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Permisos para investigación en biodiversidad podrían ser de 10 años.

 
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En los últimos 15 años (hasta el 2012), las autoridades ambientales otorgaron 48 permisos y 48 contratos de acceso a recursos genéticos.
En los últimos 15 años (hasta el 2012), las autoridades ambientales otorgaron 48 permisos y 48 contratos de acceso a recursos genéticos.

28 de Enero del 2013

De los 1.200 profesores de la UN que han intentado conseguir los permisos, solo 80 han logrado obtenerlos. Por esta razón, muchos de los proyectos son cancelados o pospuestos.

En la actualidad, tres años y medio es el tiempo para la obtención de un permiso otorgado por el Estado a un investigador, para que pueda trabajar sobre la biodiversidad en Colombia. Quien no cumpla con este requisito está sujeto a acciones fiscales o, en el caso de una institución, a investigaciones administrativas.

Lo mismo ocurre cuando se van a realizar análisis moleculares, únicamente con fines de identificación de especies. Para esto, además del permiso, se necesita un contrato de acceso a recursos genéticos que acarrea unos costos elevados que cubren los investigadores.

Gonzalo Andrade, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la UN, dio a conocer a la comunidad universitaria el trabajo que ha adelantado en los últimos años la Universidad Nacional de Colombia, en asocio con las universidades Javeriana, los Andes y la de Antioquia, con el fin de  proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) la modificación del Decreto 309 de 2000, que obliga a los investigadores en el país a solicitar permisos de investigación cuando trabajen con biodiversidad.

Un equipo conformado por un grupo de asesores del despacho del MADS y cuatro profesores representantes de estas universidades, en conjunto con sus rectores, ha logrado agilizar el proceso desde septiembre.

Un estudio interdisciplinario realizado en el 2008 por profesores de la UN, encontró 567 proyectos de investigadores de todo el país registrados en Colciencias en espera de permisos. También indagaron en las autoridades ambientales como las corporaciones autónomas, el MADS y la Unidad de Parques Nacionales, donde encontraron que solo 48 permisos y 48 contratos de acceso a recursos genéticos fueron otorgados hasta el 2012 en los últimos 15 años.

Después de múltiples acciones de los investigadores, el Gobierno colombiano escuchó a los rectores de las cuatro universidades en una reunión realizada con el ministro Juan Gabriel Uribe, en septiembre del año pasado, en la que se acordó realizar una propuesta que lleve a soluciones para esta problemática.

La iniciativa se encuentra publicada en la página web del Ministerio para el conocimiento y la opinión del público hasta el 30 de enero. Se tiene previsto que estos dos decretos (de recolecta y colecciones biológicas) sean firmados por el Ministro y el Presidente de la República a finales de febrero.

La propuesta permitiría que los investigadores ya no tengan que solicitar permisos de investigación sino permisos marco, con requerimientos muy básicos otorgados a 10 años, no para un proyecto de investigación sino para todo un programa con un objetivo y unos profesores vinculados a él.

Dado que la Universidad Nacional cuenta con acreditación, además de normatividad, un representante legal, personería jurídica, una articulación del proceso –que en este caso es la Vicerrectoría de Investigación– y un sistema de información de los proyectos (Hermes), podría obtener un contrato marco a 10 años. Lo que sí será obligación, según el decreto, es la consulta previa a comunidades donde se vaya a recolectar especies. De la misma manera podrán hacerlo todas las instituciones acreditadas.

Las instituciones que no puedan acceder valiéndose de esta figura, podrán obtener un permiso individual de investigación a cinco años por proyectos, no por programas, diferente de los permisos actuales.

El decreto de recolecta permitirá también que las salidas de campo de los docentes, con fines académicos y que no impliquen actividades de investigación, no necesiten un permiso individual o marco. La norma actual establece que cuando un docente sale con sus estudiantes a recolectar ejemplares debe contar con el permiso.

Créditos: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html28 de Enero del 2013

Hoja de ruta para la seguridad alimentaria y la nutrición.

