Tag Archives: facultad de derecho

Necesarios, cambios a la legislación en materia de reproducción asistida-UNAM

 
Facebooktwittergoogle_plusmail

21 de enero de 2016

En el tema de la reproducción asistida es fundamental establecer cambios a nuestra legislación, porque las nuevas técnicas de gestación por sustitución evolucionan y el Estado debe adaptarse a éstas, sobre todo si benefician a una capa importante de la población, señaló Lilián Brena Sesma, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Continue reading Necesarios, cambios a la legislación en materia de reproducción asistida-UNAM

Subida del dólar afecta drásticamente gasto público e inversión

 
Facebooktwittergoogle_plusmail

dolar

07 de septiembre de 2015

Bogotá D. C., sep. 07 de 2015 – Agencia de Noticias UN – Por caída histórica de peso frente al dólar, se espera un detrimento de gasto público hasta por 90 billones de pesos. Esto afectará las finanzas del Gobierno, la inversión, la inflación, el empleo y otros aspectos de la economía colombiana. Continue reading Subida del dólar afecta drásticamente gasto público e inversión

EL ACOSO ESCOLAR DEBE CONSIDERARSE FALTA GRAVE

 
Facebooktwittergoogle_plusmail

acosoescolar09 de julio de 2014

Por sus consecuencias e implicaciones, el acoso escolar o bullying es una falta grave. Desde hace más de 30 años, en países avanzados como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra o Francia rigen leyes que protegen a los menores del hostigamiento, en comparación con México, donde los esfuerzos son incipientes, indicó Pablo Sergio Rebollo Munguía, de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM.

Estas conductas no pueden considerarse un juego de niños, bromas o riñas “normales” entre compañeros, pues dan pauta a conceptos estipulados en la legislación penal, que dañan tanto a las víctimas como a la sociedad; entre ellas, el homicidio, la comisión de lesiones y la ayuda o inducción al suicidio, con las agravantes de alevosía y ventaja. Es un problema de salud y seguridad pública nacional, al presentarse en muchas escuelas del país, advirtió.

En ciertos casos, ejemplificó, las víctimas fallecen por los golpes que les propinan o se quitan la vida al no recibir atención inmediata. Prefieren sufrir o morir, antes que pedir ayuda. Por su omisión, las personas que de alguna u otra forma son parte de esta violencia también delinquen, apuntó el académico de la licenciatura y el posgrado en Derecho.

Tanto víctimas como agresores requieren atención profesional, así como los individuos que, en conjunto, integran el “polígono del bullying”: testigos, instigadores de las agresiones y cómplices.

Hostilidad y agresión

Rebollo Munguía, doctor en medicina y cirugía y maestro en derecho, definió al bullying: abarca toda conducta, por acción u omisión, siempre dolosa; por lo general colectiva, caracterizada por la imposición de poder real o no. Está dirigida a una persona que, por sus características, es diferente al grupo escolar al que pertenece, y es manifestada por violencia verbal, física, psicológica o moral.

El hostigamiento es progresivo. Comienza con una “simple broma”, después se dan empujones y golpes, hasta provocar lesiones. La intimidación y victimización entre pares puede causar la muerte u orillar a la víctima a suicidarse, enfatizó el experto, quien imparte las materias de Criminología, Derecho internacional y Menores infractores, entre otras.

Las autoridades no comprenden que estos actos violentos, intencionales y dañinos tienen grandes repercusiones, tanto en víctimas como agresores. El fenómeno debe estudiarse de manera multidisciplinaria, con la participación de profesores, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, sociólogos y filósofos, entre otros profesionales.

Es urgente incorporar mecanismos legales para su detección y prevención, que constituyen las mejores herramientas para erradicar estas conductas. Si somos testigos y no somos capaces de reaccionar y evitarlas, nos convertimos en cómplices, concluyó.

Créditos: UNAM-DGCS-396-2014

SANGRE AZUL Y GUANTES DE ORO

 
Facebooktwittergoogle_plusmail

guantesdeoroCon sólo 19 años de edad, Jonathan Martínez Rodríguez, alumno del tercer semestre de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, se coronó campeón de la novena edición del certamen Guantes de Oro, en la categoría Elite Wélter ligero, tras vencer por decisión unánime a Moisés Cortés, del Distrito Federal, en un encuentro celebrado en la Arena México.

Luego de cuatro peleas ganadas, una en la báscula, dos por nocaut y otro más por decisión unánime, el joven universitario se coló a la gran final en su categoría, donde gracias a que predominó en dos de tres asaltos, finalmente consiguió los prestigiados Guantes de Oro, que lo colocan en la cima del semillero mexicano.

Es la tercera ocasión en que Martínez participa en esta justa deportiva. Sin embargo, fue hasta esta edición donde obtuvo importantes logros. “Es un triunfo fundamental para mí, porque este torneo ha sido el semillero por excelencia en México y del cual han surgido pugilistas de renombre como Ricardo ‘Finito’ López, Juan Manuel Márquez y Rubén ‘Púas’ Olivares”, comentó el joven boxeador.

Para Jonathan, el deporte ha representado algo más que una disciplina, el boxeo ha sido un estilo de vida. “Antes de practicarlo, era una persona agresiva, intolerante e impaciente y ahora me ha dado mucha disciplina, pero sobre todo paz interna”, afirmó.

Sin embargo, al igual que en el boxeo, el joven campeón encontró pasión en su carrera, pues a consecuencias de un problema familiar legal se dio cuenta que el derecho es una herramienta esencial en la vida y con ella se puede ayudar a muchas personas. “Mi vocación se deriva en servir y apoyar a los demás”, expresó.

