Baja eficacia del medicamento más caro del mundo abre debate ético-UNAL

 
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BOGOTÁ D. C., 21 de mayo de 2018 — Agencia de Noticias UN-

En Colombia, los padres de dos menores que padecen la enfermedad le han pedido al Ministerio de Salud que pague el medicamento, lo que reabre el debate, puesto que pagar con recursos públicos medicamentos hipercaros, con limitada eficiencia, pondría en riesgo la cobertura de otras enfermedades.

La atrofia muscular espinal, de la cual se tiene conocimiento desde comienzos del siglo XIX, es una enfermedad neurodegenerativa que puede conducir a una discapacidad total y hasta a la muerte. Se caracteriza por la pérdida de funciones motoras de las neuronas, lo que conlleva una debilidad extrema, pérdida de fuerza muscular e incluso incapacidad para respirar autónomamente.

Dicha enfermedad se asocia con mutaciones en el gen de supervivencia de las neuronas motoras. En las últimas décadas, los avances para entender los mecanismos moleculares permitieron desarrollar su diagnóstico específico y dar algunos pasos en su tratamiento, aunque sin modificar el desenlace final.

Spinraza es un desarrollo reciente aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, equivalente al Invima en Colombia. “Aunque fue aprobado por este ente, los estudios sobre su beneficio siguen siendo insuficientes”, explica Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento sobre Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

Según la docente, el estudio más reciente data de 2017 y fue publicado en el New England Journal of Medicine. Después de evaluar a 51 pacientes se advirtieron algunas mejoras en sus funciones motoras, pero la sobrevida libre de ventilación asistida y la global no superaron unas pocas semanas ni mostraron diferencias significativas con los pacientes que no usaron el medicamento.

“La sobrevida de unas semanas es muy significativa para la familia y para el paciente, pero también es muy doloroso que se asocie con el uso de una máquina de ventilación. Esto sugiere la necesidad de hacer nuevos estudios y esfuerzos para obtener tratamientos que modifiquen la historia natural de la enfermedad”, prosigue la docente. En su opinión, lo que se esperaría es un tipo de medicamento que le brinde al paciente la posibilidad de llevar una vida lo más normal posible.

Fines compasivos

Aunque el uso de Spinraza fue aprobado en Estados Unidos y Europa, se hizo con fines compasivos y a través de procedimientos acelerados, debido a que no existe ningún otro tratamiento farmacológico disponible. El manejo de estos pacientes incluye fisioterapia, soporte nutricional artificial a través de sondas y soporte ventilatorio.

En países como Estados Unidos el uso compasivo no exime que el propio paciente o el laboratorio farmacéutico asuman el costo del medicamento.

En el caso de las pacientes colombianas, la profesora Vaca considera que “se trata de un dilema ético muy complejo, porque se generó una esperanza en los familiares y su deseo de tener acceso al tratamiento es legítimo”. Sin embargo, sugiere que se debe valorar y considerar la evidencia sin ser insensible a la angustia familiar.

Aunque la Ley Estatutaria que rige el sistema de salud colombiano establece que cualquier persona tiene derecho a acceder a medicamentos contemplados o no en el Plan Obligatorio de Salud, la Corte Constitucional ha sido clara en advertir que no deberían pagarse con recursos públicos medicamentos cuya efectividad no haya sido probada ni se hayan aprobado en Colombia, o se encuentren en fase de experimentación.

No obstante, en la medida en que existen jueces y profesionales de la salud que desconocen estos límites y la importancia de contar con evidencia suficiente para tomar este tipo de decisiones, se genera mucha incertidumbre y desinformación.

“La respuesta hacia los pacientes y sus familias debería ser objetiva, suficientemente informada, valorada por personal independiente sin mediación del laboratorio farmacéutico que comercializa el medicamento”, puntualiza la docente.

En Colombia, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud podría hacer una evaluación temprana y ser la fuente de información de los médicos, jueces y pacientes. Esta tarea también les correspondería a los diversos centros de información autónomos, imparciales, adscritos a instituciones académicas sin financiación de las farmacéuticas.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co

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