Category Archives: Derechos Humanos

MÉXICO REGISTRA UN ÍNDICE IMPORTANTE DE RECHAZO Y VIOLENCIA CONTRA MUJERES MAYORES

 
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violenciamujeresAmplios sectores de la población rinden culto a la juventud y rechazan y agreden a las personas mayores, en especial a las mujeres, expuso Sonia Frías, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM.

Al participar en el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, indicó que este proceso de deterioro físico está cruzado por el género al exacerbar la desigualdad socialmente construida. “Ellas, como otros grupos minoritarios, pierden estatus con los años debido a situaciones como la jubilación o quedarse sin empleo o pareja”.

Los menoscabos se perciben como una señal de vulnerabilidad y exponen al sector a violencia; aunque ésta es minimizada, no se considera como tal o es tolerada por quienes la ejercen o padecen, apuntó en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de esta casa de estudios.

El ámbito más estudiado es la agresión de pareja, pero es necesario señalar que las mexicanas adultas mayores son atacadas de múltiples formas en lo familiar o comunal, con variantes que van desde lo físico y psicológico, hasta la negligencia y el abuso económico o sexual.

A esta condición se le conoce como polivictimización y se registra porque en cierto momento concurren varias experiencias de violencia. “Este concepto permite estudiar todas las formas en que son agredidas”, añadió.

Al respecto, Irene Casique, también del CRIM, refirió que según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2011, el 42 por ciento de las solteras y casadas han experimentado alguna vez violencia de pareja; 41, emocional; 14, física; 23, económica y siete por ciento, sexual (debido a que muchas padecieron dos o más de estas variantes, la suma de los deciles sobrepasa el 100 por ciento).

El sector más proclive a las arbitrariedades de índole físico es el de los 15 a los 19 años de edad. Además, a medida en que incrementan los estudios hay un decremento de la prevalencia de la agresión.

La académica destacó que estos datos deben analizarse con reservas, porque en comparación con la ENDIREH de 2003 y la de 2006, en la de 2011 hubo cambios importantes en la metodología para elaborar las preguntas.

Por ejemplo, en el último muestreo las mujeres pertenecían en gran medida a rangos alto y medio; registraban mayores niveles educativos; tenían uno, dos o ningún hijo y había menos estudiantes o trabajadoras y más jubiladas.

“Vistos así, los datos no reflejan la situación a nivel nacional, pero revelan que el país aún presenta una alta prevalencia de la violencia hacia la mujer”, concluyó.

Créditos:UNAM-DGCS-152-2014

MENORES, EL BLANCO INDEFENSO DE LA VIOLENCIA CONYUGAL

 
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violenciafamiliarLa violencia conyugal tiene consecuencias devastadoras. Los menores expuestos a las discordias maritales presentan dificultades de aprendizaje, emocionales y de salud que repercuten en su desarrollo integral, advirtió en la UNAM Esther López Corral, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), campus Chihuahua.

Los afectados muestran problemas de nutrición, ansiedad, depresión, conductas antisociales y agresivas, logros académicos escasos y perciben conflicto ante situaciones que no representan riesgo, explicó la académica al participar en el Cuarto Seminario Bienal sobre Desarrollo e Interacción Social: Configuraciones y Contexto, realizado en la Facultad de Psicología (FP) de esta casa de estudios.

En el auditorio Luis Lara Tapia detalló que la exposición a la violencia conyugal incrementa los sentimientos de inseguridad respecto a sus familias y padres. Quienes crecen en hogares conflictivos no desarrollan habilidades para controlar y manifestar sus emociones, son más propensos a tener problemas interpersonales y en la vida adulta registran menos relaciones románticas exitosas.

La especialista refirió que en un estudio que incluyó a menores de entre 12 y 24 meses, las habilidades cognitivas de los que presenciaron conflictos maritales se desarrollaron menos que las de aquellos que vivían en hogares sin discordias.

Mecanismos mediadores

López Corral explicó que existen situaciones que median y moderan las consecuencias destructivas de la violencia conyugal. Por ejemplo, es posible que un pequeño expuesto a esas agresiones tenga un buen rendimiento escolar si, pese a los conflictos, se percibe seguro debido a los cuidados de otro adulto, como una tía o una abuela.