 
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26 de Octubre del 2012
A través de un sólido documento construido entre organizaciones sociales, academia y expertos se busca garantizar este derecho, así como fortalecer el movimiento agroalimentario en el país.
Así lo anunció la profesora Sara del Castillo, líder del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UN, tras el cierre del I Congreso Internacional en el que se debatió y reflexionó sobre el tema, con el fin de formular propuestas.
La docente y coordinadora de la actividad describió el resultado como el punto de partida. Aquí comienza la tarea, un compromiso con el país y con las instituciones. Por eso, la idea es que los participantes, desde sus regiones, contribuyan y apoyen para que se logre exigibilidad, espacios de gobernanza y de comunicación. “Tratar de respaldar lo trabajado en este Congreso es la tarea que tenemos todos”, afirmó.
Juan Carlos Morales, representante de la FIAN Colombia (Fighting Hunger with Human Rights), una de las organizadoras del Congreso, expresó que Colombia se encuentra en una situación alimentaria vergonzosa y se enfrenta a una situación económica, política y social que la pone en un riesgo mayor. Si a esto se le suma el contexto global, la perspectiva de la garantía de esos derechos se pone en riesgo de manera preocupante.
Por eso, señala que es necesario que esta otra forma de pensar el problema sea de conocimiento no solo de las organizaciones sociales, sino de las personas que desde el Estado están legítimamente interesadas y comprometidas con el tema.
En el trabajo intenso de tres días se abordaron cuatro temas cruciales. En primer lugar, los circuitos agroalimentarios, vistos desde el ámbito económico, asociados como una propuesta de salida a la crisis alimentaria. También se revisó la vinculación que hay entre la defensa del derecho a la tierra y el territorio, así como su construcción y  apropiación.
Otro tema importante fue el de las semillas y especies animales nativas, teniendo en cuenta la enorme preocupación que hay en la población rural al respecto, así como la gestión autónoma que podríamos tener sobre los recursos genéticos. Y, finalmente, se habló de cultura y alimentación.
Sobre el documento
Juan Carlos Morales, quien hizo las veces de relator, expuso públicamente un resumen del documento final que será entregado la semana entrante a los asistentes, representantes de las organizaciones y comunidades (campesinos, etnias, indígenas) quienes se reconocen como “titulares de una serie de derechos como la seguridad alimentaria, la soberanía y la autonomía”, según el documento; pero que, de igual manera, “conocen que el Estado tiene una serie de obligaciones a través de sus instituciones y funcionarios”.
La síntesis de la relatoría indica también que el Estado debe reconocer que las comunidades tienen unas exigencias claras y legítimas en relación con la gobernanza, control y defensa de los territorios y que en la medida que esta sea respetada y protegida, las comunidades podrán hacer efectivo el derecho a la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.
Con respecto al territorio, el experto deja en claro que no solo se limita al suelo y sus recursos, sino que alude a los territorios marinos, fluviales y lacustres en los que viven multitud de comunidades, quienes obtienen de estos su sustento.
Asimismo, exige el derecho de intervenir en la elaboración, gestión, monitoreo y rendición de cuentas de cualquier iniciativa del Gobierno a escala nacional, regional o local, atinente al tema alimentario.
Se reconoce que la construcción de una política pública relacionada con el tema alimentario es un proceso activo y dinámico que implica la participación amplia de los titulares de esos derechos, el cual debe ser respetado por las autoridades.
Este apenas es un breve esbozo de una sólida propuesta de largo aliento que propende por el derecho a la alimentación, en el que se incluye, entre otras, que la comunidad sea consultada para los procesos de TLC, para una regulación efectiva de los medios masivos de comunicación, así como para el rechazo a las actividades económicas extractivas y el empoderamiento de las mujeres en su territorio.
También se busca el reconocimiento de la academia, la participación activa de la comunidad en los procesos de vigilancia de la situación alimentaria y nutricional del país y la participación en los diálogos de paz, ya que los temas rural y alimentario hacen parte de esta agenda.
El documento fue entregado a representantes del Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Bienestar Familiar y del Consejo para la Información sobre la Seguridad Alimentaria y Nutrición (Cisan).
Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html
Hoja de ruta para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y nutrición, alimentación y soberanía alimentaria.

Hoja de ruta para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y nutrición, alimentación y soberanía alimentaria.

