26 de Octubre del 2012
A través de un sólido documento construido entre organizaciones sociales, academia y expertos se busca garantizar este derecho, así como fortalecer el movimiento agroalimentario en el país.
Así lo anunció la profesora Sara del Castillo, líder del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UN, tras el cierre del I Congreso Internacional en el que se debatió y reflexionó sobre el tema, con el fin de formular propuestas.
La docente y coordinadora de la actividad describió el resultado como el punto de partida. Aquí comienza la tarea, un compromiso con el país y con las instituciones. Por eso, la idea es que los participantes, desde sus regiones, contribuyan y apoyen para que se logre exigibilidad, espacios de gobernanza y de comunicación. “Tratar de respaldar lo trabajado en este Congreso es la tarea que tenemos todos”, afirmó.
Juan Carlos Morales, representante de la FIAN Colombia (Fighting Hunger with Human Rights), una de las organizadoras del Congreso, expresó que Colombia se encuentra en una situación alimentaria vergonzosa y se enfrenta a una situación económica, política y social que la pone en un riesgo mayor. Si a esto se le suma el contexto global, la perspectiva de la garantía de esos derechos se pone en riesgo de manera preocupante.
Por eso, señala que es necesario que esta otra forma de pensar el problema sea de conocimiento no solo de las organizaciones sociales, sino de las personas que desde el Estado están legítimamente interesadas y comprometidas con el tema.
En el trabajo intenso de tres días se abordaron cuatro temas cruciales. En primer lugar, los circuitos agroalimentarios, vistos desde el ámbito económico, asociados como una propuesta de salida a la crisis alimentaria. También se revisó la vinculación que hay entre la defensa del derecho a la tierra y el territorio, así como su construcción y apropiación.
Otro tema importante fue el de las semillas y especies animales nativas, teniendo en cuenta la enorme preocupación que hay en la población rural al respecto, así como la gestión autónoma que podríamos tener sobre los recursos genéticos. Y, finalmente, se habló de cultura y alimentación.
Sobre el documento
Juan Carlos Morales, quien hizo las veces de relator, expuso públicamente un resumen del documento final que será entregado la semana entrante a los asistentes, representantes de las organizaciones y comunidades (campesinos, etnias, indígenas) quienes se reconocen como “titulares de una serie de derechos como la seguridad alimentaria, la soberanía y la autonomía”, según el documento; pero que, de igual manera, “conocen que el Estado tiene una serie de obligaciones a través de sus instituciones y funcionarios”.
La síntesis de la relatoría indica también que el Estado debe reconocer que las comunidades tienen unas exigencias claras y legítimas en relación con la gobernanza, control y defensa de los territorios y que en la medida que esta sea respetada y protegida, las comunidades podrán hacer efectivo el derecho a la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.
Con respecto al territorio, el experto deja en claro que no solo se limita al suelo y sus recursos, sino que alude a los territorios marinos, fluviales y lacustres en los que viven multitud de comunidades, quienes obtienen de estos su sustento.
Asimismo, exige el derecho de intervenir en la elaboración, gestión, monitoreo y rendición de cuentas de cualquier iniciativa del Gobierno a escala nacional, regional o local, atinente al tema alimentario.
Se reconoce que la construcción de una política pública relacionada con el tema alimentario es un proceso activo y dinámico que implica la participación amplia de los titulares de esos derechos, el cual debe ser respetado por las autoridades.
Este apenas es un breve esbozo de una sólida propuesta de largo aliento que propende por el derecho a la alimentación, en el que se incluye, entre otras, que la comunidad sea consultada para los procesos de TLC, para una regulación efectiva de los medios masivos de comunicación, así como para el rechazo a las actividades económicas extractivas y el empoderamiento de las mujeres en su territorio.
También se busca el reconocimiento de la academia, la participación activa de la comunidad en los procesos de vigilancia de la situación alimentaria y nutricional del país y la participación en los diálogos de paz, ya que los temas rural y alimentario hacen parte de esta agenda.
El documento fue entregado a representantes del Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Bienestar Familiar y del Consejo para la Información sobre la Seguridad Alimentaria y Nutrición (Cisan).
Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html
Hoja de ruta para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y nutrición, alimentación y soberanía alimentaria.
