



05 de octubre del 2013
“Así viva ilegal el resto de mis días, no me devolvería”. Esta frase de Denis, una desplazada colombiana asentada en Venezuela, resume la situación de quienes cruzan la frontera empujados por la guerra. Prefieren estar atrapados en un barrio de invasión con tal de escapar a la violencia.
Todo comenzó en el año 1985, cuando asesinaron al papá de Denis en una vereda de su natal Ciénaga (Magdalena). Ese fue el comienzo de un doloroso éxodo por el nororiente del país que la llevó hasta Puerto Santander, Norte de Santander.
Allí permaneció hasta el año 2001, cuando la misma violencia le arrebató a su esposo. Fue entonces que decidió cruzar la frontera para nunca más volver. Ella y sus tres hijos se establecieron en un rancho en las afueras de Umuquena, una población del estado Táchira, Venezuela.
Hugo Ramírez, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, explica que, durante la última década, cada vez más desplazados colombianos ven a los estados fronterizos venezolanos como una zona estratégica de refugio.
Denis así lo confirma: “Me siento feliz. Ya no duermo con ese miedo a que en cualquier momento me van a matar. Desde que llegue aquí, mis noches y mis días son tranquilos”.
Pero su vida está lejos de ser fácil. Todo lo contrario, tiene que sobrellevar su drama familiar en medio de la pobreza de un barrio de invasión y con las dificultades que trae estar indocumentado en otro país.
Y así como Denis son más de 200.000 los colombianos que han buscado refugio al otro lado del río Táchira o en los estados Zulia y Apure, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La mayoría vive en las mismas condiciones.
Entre miseria y violencia
Los estudios de Ramírez, quien desde el año 2010 trabaja en este rincón de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, revelan que en su mayoría estos colombianos son campesinos, de estratos bajos y provenientes de Norte de Santander, aunque se registran personas de prácticamente todos los departamentos del país.
“Han perdido miembros de su familia y necesitan atención en razón de la violación de sus derechos humanos y poder superar el trauma del conflicto”, complementa el investigador.
Ya en el lado venezolano, de forma ilegal se han apropiado de terrenos para construir sus ranchos. Esto ha devenido en barrios de invasión en la periferia de algunas poblaciones fronterizas, de precaria infraestructura y sin servicios públicos.
A las condiciones de miseria en las que viven se añade que, pese al desplazamiento, no terminan de escapar del conflicto. En estas invasiones tienen que convivir con los grupos guerrilleros, las bandas criminales herederas de los paramilitares desmovilizados y las organizaciones de contrabandistas.
Es un secreto a voces que los actores ilegales han tratado de hacerse con el control de la frontera por sus ventajas estratégicas, para desarrollar actividades ilícitas como el contrabando y el tráfico de armas y drogas.
Según Ramírez, “la mayoría de estos barrios están ubicados apenas cruzando el río Táchira, que sirve de límite entre los dos países. Ellos no avanzan más porque los controles militares se hacen cada vez más estrictos y es un riesgo no tener la respectiva documentación. Deciden quedarse así tengan que pagar las vacunas a los grupos armados”.
Tratan de subsistir con trabajos informales. Ramírez documentó como muchos se dedican a actividades ilegales, como el contrabando de gasolina, o son explotados en maquilas de jeans y tabaco ubicadas en los mismos barrios.
“Toda su vida transcurre ahí, nunca se mueven de los barrios. No quieren volver a Colombia porque consideran que es exponer sus vidas y no pueden ir al interior de Venezuela porque no tienen documentos”. Están atrapados en la frontera, entre la miseria y la violencia.
¿Por qué siguen ahí? Su decisión estaría determinada por dos factores: su situación de seguridad mejora cuando cruzan la frontera, aun a riesgo de convivir con grupos ilegales; y se ven favorecidos con las misiones creadas por Hugo Chávez.
“A pesar de todo, las personas se quedan porque se benefician de muchos de los programas sociales del Gobierno venezolano, independiente de que no tengan documentos. Sus vidas serían impensables sin estos beneficios”, confirma el académico. No extraña que mucho sean férreos chavistas.
Créditos :
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co