26 de Octubre del 2012

A través de un sólido documento construido entre organizaciones sociales, academia y expertos se busca garantizar este derecho, así como fortalecer el movimiento agroalimentario en el país.

Así lo anunció la profesora Sara del Castillo, líder del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UN, tras el cierre del I Congreso Internacional en el que se debatió y reflexionó sobre el tema, con el fin de formular propuestas.

La docente y coordinadora de la actividad describió el resultado como el punto de partida. Aquí comienza la tarea, un compromiso con el país y con las instituciones. Por eso, la idea es que los participantes, desde sus regiones, contribuyan y apoyen para que se logre exigibilidad, espacios de gobernanza y de comunicación. “Tratar de respaldar lo trabajado en este Congreso es la tarea que tenemos todos”, afirmó.

Juan Carlos Morales, representante de la FIAN Colombia (Fighting Hunger with Human Rights), una de las organizadoras del Congreso, expresó que Colombia se encuentra en una situación alimentaria vergonzosa y se enfrenta a una situación económica, política y social que la pone en un riesgo mayor. Si a esto se le suma el contexto global, la perspectiva de la garantía de esos derechos se pone en riesgo de manera preocupante.

Por eso, señala que es necesario que esta otra forma de pensar el problema sea de conocimiento no solo de las organizaciones sociales, sino de las personas que desde el Estado están legítimamente interesadas y comprometidas con el tema.

En el trabajo intenso de tres días se abordaron cuatro temas cruciales. En primer lugar, los circuitos agroalimentarios, vistos desde el ámbito económico, asociados como una propuesta de salida a la crisis alimentaria. También se revisó la vinculación que hay entre la defensa del derecho a la tierra y el territorio, así como su construcción y  apropiación.

Otro tema importante fue el de las semillas y especies animales nativas, teniendo en cuenta la enorme preocupación que hay en la población rural al respecto, así como la gestión autónoma que podríamos tener sobre los recursos genéticos. Y, finalmente, se habló de cultura y alimentación.


Sobre el documento

Juan Carlos Morales, quien hizo las veces de relator, expuso públicamente un resumen del documento final que será entregado la semana entrante a los asistentes, representantes de las organizaciones y comunidades (campesinos, etnias, indígenas) quienes se reconocen como “titulares de una serie de derechos como la seguridad alimentaria, la soberanía y la autonomía”, según el documento; pero que, de igual manera, “conocen que el Estado tiene una serie de obligaciones a través de sus instituciones y funcionarios”.

La síntesis de la relatoría indica también que el Estado debe reconocer que las comunidades tienen unas exigencias claras y legítimas en relación con la gobernanza, control y defensa de los territorios y que en la medida que esta sea respetada y protegida, las comunidades podrán hacer efectivo el derecho a la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.

Con respecto al territorio, el experto deja en claro que no solo se limita al suelo y sus recursos, sino que alude a los territorios marinos, fluviales y lacustres en los que viven multitud de comunidades, quienes obtienen de estos su sustento.

Asimismo, exige el derecho de intervenir en la elaboración, gestión, monitoreo y rendición de cuentas de cualquier iniciativa del Gobierno a escala nacional, regional o local, atinente al tema alimentario.

Se reconoce que la construcción de una política pública relacionada con el tema alimentario es un proceso activo y dinámico que implica la participación amplia de los titulares de esos derechos, el cual debe ser respetado por las autoridades.

Este apenas es un breve esbozo de una sólida propuesta de largo aliento que propende por el derecho a la alimentación, en el que se incluye, entre otras, que la comunidad sea consultada para los procesos de TLC, para una regulación efectiva de los medios masivos de comunicación, así como para el rechazo a las actividades económicas extractivas y el empoderamiento de las mujeres en su territorio.

También se busca el reconocimiento de la academia, la participación activa de la comunidad en los procesos de vigilancia de la situación alimentaria y nutricional del país y la participación en los diálogos de paz, ya que los temas rural y alimentario hacen parte de esta agenda.

El documento fue entregado a representantes del Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Bienestar Familiar y del Consejo para la Información sobre la Seguridad Alimentaria y Nutrición (Cisan).

Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html