26 de Octubre del 2012
A través de un sólido documento construido entre organizaciones sociales, academia y expertos se busca garantizar este derecho, así como fortalecer el movimiento agroalimentario en el país.
Así lo anunció la profesora Sara del Castillo, líder del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UN, tras el cierre del I Congreso Internacional en el que se debatió y reflexionó sobre el tema, con el fin de formular propuestas.
La docente y coordinadora de la actividad describió el resultado como el punto de partida. Aquí comienza la tarea, un compromiso con el país y con las instituciones. Por eso, la idea es que los participantes, desde sus regiones, contribuyan y apoyen para que se logre exigibilidad, espacios de gobernanza y de comunicación. “Tratar de respaldar lo trabajado en este Congreso es la tarea que tenemos todos”, afirmó.
Juan Carlos Morales, representante de la FIAN Colombia (Fighting Hunger with Human Rights), una de las organizadoras del Congreso, expresó que Colombia se encuentra en una situación alimentaria vergonzosa y se enfrenta a una situación económica, política y social que la pone en un riesgo mayor. Si a esto se le suma el contexto global, la perspectiva de la garantía de esos derechos se pone en riesgo de manera preocupante.
Por eso, señala que es necesario que esta otra forma de pensar el problema sea de conocimiento no solo de las organizaciones sociales, sino de las personas que desde el Estado están legítimamente interesadas y comprometidas con el tema.
En el trabajo intenso de tres días se abordaron cuatro temas cruciales. En primer lugar, los circuitos agroalimentarios, vistos desde el ámbito económico, asociados como una propuesta de salida a la crisis alimentaria. También se revisó la vinculación que hay entre la defensa del derecho a la tierra y el territorio, así como su construcción y apropiación.
Otro tema importante fue el de las semillas y especies animales nativas, teniendo en cuenta la enorme preocupación que hay en la población rural al respecto, así como la gestión autónoma que podríamos tener sobre los recursos genéticos. Y, finalmente, se habló de cultura y alimentación.
Sobre el documento
Juan Carlos Morales, quien hizo las veces de relator, expuso públicamente un resumen del documento final que será entregado la semana entrante a los asistentes, representantes de las organizaciones y comunidades (campesinos, etnias, indígenas) quienes se reconocen como “titulares de una serie de derechos como la seguridad alimentaria, la soberanía y la autonomía”, según el documento; pero que, de igual manera, “conocen que el Estado tiene una serie de obligaciones a través de sus instituciones y funcionarios”.
La síntesis de la relatoría indica también que el Estado debe reconocer que las comunidades tienen unas exigencias claras y legítimas en relación con la gobernanza, control y defensa de los territorios y que en la medida que esta sea respetada y protegida, las comunidades podrán hacer efectivo el derecho a la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.
Con respecto al territorio, el experto deja en claro que no solo se limita al suelo y sus recursos, sino que alude a los territorios marinos, fluviales y lacustres en los que viven multitud de comunidades, quienes obtienen de estos su sustento.
Asimismo, exige el derecho de intervenir en la elaboración, gestión, monitoreo y rendición de cuentas de cualquier iniciativa del Gobierno a escala nacional, regional o local, atinente al tema alimentario.
Se reconoce que la construcción de una política pública relacionada con el tema alimentario es un proceso activo y dinámico que implica la participación amplia de los titulares de esos derechos, el cual debe ser respetado por las autoridades.
Este apenas es un breve esbozo de una sólida propuesta de largo aliento que propende por el derecho a la alimentación, en el que se incluye, entre otras, que la comunidad sea consultada para los procesos de TLC, para una regulación efectiva de los medios masivos de comunicación, así como para el rechazo a las actividades económicas extractivas y el empoderamiento de las mujeres en su territorio.
También se busca el reconocimiento de la academia, la participación activa de la comunidad en los procesos de vigilancia de la situación alimentaria y nutricional del país y la participación en los diálogos de paz, ya que los temas rural y alimentario hacen parte de esta agenda.
El documento fue entregado a representantes del Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Bienestar Familiar y del Consejo para la Información sobre la Seguridad Alimentaria y Nutrición (Cisan).
Créditos:http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html
