16 de septiembre de 2010

• EL sector constituye un ingreso importante para ese estado de la Unión Americana; tan sólo en 2009, la visita de connacionales generó ingresos diarios de más de siete millones de dólares, destacó Armando Soto Flores, de la FD de la UNAM

La Ley Arizona SB 1070, no sólo afecta a los inmigrantes que residen en ese estado de la Unión Americana, también va en contra de turistas de origen hispano, señaló el académico de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, Armando Guadalupe Soto Flores.

La visita de mexicanos a Arizona representa un ingreso que tan sólo en 2009 generó cerca de 23 mil 400 empleos en diversos establecimientos, que derivó en un promedio diario de ingresos de alrededor de siete millones 350 mil dólares.

“Erradicar la presencia hispana resulta absurdo y potencialmente devastador, pues la contribución latina no se limita a la mano de obra barata”, apuntó al participar en la Mesa Redonda La Ley Arizona, en el auditorio Eduardo García Máynez, de la FD.

En caso de entrar en vigor las cláusulas, prosiguió, el impacto en México sería impresionante. Si los migrantes son deportados, requerirán empleos para satisfacer sus necesidades básicas.

“De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, hoy en día cuesta 500 pesos a la semana reclutar a un sicario en cualquier calle a lo largo de la frontera; por lo tanto, se debe considerar que en un país con 60 millones de pobres, hay gente dispuesta a obtener dinero de esta manera”, argumentó.

Además, otras entidades estadounidenses han manifestado su voluntad de diseñar legislaciones similares a la Ley Arizona, y es previsible que puede endurecerse conforme se acerque la jornada electoral de noviembre próximo.

Soto Flores señaló que en los últimos días se ha difundido la noticia que Barack Obama promulgó una ley para reforzar la frontera sur de la Unión Americana, con el uso de mayor número de agentes y aeronaves no tripuladas para ubicar físicamente a quienes pretendan cruzar sin documentos. “Con esta acción dice a la gobernadora de Arizona, quien desea reelegirse, que este asunto no es de su competencia, sino del gobierno federal”.

En Estados Unidos, radican cerca de 30 millones de mexicanos y en Arizona viven más de 400 mil connacionales, refirió.

En su oportunidad, Carlos Arellano García, también de la FD, recordó que el 10 de mayo de 2002 México envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de carácter consultivo sobre la privación del goce, y ejercicio de ciertos derechos laborales de trabajadores migrantes y su compatibilidad con la obligación de los estados del país vecino de garantizar los principios de libertad jurídica, no discriminación, y protección igualitaria y efectiva.

Con ello, el gobierno mexicano mostró preocupación por criterios discriminatorios; posteriormente, la Corte emitió una opinión consultiva, extensa e integrada por 135 páginas, en cuya parte final, por unanimidad, se resolvió que los estados tienen obligación general de respetar, garantizar los derechos fundamentales que eviten la limitación de derechos fundamentales.

Sin embargo, los resultados dados a conocer por la Corte no tiene valor obligatorio, sólo son argumentos de una opinión consultiva.

Créditos: UNAM. DGCS-548/unam.mx