursos que se destinan a la ciencia no lleguen al 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que Brasil dedica 1.2 por ciento, e Israel y Suecia hasta 10 veces más.
Narro Robles agradeció al gobernador de la entidad, César Duarte Jáquez, y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la invitación para que la UNAM participe en lo que será la Ciudad del Conocimiento. Para ello, explicó, se explorarán diversas opciones encaminadas a trabajar en las áreas tecnológicas, las nanociencias y las ingenierías, así como en las agroindustrias y las aplicaciones de la biotecnología.
En su oportunidad, el mandatario Duarte Jáquez reconoció que si lo que México ha vivido hasta el momento no es suficiente para entender que debemos redoblar nuestra tarea en materia de inversión educativa, “nuestros esfuerzos no habrán servido de nada. Necesitamos reformas de fondo que generen mayor riqueza y que ésta se invierta en este sector”, refirió.
Por la mañana, en Hidalgo del Parral, acompañado de autoridades municipales y estatales, Narro Robles asistió a la representación de la gesta heroica de Elisa Griensen Zambrano, en el marco de su 95 aniversario, y a la colocación de la primera piedra del campus Parral de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Asistieron, entre otros, Graciela Ortiz, secretaria de Gobierno; Jorge Quintana Silveyra, secretario de Educación, Cultura y Deporte del estado; Héctor Murguía Lardizábal, presidente municipal de Juárez, y los rectores de las universidades autónomas de Ciudad Juárez, Javier Sánchez Carlos, y de Chihuahua, Jesús Enrique Seáñez Sáenz, así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial de la entidad.
En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad, la “Ley para la prevención del Delito de Trata de Personas y para la Protección y asistencia de sus Víctimas del Estado de Puebla”.
Tras un trabajo de más de 10 meses, la entidad poblana contará con una norma legal a la vanguardia al incluir en sus ordenamientos jurídicos la prevención, persecución y protección a las víctimas mediante la incorporación de 14 conductas sancionables tales como: conseguir, inducir, procurar, promover, facilitar, reclutar, solicitar, mantener, captar, ofrecer, trasladar, transportar entregar o recibir.
Por tal motivo, este lineamiento representa un gran avance en la sociedad que tiene como fin prevenir la Trata; atender, proteger y rehabilitar a las víctimas de este delito, además de fomentar la participación ciudadana.
A la par, los legisladores reformaron el Código de Defensa Social poblano para establecer sanciones a quien transgreda la ley, con penas que van desde los 6 años a los 15 años de prisión, así como multas que parten desde los dos mil hasta los 15 mil días de salario mínimo, dependiendo del caso y sus agravantes.
Cabe destacar que esta Ley cuenta con 40 artículos, divididos en 7 Capítulos.
En el primer capítulo se establecen las disposiciones generales; el capítulo segundo tiene como finalidad prevenir las conductas del delito de Trata de Personas; en el capítulo tercero se crea una Comisión Interinstitucional para la Prevención del delito de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas; el capítulo cuarto establece el Programa Estatal para la Prevención del Delito de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas; en el capítulo quinto la materia de protección y asistencia; el capítulo sexto detalla las reglas que seguirá la reparación del daño y por último, esta Ley contempla un séptimo capítulo destinado a la participación de la ciudadanía en las acciones contra la Trata de Personas, la identificación y asistencia a víctimas de este delito.
Créditos: Comunicado 974 del H. Congreso del Estado de Puebla.
Fotografía: Sabersinfin.com
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