Sucede lo contrario si, tras una disputa, un niño debe hacerse cargo de sus hermanos menores porque la madre sale del hogar y el padre bebe en exceso; esto influye negativamente en su desarrollo académico y emocional, ejemplificó.

Sabemos que la violencia conyugal tiene consecuencias devastadoras en el desarrollo humano, pero su impacto no se ha dimensionado con precisión. Se requieren más investigaciones para determinar sus repercusiones en el crecimiento y establecer mecanismos para amortiguar los efectos negativos y proteger a los infantes, concluyó.

Créditos: UNAM-DGCS-121-2014

PROPONEN UNIVERSITARIOS MEDIDAS PARA RESTABLECER EL ESTADO DE DERECHO EN LOS RECLUSORIOS DEL PAÍS

 
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reclusoriosenmexicoLuego de realizar un diagnóstico sobre la situación del sistema penitenciario mexicano, el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM formuló una propuesta para restablecer el Estado de derecho en los reclusorios del país.

El estudio fue elaborado por Sergio García Ramírez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y Laura Martínez Breña, asistente de investigación de la misma entidad.

En conferencia de medios, García Ramírez calificó a las prisiones mexicanas como una “región de desastre”. Se trata de sitios de corrupción, de mercados “de la miseria humana”, donde todo está bajo tarifa: la vida, la integridad, el alimento, el sexo y la esperanza de un futuro mejor.

No obstante, consideró que sí es posible modificar el rostro, el quehacer, la función y el cometido de las cárceles, si se sabe cómo hacerlo y se quiere lograrlo, aunque en la actualidad eso no ocurre en la generalidad de esos sitios.

En tanto, Luis de la Barreda, coordinador del PUDH, coincidió en que es posible pensar, creer e intentar prisiones distintas a las que prevalecen en el territorio nacional y gran parte de América Latina, si se dan las condiciones adecuadas y, sobre todo, si en ellas hay personal debidamente capacitado, incluidos los directores.

El Programa, añadió, pretende incidir de modo favorable en los temas concernientes a los derechos humanos. Por ello, ésta y otras propuestas se han hecho llegar a las autoridades competentes, federales y de las entidades federativas. La meta es que en algún momento las sugerencias se pongan en práctica.

Por su parte, Martínez Breña explicó que la investigación contempla un apartado importante respecto de la realidad del sistema penitenciario mexicano, pero también uno relativo a los derechos de las personas privadas de libertad. De la confrontación de ambos capítulos, “el lector podría obtener sus conclusiones respecto de la situación prevaleciente”.

El Estado, subrayó, tiene compromisos contraídos en la materia, que derivan de su posición de garante y “esperamos que este trabajo sirva para volver la atención a las personas presas y que sea de utilidad en las tareas que aquél realiza de manera cotidiana”.

Entre las medidas que propone el estudio del PUDH destacan: la puesta en práctica de una normatividad nacional acerca de la ejecución de penas que recoja experiencias y sugerencias constructivas acordes a los estándares del derecho internacional.

También, construir un sistema que siga una línea legislativa austera, verificar sus resultados para incorporar correcciones y revisar la legislación que propicia la sobrepoblación y los altos costos de los reclusorios, además, impulsar el desarrollo de sustitutivos y correctivos de la prisión.

Asimismo, desarrollar el tema de la judicialización de la ejecución penal y dotarlo del impulso y los recursos materiales que requiere; elaborar programas, diseñar espacios y aplicar recursos que favorezcan el trabajo, la educación, la salud, las relaciones con el exterior, el deporte y los derechos humanos, y atender las necesidades en materia de alojamiento, alimentación, ropa y medicamentos que permitan una verdadera reinserción social de los sentenciados.

De igual manera, acciones urgentes para terminar, de forma enérgica, completa y sistemática, con la corrupción; contar, en tanto se abate la sobrepoblación, con un mayor número de sitios de reclusión en los que se atiendan estándares internacionales y disponer de instituciones especializadas en la recepción de diversas categorías de reclusos.

Además, reconsiderar la dotación de los centros referidos. Para cumplir con objetivos de la pena privativa de libertad se requiere una infraestructura compleja e idónea para instaurar un auténtico servicio profesional, con exigencias de selección que posibiliten la formación de personal de alta calidad.