Estudiar una licenciatura en la UNAM lo hace sentirse orgulloso, porque cuando egrese podrá dar lo mejor de sí, tanto en el ámbito deportivo como en el académico. “Es importante cambiar la mala fama del boxeador sin estudios, pues por esa razón en México menosprecian esta actividad física”, dijo.

El futuro licenciado en Derecho se prepara para su siguiente torneo y espera en alguna oportunidad representar a esta casa de estudios en juegos universitarios o estatales. Por lo pronto, exhortó a la comunidad a practicar algún deporte, para un mejor desarrollo personal.

Crédito: UNAM-DGCS-094-2014

PROPONEN UNIVERSITARIOS MEDIDAS PARA RESTABLECER EL ESTADO DE DERECHO EN LOS RECLUSORIOS DEL PAÍS

 
Facebooktwittergoogle_plusmail

reclusoriosenmexicoLuego de realizar un diagnóstico sobre la situación del sistema penitenciario mexicano, el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM formuló una propuesta para restablecer el Estado de derecho en los reclusorios del país.

El estudio fue elaborado por Sergio García Ramírez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y Laura Martínez Breña, asistente de investigación de la misma entidad.

En conferencia de medios, García Ramírez calificó a las prisiones mexicanas como una “región de desastre”. Se trata de sitios de corrupción, de mercados “de la miseria humana”, donde todo está bajo tarifa: la vida, la integridad, el alimento, el sexo y la esperanza de un futuro mejor.

No obstante, consideró que sí es posible modificar el rostro, el quehacer, la función y el cometido de las cárceles, si se sabe cómo hacerlo y se quiere lograrlo, aunque en la actualidad eso no ocurre en la generalidad de esos sitios.

En tanto, Luis de la Barreda, coordinador del PUDH, coincidió en que es posible pensar, creer e intentar prisiones distintas a las que prevalecen en el territorio nacional y gran parte de América Latina, si se dan las condiciones adecuadas y, sobre todo, si en ellas hay personal debidamente capacitado, incluidos los directores.

El Programa, añadió, pretende incidir de modo favorable en los temas concernientes a los derechos humanos. Por ello, ésta y otras propuestas se han hecho llegar a las autoridades competentes, federales y de las entidades federativas. La meta es que en algún momento las sugerencias se pongan en práctica.

Por su parte, Martínez Breña explicó que la investigación contempla un apartado importante respecto de la realidad del sistema penitenciario mexicano, pero también uno relativo a los derechos de las personas privadas de libertad. De la confrontación de ambos capítulos, “el lector podría obtener sus conclusiones respecto de la situación prevaleciente”.

El Estado, subrayó, tiene compromisos contraídos en la materia, que derivan de su posición de garante y “esperamos que este trabajo sirva para volver la atención a las personas presas y que sea de utilidad en las tareas que aquél realiza de manera cotidiana”.

Entre las medidas que propone el estudio del PUDH destacan: la puesta en práctica de una normatividad nacional acerca de la ejecución de penas que recoja experiencias y sugerencias constructivas acordes a los estándares del derecho internacional.

También, construir un sistema que siga una línea legislativa austera, verificar sus resultados para incorporar correcciones y revisar la legislación que propicia la sobrepoblación y los altos costos de los reclusorios, además, impulsar el desarrollo de sustitutivos y correctivos de la prisión.

Asimismo, desarrollar el tema de la judicialización de la ejecución penal y dotarlo del impulso y los recursos materiales que requiere; elaborar programas, diseñar espacios y aplicar recursos que favorezcan el trabajo, la educación, la salud, las relaciones con el exterior, el deporte y los derechos humanos, y atender las necesidades en materia de alojamiento, alimentación, ropa y medicamentos que permitan una verdadera reinserción social de los sentenciados.

De igual manera, acciones urgentes para terminar, de forma enérgica, completa y sistemática, con la corrupción; contar, en tanto se abate la sobrepoblación, con un mayor número de sitios de reclusión en los que se atiendan estándares internacionales y disponer de instituciones especializadas en la recepción de diversas categorías de reclusos.

Además, reconsiderar la dotación de los centros referidos. Para cumplir con objetivos de la pena privativa de libertad se requiere una infraestructura compleja e idónea para instaurar un auténtico servicio profesional, con exigencias de selección que posibiliten la formación de personal de alta calidad.

De acuerdo con la Constitución, los reclusorios deben servir para la reinserción social de los sentenciados. Actualmente está en marcha la reforma al artículo 73, que pondrá en manos del Congreso de la Unión la legislación de ejecución de penas, única para toda la República. Esto representa un gran paso en la dirección correcta.

Sin embargo, es necesario recoger tanto las experiencias y sugerencias constructivas, como los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

Hay tensión o colisión entre determinadas disposiciones constitucionales y legales y el derecho internacional de las garantías individuales. Estos problemas se reflejan en el régimen de la privación de libertad. Es el caso de algunos preceptos sobre medidas cautelares y “técnicas de investigación”: detención, prisión preventiva y arraigo, que han ensombrecido el texto constitucional y la práctica persecutoria.

La desmesura en materia de prisión preventiva es uno de los factores principales de la sobrepoblación penitenciaria. Es necesario revisar la legislación que propicia, de manera innecesaria, esa condición y los altos costos del sistema.

En cuanto a la ejecución de la pena, es preciso impulsar, para los delitos no graves, el desarrollo de sustitutivos y correctivos, así como contar con un aparato eficaz para orientarlos, apoyarlos y acompañarlos.

Créditos: UNAM-DGCS-089-2014