De acuerdo con la Constitución, los reclusorios deben servir para la reinserción social de los sentenciados. Actualmente está en marcha la reforma al artículo 73, que pondrá en manos del Congreso de la Unión la legislación de ejecución de penas, única para toda la República. Esto representa un gran paso en la dirección correcta.

Sin embargo, es necesario recoger tanto las experiencias y sugerencias constructivas, como los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

Hay tensión o colisión entre determinadas disposiciones constitucionales y legales y el derecho internacional de las garantías individuales. Estos problemas se reflejan en el régimen de la privación de libertad. Es el caso de algunos preceptos sobre medidas cautelares y “técnicas de investigación”: detención, prisión preventiva y arraigo, que han ensombrecido el texto constitucional y la práctica persecutoria.

La desmesura en materia de prisión preventiva es uno de los factores principales de la sobrepoblación penitenciaria. Es necesario revisar la legislación que propicia, de manera innecesaria, esa condición y los altos costos del sistema.

En cuanto a la ejecución de la pena, es preciso impulsar, para los delitos no graves, el desarrollo de sustitutivos y correctivos, así como contar con un aparato eficaz para orientarlos, apoyarlos y acompañarlos.

Créditos: UNAM-DGCS-089-2014

BECARIO DE LA UNAM PROPONE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL

 
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adultosmayoresLukasz Czarnecki, becario posdoctoral del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, analizó las condiciones de las personas mayores que viven en la Ciudad de México y a partir de sus resultados propuso políticas públicas en alimentación, salud y entretenimiento.

El investigador de origen polaco trabajó con el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM) del Gobierno del Distrito Federal (GDF), en particular con el programa Pensión Alimentaria. Para esta labor aplicó 186 encuestas-entrevistas a 149 mujeres y 37 varones.

Como conclusiones, indicó que las transferencias referidas deberían dirigirse a los pobres y más necesitados, mediante la aplicación de un estudio socioeconómico. Además, consideró que la pobreza y las desigualdades no se combaten con políticas generalizadas para todos los ancianos, sino mediante acciones concertadas.

Entre las declaraciones más destacadas de los derechohabientes del programa referido (que otorga mil nueve pesos al mes por inscrito) figuraron “me gané un lugar en la mesa”, “nos defendemos con la tarjeta”, “uno se siente importante” y “me siento más seguro”.

Sobre los objetivos de la iniciativa, más de la mitad mencionó “mejorar mi situación” y un cuarto “apoyar la situación económica familiar”.

En cuanto a lo que debe cubrir el programa, la mayoría respondió que medicamentos y, en segundo lugar, comestibles. Con las transferencias monetarias, gran parte de la población asistida mejoró sus relaciones familiares y amistosas.

Sobre qué hacen con el monto mensual recibido, 75 individuos lo utilizaron en su beneficio, 71 lo destinaron a la parentela y a sí mismos, 38 a la familia y dos no respondieron.

El 55 por ciento de derechohabientes consultados considera que con el programa se reducen las desigualdades en ese sector etario, aunque la mayoría declaró tener una influencia nula en las decisiones políticas o en las de sus familiares.

Una de las preguntas incluidas por Lukasz Czarnecki fue “¿qué mejoraría en el manejo del programa?”. Las respuestas fueron acabar con abuso de los hijos, beneficiar sólo a quienes lo necesitan, instrumentar programas de descuento en medicinas y alimentos y proporcionar una casa de reposo.

Entre los aspectos que más molestan en la vejez, refirió, están el abandono, la falta de cuidados, quedarse solos en casa, ser marginados y discriminados, no trabajar, carecer de prótesis y no escuchar ni ver.

Las demandas más destacadas se dieron en salud y educación social; los adultos mayores solicitaron cuidadores domiciliarios para mejorar su calidad de vida, acceso a la justicia y compartir sus experiencias.

Los individuos presentaron problemas como falta de dentaduras, aparatos auditivos y enfermedades oculares. En ese sentido, Lukasz Czarnecki señaló que la Facultad de Odontología de la UNAM está en posibilidades de atender a 100 adultos mayores.

Cerca de 480 mil personas figuran en el Padrón de Adultos Mayores en el Distrito Federal. Para formar parte del mismo se debe tener más de 68 años y tres años de residencia en la capital.

Créditos: UNAM-DGCS-078-2014